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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 12.11.2009

"En el mandato de la Operación Atalanta se recoge la obligación de detener a las personas que participen en secuestros de buques, y se establece que las personas detenidas por actos de piratería en alta mar o en costa sean entregadas para su enjuiciamiento con carácter prioritario a las autoridades del país de bandera del buque, esto es España".

Es la explicación dada por María Teresa Fernández de la Vega, sobre la polémica surgida en torno a la idoneidad de traer o no a España a los dos piratas detenidos por el secuestro del atunero. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno aseguró que siempre se ha actuado en cumplimiento de la ley: "en cumplimiento de su obligación legal la Armada detuvo a los presuntos delincuentes y por eso el Gobierno, efectuada la detención, obligada según las leyes españolas y las de la Atalanta, comunicó estas circunstancias a las autoridades judiciales competentes a través del abogado del Estado", dijo.

Asimismo, señaló que entonces los jueces admitieron la competencia, abrieron procedimiento y están actuando "sin que nadie haya puesto en duda el cumplimiento de la ley". Reconoció que el secuestro del Alakrana es un "tema complejo", el cual motivó que Gobierno, Fuerzas Armadas, cuerpo diplomático, servicios de inteligencia y jueces estén trabajando "todos por el mismo objetivo, conseguir la liberación sin riesgos" del atunero y el "regreso a casa de la tripulación, siempre en el marco de la ley".

Una ley, que según puntualizó, se vulnera cuando "se secuestra un atunero español con 16 españoles embarcados" -y otros 20 de otras nacionalidades", una acción de la cual los únicos responsables "son los delincuentes que lo ejecutan, los piratas". Agregó que el objetivo es en todo momento velar por la seguridad de los marineros secuestrados y trabajar por su liberación.

También destacó que el Gobierno ha hecho y está haciendo todo lo que está en sus manos, de manera "ordenada y coordinada" para liberar al Alakrana, a través de gestiones políticas, diplomáticas, militares, de inteligencia, dentro de la Operación Atalanta, con cooperación internacional y con las autoridades somalíes.

"Estamos explorando todas las vías para que pronto podamos tener buenas noticias y estamos tomando nuevas medidas en el ámbito de la seguridad y de nuestras relaciones internacionales para dotar a la zona de más seguridad", remarcó.

TODAS LAS DECISIONES COORDINADAS Y "SIN FISURAS"

De la Vega pidió la colaboración de todos y aseguró que "no son buenas las especulaciones ni olvidar quienes son los responsables del secuestro, los piratas". Según destacó, no ha habido ninguna discrepancia en el seno del Comité de Coordinación que ella dirige y en el que "todas las decisiones se han tomado por unanimidad, sin fisuras y con coordinación", y aprovechó para subrayar que ella asume "toda la responsabilidad en estos momentos tan difíciles y duros".

"Las decisiones se fueron tomando conforme se fueron produciendo los hechos. No ha habido polémica, no ha habido debate ni discusión sobre competencia ni jurisdicción. Los hechos se produjeron como hemos dicho y llevaron consigo unas acciones, que ejecutó quien le tocaba. No ha habido sobre este tema en concreto ningún debate porque la ley, nacional e internacional, es muy clara", zanjó.

También resaltó De la Vega que no se planteó en ningún momento el traslado de los dos piratas detenidos a Kenia, ya que "está muy claro que la ley española y la internacional establece claramente que cuando se produce un ataque contra nacionales de un determinado país en un buque de pabellón de ese país, a ese país es al que le incumbe retener a los detenidos". Acerca de si se hubiera hecho si la ley lo hubiera permitido, sentenció que "no se debatió, no estuvo sobre la mesa y no se planteó".

El mandato de la operación Atalanta establece que si el Estado que detiene a los piratas "no puede o no desea" ejercer su jurisdicción sobre ellos puede llevarlos a un tercer país -Kenia-- pero fuentes gubernamentales insisten en que la norma prioritaria es que sean trasladados al mismo Estado, y que así lo deja claro también la legislación española. En todo caso, en el Ejecutivo se extrañan de que se haya abierto este debate sobre el traslado de los dos detenidos a España o a Kenia, teniendo en cuenta que nada hace pensar que su envío a Kenia hubiera simplificado las cosas.

Preguntada sobre si había algún informe de Defensa desaconsejando traer a los detenidos a España, indicó que la detención la llevó a cabo el Estado Mayor de la Defensa con acuerdo a la ley, y matizó que el hecho de "que tenga informes será su funcionamiento normal", pero al Comité sólo llegaron "los hechos que se habían producido".

Fuentes gubernamentales restaron importancia al hecho de que los informes que el JEMAD pudiera tener no llegaran a estar sobre la mesa del comité de crisis, subrayando que, independientemente de tales informes, el JEMAD actuó conforme a la ley deteniendo a los dos piratas. Y además, recalcaron que la célula es un órgano de decisión política, y que no todos los informes que se barajan llegan siempre al nivel más alto de decisión.

De la Vega también dijo que Defensa el jueves dijo que las dos decisiones -detener y trasladar a los piratas- se tomaron por unanimidad "Defensa dijo que se adoptó por unanimidad la decisión de asumir una detención que se ha producido en el marco de la ley, pues claro. Y dice que se adopta por unanimidad la decisión de ponerlo en conocimiento del juez, porque si no se estaría incumpliendo la ley. Esto no significa que diciendo eso quiera decir lo contrario, o negar otra cosa que no ha dicho. Lo que dice es lo que dice", explicó.

APOYO AL COMUNICADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Así, insistió en que el Gobierno "ha actuado conforme a la ley y si se vuelve a producir un hecho igual seguirá actuando conforme a la ley". La vicepresidenta añadió que apoya y comparte el comunicado de el jueves del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, por tratarse de "consideraciones pertinentes, que defienden la legalidad y la actuación del juez al amparo de la legalidad", al tiempo que subrayó que todos están "unidos sin fisuras en el marco de la más estricta legalidad".

Sobre si los piratas podrían no ser juzgados en España, indicó que la vía judicial es un debate que está en el ámbito de los jueces, y es ahí donde "se tiene que determinar el curso de este proceso". Aseguró que el Gobierno "respeta y apoya la decisión de los jueces", ya que "lo que hagan estará bien hecho".

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, por otro lado, apuntó que ahora las Fuerzas Armadas realizan operaciones que hace años no hacían, por lo que reconoció que "puede ser precisa alguna modificación legislativa para tener mayores previsiones legislativas". Pero afirmó que la ley es este viernes "inequívoca, tanto en España como en su entorno", al tiempo que destacó que "se está aplicando la ley con absoluta claridad".

Por último, Caamaño explicó que el canje de notas con Kenia forma parte de las normas que regulan la Atalanta, que se trata de un "instrumento normativo más" de las normas que regulan dicha Operación, y que está hecho porque es el país de la jurisdicción de Somalia.

El traslado a Kenia de los piratas "ni se planteó ni se debatió"