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16 de marzo de 2009, 16:00
NUEVATRIBUNA.ES - 16.03.2009
Por segunda vez en lo que va de legislatura la Comisión del Estatuto del Diputado se reúne este martes en el Congreso para debatir la apertura de diligencias informativas sobre los dos letrados de la Cámara vinculados al bufete con el que trabaja José María Michavila; y para decidir si el también ex ministro y ex secretario general del PP Ángel Acebes puede compatibilizar su escaño con su nueva responsabilidad como consejero de Cibeles, compañía del grupo Caja Madrid.
El secretario general del Congreso, Manuel Alba, anunció el pasado 3 de marzo a la Mesa de la Cámara, como letrado mayor de las Cortes, su decisión de abrir diligencias informativas para saber si los dos letrados (Andrés Jiménez y Andrés Dorrego) cumplen o no con las compatibilidades que fija el estatuto de personal de la institución.
El PSOE tampoco descarta la posibilidad de que la Comisión analice las noticias aparecidas en los últimos días que vinculan al bufete para el que trabaja Michavila con el dimitido alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, que ha dejado su cargo por su implicación en la "operación Gürtel" sobre la presunta trama de corrupción que salpica al PP.
Asimismo, la comisión parlamentaria que se reúne a puerta cerrada estudiará la situación de Acebes que el pasado mes de diciembre fue nombrado consejero de la corporación Cibeles, motivo por el que registró en el Congreso una ampliación de su declaración de actividades.
Desde el PSOE ya anuncian que pedirán detalles al ex ministro y ex secretario general del PP, mientras que fuentes del PP manifiestan su confianza en que Acebes no tenga que renunciar finalmente a su acta porque ya "hay antecedentes" de otros diputados a los que se les ha permitido compatibilizar ciertos cargos con su condición de parlamentario, subrayan.
La Ley Electoral y el Reglamento del Congreso establecen que los diputados ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, por lo que no podrán desempeñar ninguna actividad pública o privada ni percibir retribución alguna con cargo a los presupuestos públicos.
Ahora bien, junto a este criterio general, la normativa recoge una serie de excepciones que tienen que ver con el ámbito universitario, en el que se les permite realizar actividades docentes y de investigación; con la gestión del propio patrimonio o del patrimonio familiar; con la producción literaria, artística o científica, y con aquellas actividades o ejercicio de cargos en órganos de administración de entidades con participación pública cuando su elección corresponda hacerla a las Cámaras.
No obstante, para aquellas actividades privadas no especificadas, la Ley contempla que sea la comisión del Estatuto del Diputado la que autorice al diputado en cuestión continuar ocupando su escaño en el Congreso.
Al final, la decisión de Acebes, como cualquiera que pueda adoptarse sobre Michavila, quedará en manos del Pleno del Congreso, que es el que, en última instancia, vota los dictámenes de la Comisión del Estatuto del Diputado. Esa votación también es secreta y se celebra a puerta cerrada, sin que se pueda determinar la posición de cada miembro de la Cámara.
Por segunda vez en lo que va de legislatura la Comisión del Estatuto del Diputado se reúne este martes en el Congreso para debatir la apertura de diligencias informativas sobre los dos letrados de la Cámara vinculados al bufete con el que trabaja José María Michavila; y para decidir si el también ex ministro y ex secretario general del PP Ángel Acebes puede compatibilizar su escaño con su nueva responsabilidad como consejero de Cibeles, compañía del grupo Caja Madrid.
El secretario general del Congreso, Manuel Alba, anunció el pasado 3 de marzo a la Mesa de la Cámara, como letrado mayor de las Cortes, su decisión de abrir diligencias informativas para saber si los dos letrados (Andrés Jiménez y Andrés Dorrego) cumplen o no con las compatibilidades que fija el estatuto de personal de la institución.
El PSOE tampoco descarta la posibilidad de que la Comisión analice las noticias aparecidas en los últimos días que vinculan al bufete para el que trabaja Michavila con el dimitido alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, que ha dejado su cargo por su implicación en la "operación Gürtel" sobre la presunta trama de corrupción que salpica al PP.
Asimismo, la comisión parlamentaria que se reúne a puerta cerrada estudiará la situación de Acebes que el pasado mes de diciembre fue nombrado consejero de la corporación Cibeles, motivo por el que registró en el Congreso una ampliación de su declaración de actividades.
Desde el PSOE ya anuncian que pedirán detalles al ex ministro y ex secretario general del PP, mientras que fuentes del PP manifiestan su confianza en que Acebes no tenga que renunciar finalmente a su acta porque ya "hay antecedentes" de otros diputados a los que se les ha permitido compatibilizar ciertos cargos con su condición de parlamentario, subrayan.
La Ley Electoral y el Reglamento del Congreso establecen que los diputados ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, por lo que no podrán desempeñar ninguna actividad pública o privada ni percibir retribución alguna con cargo a los presupuestos públicos.
Ahora bien, junto a este criterio general, la normativa recoge una serie de excepciones que tienen que ver con el ámbito universitario, en el que se les permite realizar actividades docentes y de investigación; con la gestión del propio patrimonio o del patrimonio familiar; con la producción literaria, artística o científica, y con aquellas actividades o ejercicio de cargos en órganos de administración de entidades con participación pública cuando su elección corresponda hacerla a las Cámaras.
No obstante, para aquellas actividades privadas no especificadas, la Ley contempla que sea la comisión del Estatuto del Diputado la que autorice al diputado en cuestión continuar ocupando su escaño en el Congreso.
Al final, la decisión de Acebes, como cualquiera que pueda adoptarse sobre Michavila, quedará en manos del Pleno del Congreso, que es el que, en última instancia, vota los dictámenes de la Comisión del Estatuto del Diputado. Esa votación también es secreta y se celebra a puerta cerrada, sin que se pueda determinar la posición de cada miembro de la Cámara.
