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NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. - 20.02.2009

Las argucias del PP para mantener bloqueada la comisión de investigación sobre el espionaje en la Asamblea de Madrid siguen dando sus frutos. La diputada del PP Rosa Posada ha sido nombrada presidenta del órgano en sustitución del dimitido Benjamín Martín Vasco, quien después de protagonizar el jueves un acto nulo de pleno de derecho por convocar a la mesa de la comisión cuando ya había sido cesado, no se ha dejado ver este viernes por el parlamento regional.

Las portavoces del PSOE y de IU, Maru Menéndez e Inés Sabanés, respectivamente, han vuelto a manifestar sus quejas por que aún no haya una fecha de inicio de los trabajos para que comiencen las comparecencias que el PP sigue negándose a presentar de momento. Todo lleva a pensar que el PP está intentando retrasar al máximo la puesta en marcha del calendario de la comisión para que no se produzca hasta que pasen las elecciones gallegas y vascas que se celebran el próximo 1 de marzo.

Menéndez ha destacado en declaraciones a los medios que el nombramiento de Posada ha sido una “primera decepción importante” ya que la nueva presidenta de la comisión no ha dicho nada ni ha convocado ninguna reunión para que den comienzo los interrogatorios.

Por su parte, Sabanés ha destacado que si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre “no levanta ese bloqueo y ese veto es que hay mucho que esconder y mucho escándalo que tapar”. Izquierda Unida pidió en el pleno del jueves la dimisión de la jefa del Ejecutivo regional.

Posada también ha respondido a la prensa dejando claro que en calidad de presidenta de la comisión no le toca a ella hacer “valoraciones políticas” y que su principal objetivo es llevar “el buen orden de la comisión”.

La fecha de finalización de los trabajos está fijada para el 31 de marzo, pero la oposición cree que el PP deberá ampliarla necesariamente si se sigue retrasando el arranque de la comisión.

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, comparecerá el próximo miércoles en la comisión de Vigilancia de las Contrataciones para dar cuenta de los contratos adjudicados por el Canal de Isabel II a la empresa Segurisa.

El PP se sale con la suya bloqueando la comisión hasta después del 1-M