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20 de julio de 2009, 15:15
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 20.7.2009
El PP ya ha anunciado que presentará en septiembre ante el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma para "acotar la impunidad" y "proteger a las víctimas". El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso, ha explicado que se trata fundamentalmente de rebajar la edad mínima de imputabilidad, fijada actualmente en 14 años, para delitos de "especial gravedad".
Aunque Alonso no ha querido adelantar más detalles de la propuesta, no ha desaprovechado la oportunidad de arremeter contra el Gobierno, al que ha acusado de "pasividad". En su opinión, "el aumento escandaloso de delitos cometidos por menores" hace necesario que "el Parlamento esté atento a este clamor social" y que, por tanto, mantenga un debate sobre el tema.
Con este propósito, el PP organizará este martes un "grupo de trabajo" en el que participará la portavoz del Grupo Parlamentario, Soraya Sáez de Santamaría, y que comenzará con los trabajos de elaboración de esta Proposición de Ley que deberá llegar a la Cámara tras el verano. El PP siempre ha querido modificar la ley en vigor, reformada en 2006 sin su apoyo parlamentario.
El PSOE se muestra mucho más cauto a la hora de abordar esta cuestión. La secretaria de Organización, Leire Pajín, ha asegurado que su partido siempe está "abierto al debate" pero que es necesario "legislar de forma responsable" y no dejándose "llevar por casos concretos".
Para los socialistas, "lo responsable" es "conseguir, como sociedad y como poderes públicos, evitar" casos como los ocurridos en los últimos días, en los que dos menores de edad han sido agredidas sexualmente por varios chicos, entre ellos menores de 13 años. "En esa tarea tenemos que implicarnos todos y todas", ha recalcado Pajín.
Fuentes de la Dirección socialista han insistido en que el PSOE no es partidario de legislar "en caliente", sino tras un debate reposado. Aseguran que para ellos la reforma de la Ley del Menor no está ahora mismo encima de la mesa aunque, en todo caso, esperan a que el PP presente su propuesta para valorarla.
En contra de la reforma se ha mostrado el Defensor del Pueblo y del Menor en Andalucía, José Chamizo, que ha indicado que antes de tomar la decisión de endurecer la ley, hay que hacer un estudio estadístico y analizar el alcance de los casos: "Cambiar por cambiar y hacer una nueva reforma sin una reflexión no me parecería conveniente".
Chamizo rehusa rebajar la edad penal del menor, fijada en 14 años. En su opinión, "tendríamos que analizar las situaciones, pero no hay que tomar una decisión cuando han sucedido estos acontecimientos, que siempre nos arrastran sentimentalmlente". El Defensor andaluz es partidario de que los menores de 14 años que cometan delitos graves reciban obligatoriamente "una intervención terapéutica" de sus padres o en un centro para menores con trastornos de conducta, "porque algo de esto hay".
Además, ha pedido a las fuerzas políticas que "consensúen" un eventual endurecimiento de la ley del menor: "Nunca opino de lo que deciden los partidos, pero estas reformas tienen que ser consensuadas porque estamos hablando de menores".
LAS ASOCIACIONES DE JUECES NO SE PONEN DE ACUERDO
En cuanto a los jueces, hay división de opiniones. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, apuesta por rebajar el límite de la edad penal a los 12 años, ya que a su juicio la diferencia entre esta edad y los 14 años "es prácticamente intangible". Opina que el límite fijado actualmente en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor "es demasiado alto" y agrega que "puede rebajarse perfectamente".
En cambio, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, destaca que centrar el debate en la edad penal del menor es "estéril, trata de evitar hacer frente al problema de fondo y no va a servir para solucionar nada".
A su juicio, las causas de estas situaciones problemáticas con los menores radican en el "desprecio a los principios y las reglas más elementales", algo que ha ocurrido "debido fundamentalmente a una educación absolutamente deficitaria". Así, García critica que desde la sociedad se transmita a los menores "la idea de que todo es admisible".
El portavoz de la APM recalca que las leyes "no tienen un efecto mágico y no lo van a solucionar todo": "A ver si no enteramos de un vez de que las medidas legislativas no solucionan de raíz ni de forma absoluta ningún tipo de situación problemática. No es un problema de las leyes, es un problema de nosotros".
Por su parte, la portavoz de Mujeres Juristas, Altamira Gonzalo, señala la necesidad de reconsiderar el "tratamiento de impunidad" de a los menores de edad, que, a su juicio, "no se corresponde con la realidad". En este sentido, apela a abrir una etapa de "reflexión" en "todos" los ámbitos sobre la posibilidad de rebajar la edad penal de los menores que cometan este tipo de delitos.
Gonzalo solicita también que los medios de comunicación traten "cuidadosamente" estas agresiones por el "efecto expansivo" que pudieran tener y añade que sería "importante" dar cobertura no sólo al hecho, sino también a las penas por el "efecto disuasorio" que puedan tener.
