nuevatribuna.es
19 de febrero de 2009, 17:11
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 19.2.2009
El presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, ha comparecido esta mañana ante la prensa para negar cualquier implicación en la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón ("caso Gürtel"), antes de acudir a Les Corts, el parlamento autonómico, para responder a las preguntas de la oposición.
Camps ha negado todas las acusaciones y ha asegurado que se trata de "un proceso abierto contra todo un partido político". Ha asegurado sentirse “víctima e indignado” y ha versionado al escritor alemán Bertolt Brecht para añadir "ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma". El presidente valenciano ha recordado el "daño irreparable" sufrido por los compañeros de partido que fueron imputados en alguna causa más tarde sobreseída. "Esto parece -ha afirmado Camps- un proceso abierto a todo un partido".
También ha aprovechado para esgrimir su “tirón electoral” asegurando que ayer mismo le entregaron un sondeo según el cual, si hoy se celebraran elecciones en la Comunidad valenciana, su distancia respecto al Partido Socialista sería mucho mayor.
COMPARECENCIAS DE TODO EL CONSELL
Posteriormente, en el pleno de las Corts Valencianes, donde se celebra la sesión de control al Consell, Camps ha anunciado que todos los miembros de su gobierno comparecerán en las comisiones parlamentarias correspondientes de la Cámara autonómica para explicar "con tranquilidad, transparencia y sentido de la lealtad y la responsabilidad todo aquello que quieran saber" los diputados de la oposición. El presidente de la Generalitat ha preguntado al grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes si "de verdad" cree que él puede estar imputado "por lo que se está diciendo estos días", en respuesta a la intervención del portavoz adjunto del PSPV, Ximo Puig, que le ha pedido que dijera "si asumiría la responsablidad política" en caso de resultar finalmente imputado.
Camps ha hecho el anuncio de la comparecencia de su Consell al responder a la pregunta formulada por el portavoz socialista, Ángel Luna, que ha instado al responsable autonómico a dar "muchas muchas explicaciones" sobre la relación de la administración valenciana con las empresas investigadas por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en la operación Gürtel.
Camps es uno de los cargos públicos del PP a los que la Fiscalía Anticorrupción implica en la trama de corrupción relacionada con el empresario Francisco Correa. Así consta en el informe que ha remitido al magistrado y en el que también aparecen otros cargos públicos del PP en la Comunidad de Madrid, según informa el diario "El País".
INDICIOS CONTRA AFORADOS
Además de sobre Camps, la Fiscalía habría apreciado indicios de delito sobre tres diputados regionales del PP de Madrid. Se trata, según informa el citado diario, de Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda de Rey [quien ayer dimitió como presidente de la Comisión de Investigación de la Asamblea regional sobre los casos de espionaje]; y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte. También existirían indicios contra otro cargo del PP valenciano, cuyo nombre no ha trascendido.
Los indicios que hay contra Camps son unas grabaciones recogidas en la denuncia que dio lugar al caso en las que una imputada alude en una frase al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente de la Comunidad Valenciana. El juez Garzón ha investigado tres facturas sobre este asunto. Ésta sería, según el diario, "la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana".
De hecho, el juez Baltasar Garzón ha tomado declaración a dos empleados de la tienda de Milano en la calle Serrano de Madrid, en relación a esas facturas sin aclarar que podrían estar relacionadas con la rama valenciana de la trama de corrupción.
Fuentes de la Generalitat ya negaron veracidad a estas acusaciones en una anterior ocasión cuando se conoció la información, aunque entonces no se especificaba quién era la persona aforada a la que se referían.
TRES CABECILLAS EN PRISIÓN
Hasta la fecha, Garzón ha ordenado el ingreso en prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama, a los que Garzón imputa indiciariamente los delitos de tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho y asociación ilícita.
Ha dejado en libertad a siete personas: Álvaro Pérez, responsable de la filial valenciana de la trama Orange Market; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; uno de sus trabajadores, José Luis Izquierdo; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; Carmen Luis Cerezo, que trabajaba como secretaria, Jacobo Gordon, compañero de colegio, testigo de boda y socio en la primera empresa de Alejandro Agag, el yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar; y el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín.
El juez ha impuesto comparecencias judiciales semanales a Pérez e Izquierdo, mensuales a las tres mujeres y no ha fijado medida cautelar alguna en el caso de Gordon y Blanco Balín.
El presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, ha comparecido esta mañana ante la prensa para negar cualquier implicación en la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón ("caso Gürtel"), antes de acudir a Les Corts, el parlamento autonómico, para responder a las preguntas de la oposición.
Camps ha negado todas las acusaciones y ha asegurado que se trata de "un proceso abierto contra todo un partido político". Ha asegurado sentirse “víctima e indignado” y ha versionado al escritor alemán Bertolt Brecht para añadir "ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma". El presidente valenciano ha recordado el "daño irreparable" sufrido por los compañeros de partido que fueron imputados en alguna causa más tarde sobreseída. "Esto parece -ha afirmado Camps- un proceso abierto a todo un partido".
También ha aprovechado para esgrimir su “tirón electoral” asegurando que ayer mismo le entregaron un sondeo según el cual, si hoy se celebraran elecciones en la Comunidad valenciana, su distancia respecto al Partido Socialista sería mucho mayor.
COMPARECENCIAS DE TODO EL CONSELL
Posteriormente, en el pleno de las Corts Valencianes, donde se celebra la sesión de control al Consell, Camps ha anunciado que todos los miembros de su gobierno comparecerán en las comisiones parlamentarias correspondientes de la Cámara autonómica para explicar "con tranquilidad, transparencia y sentido de la lealtad y la responsabilidad todo aquello que quieran saber" los diputados de la oposición. El presidente de la Generalitat ha preguntado al grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes si "de verdad" cree que él puede estar imputado "por lo que se está diciendo estos días", en respuesta a la intervención del portavoz adjunto del PSPV, Ximo Puig, que le ha pedido que dijera "si asumiría la responsablidad política" en caso de resultar finalmente imputado.
Camps ha hecho el anuncio de la comparecencia de su Consell al responder a la pregunta formulada por el portavoz socialista, Ángel Luna, que ha instado al responsable autonómico a dar "muchas muchas explicaciones" sobre la relación de la administración valenciana con las empresas investigadas por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en la operación Gürtel.
Camps es uno de los cargos públicos del PP a los que la Fiscalía Anticorrupción implica en la trama de corrupción relacionada con el empresario Francisco Correa. Así consta en el informe que ha remitido al magistrado y en el que también aparecen otros cargos públicos del PP en la Comunidad de Madrid, según informa el diario "El País".
INDICIOS CONTRA AFORADOS
Además de sobre Camps, la Fiscalía habría apreciado indicios de delito sobre tres diputados regionales del PP de Madrid. Se trata, según informa el citado diario, de Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda de Rey [quien ayer dimitió como presidente de la Comisión de Investigación de la Asamblea regional sobre los casos de espionaje]; y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte. También existirían indicios contra otro cargo del PP valenciano, cuyo nombre no ha trascendido.
Los indicios que hay contra Camps son unas grabaciones recogidas en la denuncia que dio lugar al caso en las que una imputada alude en una frase al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente de la Comunidad Valenciana. El juez Garzón ha investigado tres facturas sobre este asunto. Ésta sería, según el diario, "la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana".
De hecho, el juez Baltasar Garzón ha tomado declaración a dos empleados de la tienda de Milano en la calle Serrano de Madrid, en relación a esas facturas sin aclarar que podrían estar relacionadas con la rama valenciana de la trama de corrupción.
Fuentes de la Generalitat ya negaron veracidad a estas acusaciones en una anterior ocasión cuando se conoció la información, aunque entonces no se especificaba quién era la persona aforada a la que se referían.
TRES CABECILLAS EN PRISIÓN
Hasta la fecha, Garzón ha ordenado el ingreso en prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama, a los que Garzón imputa indiciariamente los delitos de tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho y asociación ilícita.
Ha dejado en libertad a siete personas: Álvaro Pérez, responsable de la filial valenciana de la trama Orange Market; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; uno de sus trabajadores, José Luis Izquierdo; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; Carmen Luis Cerezo, que trabajaba como secretaria, Jacobo Gordon, compañero de colegio, testigo de boda y socio en la primera empresa de Alejandro Agag, el yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar; y el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín.
El juez ha impuesto comparecencias judiciales semanales a Pérez e Izquierdo, mensuales a las tres mujeres y no ha fijado medida cautelar alguna en el caso de Gordon y Blanco Balín.
