nuevatribuna.es
13 de mayo de 2010, 7:10
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 12.05.2010
A la espera de que se conozca si el Tribunal Supremo archiva o no la 'causa de los trajes', el PP se mantiene a la defensiva e insiste en que todo responde a una estrategia calculada del Gobierno del PSOE para desprestigiarle y poner en entredicho la honorabilidad de los dirigentes del PPCV con Francisco Camps a la cabeza.
En una nota remitida a los medios, Génova anuncia que presentará una querella por falsedad en documento público y prevaricación contra el funcionario autor del informe que desvela la financiación ilegal del PP de Valencia sin descartar cualquier otra acción judicial “contra todos aquellos que estén instrumentando falsamente las acusaciones contra el PPCV.
Los populares hacen referencia al informe de la Agencia Tributaria que afirma que es "razonable suponer" que el PPCV haya ocultado ingresos y gastos con la mercantil Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, investigado en el 'caso Gürtel' y en particular los correspondientes a la gestión de la campaña electoral de la Comunitat y las elecciones locales de 2007.
Este informe, con fecha de registro de entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 7 de mayo, recoge que la contabilidad de la empresa Orange Market incurrió en "graves irregularidades contables" y agrega que "hay una grave omisión de los ingresos obtenidos por prestación de servicios a su principal cliente en 2007, el PPCV".
COBROS 'B' Y 'A'
Orange Market clasificó los servicios prestados en dos apartados: organización de los actos de la campaña y servicios de comunicación, es decir, gastos de publicidad en diversos medios. A este respecto, el informe recoge que una parte de los servicios totales de la campaña se documenta emitiendo la correspondiente factura que se contabiliza y declara mercantil y fiscalmente (cobros Alicante), y otra parte no se documenta mercantilmente, si bien hay constancia de diversos archivos informáticos en los que se refleja que estos servicios se prestaron y su precio fue efectivamente cobrado en 2007 (cobros Barcelona).
El informe especifica que parte del beneficio obtenido en la prestación de los servicios de la campaña fue transferido desde la sede de Valencia hasta la sede central de la trama en Madrid.
En un archivo informático intervenido denominado 'Resumen de Pagos', se recoge una cuenta de liquidación de la deuda incurrida por el PPCV con Orange Market con motivo de la realización de la campaña 2007, en la que se imputa el cobro de tales facturas por parte de la empresa al pago de los gastos electorales del PPCV.
El informe plantea que por los actos de campaña del PPCV, la empresa de El Bigotes percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros. De ellos, 2,8 fueron en ‘B’ y unos 573.000 en ‘A’. La conclusión que extrae es que parte de la campaña fue pagada por dicha empresa y otra por parte de terceros.
EL PP DENUNCIA "FALSEDADES Y MANIPULACIONES"
El PP mantiene que este informe “no investiga las cuentas del PP” y se sustenta en el informe emitido el 31 de julio de 2009 que fue descartado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). Por ello, califica de “vergonzoso” que en un Estado de derecho “se intente, por estamentos del Estado, presionar a los tribunales en sus decisiones” y se “reiteren” las “falsedades y las manipulaciones”, partiendo de las premisas “tendenciosas” del informe que le precede.
En el comunicado de la denuncia efectuada por el PP se dice que el informe de mayo “carece de validez a efectos probatorios” y que con él “se pretende sentar conclusiones ajenas a la realidad contable y presupuestaria del PPCV”.
Los populares concluyen que “habiéndose rebasado el límite de lo admisible en el uso torticero y oscuro de las instituciones del Estado”, el PPCV tomará todas las medidas que estén a su alcance “para poner fin a la campaña estatal orquestada por el Gobierno socialista para dañar la imagen de este partido y de los responsables del mismo en la Comunitat Valenciana”.
A la espera de que se conozca si el Tribunal Supremo archiva o no la 'causa de los trajes', el PP se mantiene a la defensiva e insiste en que todo responde a una estrategia calculada del Gobierno del PSOE para desprestigiarle y poner en entredicho la honorabilidad de los dirigentes del PPCV con Francisco Camps a la cabeza.
En una nota remitida a los medios, Génova anuncia que presentará una querella por falsedad en documento público y prevaricación contra el funcionario autor del informe que desvela la financiación ilegal del PP de Valencia sin descartar cualquier otra acción judicial “contra todos aquellos que estén instrumentando falsamente las acusaciones contra el PPCV.
Los populares hacen referencia al informe de la Agencia Tributaria que afirma que es "razonable suponer" que el PPCV haya ocultado ingresos y gastos con la mercantil Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, investigado en el 'caso Gürtel' y en particular los correspondientes a la gestión de la campaña electoral de la Comunitat y las elecciones locales de 2007.
Este informe, con fecha de registro de entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 7 de mayo, recoge que la contabilidad de la empresa Orange Market incurrió en "graves irregularidades contables" y agrega que "hay una grave omisión de los ingresos obtenidos por prestación de servicios a su principal cliente en 2007, el PPCV".
COBROS 'B' Y 'A'
Orange Market clasificó los servicios prestados en dos apartados: organización de los actos de la campaña y servicios de comunicación, es decir, gastos de publicidad en diversos medios. A este respecto, el informe recoge que una parte de los servicios totales de la campaña se documenta emitiendo la correspondiente factura que se contabiliza y declara mercantil y fiscalmente (cobros Alicante), y otra parte no se documenta mercantilmente, si bien hay constancia de diversos archivos informáticos en los que se refleja que estos servicios se prestaron y su precio fue efectivamente cobrado en 2007 (cobros Barcelona).
El informe especifica que parte del beneficio obtenido en la prestación de los servicios de la campaña fue transferido desde la sede de Valencia hasta la sede central de la trama en Madrid.
En un archivo informático intervenido denominado 'Resumen de Pagos', se recoge una cuenta de liquidación de la deuda incurrida por el PPCV con Orange Market con motivo de la realización de la campaña 2007, en la que se imputa el cobro de tales facturas por parte de la empresa al pago de los gastos electorales del PPCV.
El informe plantea que por los actos de campaña del PPCV, la empresa de El Bigotes percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros. De ellos, 2,8 fueron en ‘B’ y unos 573.000 en ‘A’. La conclusión que extrae es que parte de la campaña fue pagada por dicha empresa y otra por parte de terceros.
EL PP DENUNCIA "FALSEDADES Y MANIPULACIONES"
El PP mantiene que este informe “no investiga las cuentas del PP” y se sustenta en el informe emitido el 31 de julio de 2009 que fue descartado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). Por ello, califica de “vergonzoso” que en un Estado de derecho “se intente, por estamentos del Estado, presionar a los tribunales en sus decisiones” y se “reiteren” las “falsedades y las manipulaciones”, partiendo de las premisas “tendenciosas” del informe que le precede.
En el comunicado de la denuncia efectuada por el PP se dice que el informe de mayo “carece de validez a efectos probatorios” y que con él “se pretende sentar conclusiones ajenas a la realidad contable y presupuestaria del PPCV”.
Los populares concluyen que “habiéndose rebasado el límite de lo admisible en el uso torticero y oscuro de las instituciones del Estado”, el PPCV tomará todas las medidas que estén a su alcance “para poner fin a la campaña estatal orquestada por el Gobierno socialista para dañar la imagen de este partido y de los responsables del mismo en la Comunitat Valenciana”.
