nuevatribuna.es
30 de enero de 2010, 13:41
NUEVATRIBUNA.ES - 22.1.2010
El ejemplo más estrambótico corre a cargo, una vez más, del líder del partido, Mariano Rajoy, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Dice el primero que "todo el mundo tiene que cumplir la ley" y "el ayuntamiento de Torrejón también", subrayando que no tiene por qué haber excepciones a la normativa vigente. Eso significa que el municipio madrileño no puede negarse a empadronar a inmigrantes porque tengan un visado de turista o porque vivan en casas compartidas en las que dispongan de menos de 20 metros cuadrados por persona. Estos dos requisitos, que dicho ayuntamiento pretende imponer, no están recogidos ni en la Ley de Extranjería ni en la Ley de Régimen Local, como bien ha señalado en su informe la Abogacía del Estado.
Pues bien, la 'lideresa', en su interpretación de "verso suelto" del partido, asegura que Torrejón no empadrona a inmigrantes que tengan visado de turista y que su Gobierno respalda esa política. Para que no quepa ninguna duda, su consejero de Interior, Francisco Granados, se ha pronunciado estos estos días en idéntico sentido y el vicepresidente regional, Ignacio González, ha justificado las exigencias del alcalde de la localidad asegurando que lo que se trata de hacer en Torrejón de Ardoz es que "no existan los pisos patera" y evitar que "fraudulentamente se esté metiendo a personas que no pueden vivir en condiciones dignas" en determinadas viviendas. Estas declaraciones se produjeron el 19 de enero y el 20 se hizo público el informe de la Abogacía del Estado en el que no hay una sola palabra relativa a los 'pisos patera' ni al espacio del que debe disponer un individuo para figurar en el padrón. Aún así, no consta que se haya producido rectificación alguna de los miembros del Ejecutivo madrileño.
Sí ha habido, sin embargo, una aportación del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que el 21 de enero dejaba clara su postura: "Todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido al marcado por la Ley de Extranjería y la de Régimen Local por parte de los ayuntamientos supone una ilegalidad". "Gallardón se desmarca de su partido", titulamos los medios al constatar la evidente diferencia entre la postura del máximo responsable municipal y la defendida por la Comunidad. Un día después, Esperanza Aguirre vuelve a copar titulares al asegurar que Gallardón no dijo que la política de empadronamiento del Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz fuera ilegal y echar la culpa al mensajero: "No oí yo eso. Ustedes oyen siempre cosas que no se dicen".
Para colmo de contradicciones, Mariano Rajoy ha entonado este jueves toda una serie de alabanzas a la inmigración, tras recordar aquellos tiempos en los que "nosotros también tuvimos que emigrar". Dejándose llevar por el entusiasmo, ha llegado a proponer que no se tenga en cuenta el empadronamiento para que los inmigrantes accedan a la Sanidad y a la Educación: "Con que simplemente los derechos de sanidad y educación no los garantizara el padrón sino que se garantizaran por el mero hecho de ser seres humanos sin ningún documento ya nos podríamos ahorrar muchos problemas". Esto lo ha dicho después de que la presidenta del PP catalán volviera a defender las restricciones al empadronamiento que pretendía imponer el ayuntamiento de Vic.
Alicia Sánchez Camacho, se ha reafirmado en sus declaraciones del pasado martes cuando dijo que en España "no cabemos todos". Para la dirigente conservadora, este es un debate que "está en la calle" y pide que los políticos "llamen a las cosas por su nombre". Además, Sánchez Camacho ha justificado que algunos ayuntamientos hagan una interpretación forzada de la legislación en las supuestas dificultades para conciliar la Ley de Extranjería y la que regula los ayuntamientos a quienes, según ha dicho, "no podemos trasladar el problema".
Quizá en lo único en lo que todos están de acuerdo es en lo de "poner orden", que repiten como una coletilla olvidando que cuando Rajoy fue ministro de Interior regularizó de golpe a 239.174 inmigrantes sin vincular la medida al mercado laboral, que es justamente lo que se hace a partir de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería. Por eso, sigue llamando la atención que el líder 'popular' insista tanto en que se legisle contra las regularizaciones masivas. Este jueves lo ha vuelto a proponer, además de avanzar otras medidas que ya se contemplan en la ley como expulsar a los inmigrantes con sentencias judiciales de pena superior a seis meses de prisión y no dar permiso de trabajo a los inmigrantes con una orden de expulsión.
Lo que resulta evidente a la vista de las declaraciones de los dirigentes 'populares' es que no tienen ni idea de qué hacer con la inmigración pero que les viene bien utilizarla como ariete contra el Gobierno porque, como se desprende de lo dicho por Alicia Sánchez Camacho a la Cadena SER. Lo que resulta dudoso es que obtengan los réditos electorales que persiguen con este guirigay y lo que está claro es que sólo contribuyen a hacer ruido y a provocar un debate que en nada beneficia a la convivencia entre los españoles, cualquiera que sea su procedencia.
