nuevatribuna.es
22 de febrero de 2009, 9:10
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. - 20.02.2009
Los 15 concejales del PP eligieron este viernes en un tenso pleno al nuevo alcalde de la localidad madrileña, Juan Siguero, en sustitución del recientemente dimitido Arturo González Panero por su implicación con la trama de corrupción urbanística destapada en la "Operación Gürtel" que investiga la Audiencia Nacional.
La sesión ha vivido momentos de máxima tensión no sólo por las quejas manifestadas por los concejales socialistas sino también por el público asistente que ha exigido explicaciones a los miembros de la corporación municipal.
En declaraciones a Nueva Tribuna, el concejal portavoz del PSOE, Pablo Nieto, ha calificado de “auténtico bochorno” la celebración de este pleno, en el que el nuevo alcalde ha evitado dar explicaciones y ha impedido dar la palabra a la oposición después de jurar su cargo. Siguero daba posteriormente una rueda de prensa sin opción a preguntas en la se ha comprometido a “limpiar” el nombre de Boadilla. “Ha salido literalmente corriendo”, ha dicho Nieto.
El concejal del PSOE, quien ha presentado su candidatura a la alcaldía, denuncia las “graves vinculaciones” del ayuntamiento con las adjudicaciones a empresas que forman parte del entramado de corrupción y exige que Panero (quien no ha acudido al pleno argumentando que no quería restar protagonismo al nuevo alcalde) dimita también como concejal del municipio. Los socialistas pedirán la próxima semana una comisión de investigación para que el PP explique y aporte toda la documentación relacionada con estas adjudicaciones.
TRES CASOS ESCANDALOSOS
Aunque puede haber más casos que esté investigando la Audiencia Nacional relacionado con Boadilla, tres son especialmente significativos. El primero se refiere a la venta de unas parcelas a la empresa UFC de José Luis Ulibarri para construir vivienda libre. Nieto denuncia que el ayuntamiento ha perdido 4 millones de euros al adjudicar la venta a esta empresa por 35 millones, en lugar de por 39 que ofrecía otra sociedad. Lo que aludió el ayuntamiento fue que UFC construiría las viviendas en un plazo menor, en 12 meses, frente a los 19 de la otra empresa, pero lo cierto es que llevan ya más de 30 meses sin que haya sido sancionada por incumplir sus compromisos de construir las viviendas en un año.
El segundo caso al que hace referencia el PSOE es el relacionado a la cesión de locales comerciales (32 en total más 180 plazas de aparcamiento) a la empresa de la vivienda, cuyo gerente es el diputado autonómico del PP, Alfonso Bosch. La adjudicación se hizo a la empresa Rústicas MBS, propiedad de Ramón Blanco, a la que se ha cedido el derecho de alquilar dichos locales por un periodo de 75 años. El ayuntamiento cobra 320.000 euros al año. Lo sorprendente del caso es que el propio ayuntamiento alquiló uno de sus locales a través de esta empresa por un valor de 104.000 euros.
El tercer caso al que hace referencia el concejal socialista es el que tiene que ver con el servicio de atención ciudadana, concedido a Easy Concept, propiedad de Pablo Crespo que se encuentra en prisión por orden del juez Baltasar Garzón. El ayuntamiento adjudicó dicho servicio por 500.000 euros al año aportando los locales y el material informático; pero la empresa sólo tiene dedicados a este trabajo a 4 administrativos, por los que “como mucho” �señala Nieto- debería gastarse 150.000 euros.
Los 15 concejales del PP eligieron este viernes en un tenso pleno al nuevo alcalde de la localidad madrileña, Juan Siguero, en sustitución del recientemente dimitido Arturo González Panero por su implicación con la trama de corrupción urbanística destapada en la "Operación Gürtel" que investiga la Audiencia Nacional.
La sesión ha vivido momentos de máxima tensión no sólo por las quejas manifestadas por los concejales socialistas sino también por el público asistente que ha exigido explicaciones a los miembros de la corporación municipal.
En declaraciones a Nueva Tribuna, el concejal portavoz del PSOE, Pablo Nieto, ha calificado de “auténtico bochorno” la celebración de este pleno, en el que el nuevo alcalde ha evitado dar explicaciones y ha impedido dar la palabra a la oposición después de jurar su cargo. Siguero daba posteriormente una rueda de prensa sin opción a preguntas en la se ha comprometido a “limpiar” el nombre de Boadilla. “Ha salido literalmente corriendo”, ha dicho Nieto.
El concejal del PSOE, quien ha presentado su candidatura a la alcaldía, denuncia las “graves vinculaciones” del ayuntamiento con las adjudicaciones a empresas que forman parte del entramado de corrupción y exige que Panero (quien no ha acudido al pleno argumentando que no quería restar protagonismo al nuevo alcalde) dimita también como concejal del municipio. Los socialistas pedirán la próxima semana una comisión de investigación para que el PP explique y aporte toda la documentación relacionada con estas adjudicaciones.
TRES CASOS ESCANDALOSOS
Aunque puede haber más casos que esté investigando la Audiencia Nacional relacionado con Boadilla, tres son especialmente significativos. El primero se refiere a la venta de unas parcelas a la empresa UFC de José Luis Ulibarri para construir vivienda libre. Nieto denuncia que el ayuntamiento ha perdido 4 millones de euros al adjudicar la venta a esta empresa por 35 millones, en lugar de por 39 que ofrecía otra sociedad. Lo que aludió el ayuntamiento fue que UFC construiría las viviendas en un plazo menor, en 12 meses, frente a los 19 de la otra empresa, pero lo cierto es que llevan ya más de 30 meses sin que haya sido sancionada por incumplir sus compromisos de construir las viviendas en un año.
El segundo caso al que hace referencia el PSOE es el relacionado a la cesión de locales comerciales (32 en total más 180 plazas de aparcamiento) a la empresa de la vivienda, cuyo gerente es el diputado autonómico del PP, Alfonso Bosch. La adjudicación se hizo a la empresa Rústicas MBS, propiedad de Ramón Blanco, a la que se ha cedido el derecho de alquilar dichos locales por un periodo de 75 años. El ayuntamiento cobra 320.000 euros al año. Lo sorprendente del caso es que el propio ayuntamiento alquiló uno de sus locales a través de esta empresa por un valor de 104.000 euros.
El tercer caso al que hace referencia el concejal socialista es el que tiene que ver con el servicio de atención ciudadana, concedido a Easy Concept, propiedad de Pablo Crespo que se encuentra en prisión por orden del juez Baltasar Garzón. El ayuntamiento adjudicó dicho servicio por 500.000 euros al año aportando los locales y el material informático; pero la empresa sólo tiene dedicados a este trabajo a 4 administrativos, por los que “como mucho” �señala Nieto- debería gastarse 150.000 euros.
