viernes. 29.03.2024

Para el PSOE, la medida supone "ceder ante el chantaje gremial o corporativo y no defender los intereses de los ciudadanos”

 Alberto Ruiz Gallardón apeló este miércoles a la separación de poderes del Estado para justificar la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, que ya fue anunciada de soslayo un día antes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El nuevo ministro de Justicia se escudó en la necesidad de “despolitizar” la judicatura y entrar en la senda de la “regeneración democrática”, causante, a su juicio, del “desprestigio” que altas instituciones del Estado ha generado entre la ciudadanía. Para ello, propone reformar Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que 12 de los 20 vocales del Poder Judicial pasen a ser elegidos por los jueces, en lugar del parlamento donde reside la soberanía nacional.

El anuncio ha sido bien recibido en el mundo de la judicatura, mayoritariamente conservadora, tal y como refleja en declaraciones a los medios el magistrado de la Audiencia Nacional y exportavoz del CGPJ, Enrique López, para quien esta propuesta supondrá "mayor legitimidad" y "generará una sensación de independencia", una idea que quiere trasladar a otras instituciones como son la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional -cuatro de cuyos miembros deberían haber sido renovados hace dos años-, apostando por una "superación del pasado" para que los nombramientos no respondan tampoco a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios.

Tal y como dijo durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el actual modelo es un “sistema perverso” que facilita que cada decisión "esté permanentemente asociada al origen partidario" de los miembros de este órgano, por lo que la reforma es absolutamente necesaria. Elude Gallardón- en este sentido- reconocer que la judicatura española es más conservadora que progresista y que ello determinará también el perfil de la mayoría de los miembros del Poder Judicial.

Supone una “contrarreforma y la ruptura de todos los consensos"

En esa línea se pronunció el PSOE que mostró su rechazo a la propuesta y advirtió de que el Grupo Parlamentario Socialista no apoyará reformas “a golpe e acontecimiento y populistas”. El portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, calificó la medida “un ataque frontal” a la soberanía popular so pretexto de defender la independencia judicial. “Mal empiezan si buscan consensos rompiendo el consenso”, aseguró. El diputado socialista acusó al PP de “preferir que haya una elección gremial o corporativa” de cuatro mil y pocas personas en lugar del de millones de ciudadanos. “Si van a cambiar las normas elementales del juego unilateralmente, habrán roto el consenso nada más llegar”, añadio.

Villarrubia insistió en que la propuesta supone una “contrarreforma” y es “hurtar al Parlamento uno de los poderes del Estado”. En este punto, el responsable socialista criticó que el cambio legal que plantea el Ejecutivo del PP supone ceder ante el “chantaje gremial o corporativo y no defender los intereses de los ciudadanos”. El socialista también ha dedicado críticas al órgano de gobierno de los jueces por los "chantajes intolerables" y las "importantes interferencias" que algunos sectores han dirigido al anterior Parlamento. "No cometamos el honor de dejar en manos de unos cuantos lo que corresponde a todo el pueblo español", ha remachado.

El presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, también se pronunció sobre este asunto asegurando que lo que no se puede “es decir quiero el consenso en Justicia y a continuación presentar iniciativas que rompen este consenso”. “Es como decir: 'amo al Parlamento' y luego meto la proposición al final” para que no me puedan replicar (en alusión a la estrategia utilizada por la ‘número dos’ del Ejecutivo de anunciar la reforma del sistema de elección del CGPJ, en el último minuto de su última intervención).

Limitar competencia del TS y el TC y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad

Gallardón también manifestó la necesidad de limitar las actuales competencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para eliminar aquellas que son "estériles", y que minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones; así como la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad.

Gallardón se estrena rompiendo el consenso