El ejemplo más estrambótico corre a cargo, una vez más, del líder del partido, Mariano Rajoy, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Dice el primero que "todo el mundo tiene que cumplir la ley" y "el ayuntamiento de Torrejón también", subrayando que no tiene por qué haber excepciones a la normativa vigente. Eso significa que el municipio madrileño no puede negarse a empadronar a inmigrantes porque tengan un visado de turista o porque vivan en casas compartidas en las que dispongan de menos de 20 metros cuadrados por persona. Estos dos requisitos, que dicho ayuntamiento pretende imponer, no están recogidos ni en la Ley de Extranjería ni en la Ley de Régimen Local, como bien ha señalado en su informe la Abogacía del Estado.
Pues bien, la 'lideresa', en su interpretación de "verso suelto" del partido, asegura que Torrejón no empadrona a inmigrantes que tengan visado de turista y que su Gobierno respalda esa política. Para que no quepa ninguna duda, su consejero de Interior, Francisco Granados, se ha pronunciado estos estos días en idéntico sentido y el vicepresidente regional, Ignacio González, ha justificado las exigencias del alcalde de la localidad asegurando que lo que se trata de hacer en Torrejón de Ardoz es que "no existan los pisos patera" y evitar que "fraudulentamente se esté metiendo a personas que no pueden vivir en condiciones dignas" en determinadas viviendas. Estas declaraciones se produjeron el 19 de enero y el 20 se hizo público el informe de la Abogacía del Estado en el que no hay una sola palabra relativa a los 'pisos patera' ni al espacio del que debe disponer un individuo para figurar en el padrón. Aún así, no consta que se haya producido rectificación alguna de los miembros del Ejecutivo madrileño.
Sí ha habido, sin embargo, una aportación del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que el 21 de enero dejaba clara su postura: "Todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido al marcado por la Ley de Extranjería y la de Régimen Local por parte de los ayuntamientos supone una ilegalidad". "Gallardón se desmarca de su partido", titulamos los medios al constatar la evidente diferencia entre la postura del máximo responsable municipal y la defendida por la Comunidad. Un día después, Esperanza Aguirre vuelve a copar titulares al asegurar que Gallardón no dijo que la política de empadronamiento del Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz fuera ilegal y echar la culpa al mensajero: "No oí yo eso. Ustedes oyen siempre cosas que no se dicen".
Para colmo de contradicciones, Mariano Rajoy ha entonado este jueves toda una serie de alabanzas a la inmigración, tras recordar aquellos tiempos en los que "nosotros también tuvimos que emigrar". Dejándose llevar por el entusiasmo, ha llegado a proponer que no se tenga en cuenta el empadronamiento para que los inmigrantes accedan a la Sanidad y a la Educación: "Con que simplemente los derechos de sanidad y educación no los garantizara el padrón sino que se garantizaran por el mero hecho de ser seres humanos sin ningún documento ya nos podríamos ahorrar muchos problemas". Esto lo ha dicho después de que la presidenta del PP catalán volviera a defender las restricciones al empadronamiento que pretendía imponer el ayuntamiento de Vic.
Alicia Sánchez Camacho, se ha reafirmado en sus declaraciones del pasado martes cuando dijo que en España "no cabemos todos". Para la dirigente conservadora, este es un debate que "está en la calle" y pide que los políticos "llamen a las cosas por su nombre". Además, Sánchez Camacho ha justificado que algunos ayuntamientos hagan una interpretación forzada de la legislación en las supuestas dificultades para conciliar la Ley de Extranjería y la que regula los ayuntamientos a quienes, según ha dicho, "no podemos trasladar el problema".
Quizá en lo único en lo que todos están de acuerdo es en lo de "poner orden", que repiten como una coletilla olvidando que cuando Rajoy fue ministro de Interior regularizó de golpe a 239.174 inmigrantes sin vincular la medida al mercado laboral, que es justamente lo que se hace a partir de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería. Por eso, sigue llamando la atención que el líder 'popular' insista tanto en que se legisle contra las regularizaciones masivas. Este jueves lo ha vuelto a proponer, además de avanzar otras medidas que ya se contemplan en la ley como expulsar a los inmigrantes con sentencias judiciales de pena superior a seis meses de prisión y no dar permiso de trabajo a los inmigrantes con una orden de expulsión.
Lo que resulta evidente a la vista de las declaraciones de los dirigentes 'populares' es que no tienen ni idea de qué hacer con la inmigración pero que les viene bien utilizarla como ariete contra el Gobierno porque, como se desprende de lo dicho por Alicia Sánchez Camacho a la Cadena SER. Lo que resulta dudoso es que obtengan los réditos electorales que persiguen con este guirigay y lo que está claro es que sólo contribuyen a hacer ruido y a provocar un debate que en nada beneficia a la convivencia entre los españoles, cualquiera que sea su procedencia.