La Ley ha sufrido hasta 5 modificaciones desde que se aprobara en el año 2000 todas ellas dirigidas a endurecer el castigo a los menores. En la actualidad, los jóvenes de 14 y 15 años pueden estar internados en un centro de menores un máximo de seis años. Esta cifra se eleva a diez para los de 16 y 17 años y queda en manos de los jueces decidir si el delito cometido es lo suficientemente grave como para trasladar al menor a una cárcel al cumplir la mayoría de edad.
El PP ya ha anunciado que presentará en septiembre ante el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma para "acotar la impunidad" y "proteger a las víctimas". El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso, ha explicado que se trata fundamentalmente de rebajar la edad mínima de imputabilidad, fijada actualmente en 14 años, para delitos de "especial gravedad".
Aunque Alonso no ha querido adelantar más detalles de la propuesta, no ha desaprovechado la oportunidad de arremeter contra el Gobierno, al que ha acusado de "pasividad". En su opinión, "el aumento escandaloso de delitos cometidos por menores" hace necesario que "el Parlamento esté atento a este clamor social" y que, por tanto, mantenga un debate sobre el tema.
Con este propósito, el PP organizará este martes un "grupo de trabajo" en el que participará la portavoz del Grupo Parlamentario, Soraya Sáez de Santamaría, y que comenzará con los trabajos de elaboración de esta Proposición de Ley que deberá llegar a la Cámara tras el verano. El PP siempre ha querido modificar la ley en vigor, reformada en 2006 sin su apoyo parlamentario.
El PSOE se muestra mucho más cauto a la hora de abordar esta cuestión. La secretaria de Organización, Leire Pajín, ha asegurado que su partido siempe está "abierto al debate" pero que es necesario "legislar de forma responsable" y no dejándose "llevar por casos concretos".
Para los socialistas, "lo responsable" es "conseguir, como sociedad y como poderes públicos, evitar" casos como los ocurridos en los últimos días, en los que dos menores de edad han sido agredidas sexualmente por varios chicos, entre ellos menores de 13 años. "En esa tarea tenemos que implicarnos todos y todas", ha recalcado Pajín.
Fuentes de la Dirección socialista han insistido en que el PSOE no es partidario de legislar "en caliente", sino tras un debate reposado. Aseguran que para ellos la reforma de la Ley del Menor no está ahora mismo encima de la mesa aunque, en todo caso, esperan a que el PP presente su propuesta para valorarla.
En contra de la reforma se ha mostrado el Defensor del Pueblo y del Menor en Andalucía, José Chamizo, que ha indicado que antes de tomar la decisión de endurecer la ley, hay que hacer un estudio estadístico y analizar el alcance de los casos: "Cambiar por cambiar y hacer una nueva reforma sin una reflexión no me parecería conveniente".
Chamizo rehusa rebajar la edad penal del menor, fijada en 14 años. En su opinión, "tendríamos que analizar las situaciones, pero no hay que tomar una decisión cuando han sucedido estos acontecimientos, que siempre nos arrastran sentimentalmlente". El Defensor andaluz es partidario de que los menores de 14 años que cometan delitos graves reciban obligatoriamente "una intervención terapéutica" de sus padres o en un centro para menores con trastornos de conducta, "porque algo de esto hay".
Además, ha pedido a las fuerzas políticas que "consensúen" un eventual endurecimiento de la ley del menor: "Nunca opino de lo que deciden los partidos, pero estas reformas tienen que ser consensuadas porque estamos hablando de menores".
LAS ASOCIACIONES DE JUECES NO SE PONEN DE ACUERDO
En cuanto a los jueces, hay división de opiniones. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, apuesta por rebajar el límite de la edad penal a los 12 años, ya que a su juicio la diferencia entre esta edad y los 14 años "es prácticamente intangible". Opina que el límite fijado actualmente en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor "es demasiado alto" y agrega que "puede rebajarse perfectamente".
En cambio, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, destaca que centrar el debate en la edad penal del menor es "estéril, trata de evitar hacer frente al problema de fondo y no va a servir para solucionar nada".
A su juicio, las causas de estas situaciones problemáticas con los menores radican en el "desprecio a los principios y las reglas más elementales", algo que ha ocurrido "debido fundamentalmente a una educación absolutamente deficitaria". Así, García critica que desde la sociedad se transmita a los menores "la idea de que todo es admisible".
El portavoz de la APM recalca que las leyes "no tienen un efecto mágico y no lo van a solucionar todo": "A ver si no enteramos de un vez de que las medidas legislativas no solucionan de raíz ni de forma absoluta ningún tipo de situación problemática. No es un problema de las leyes, es un problema de nosotros".
Por su parte, la portavoz de Mujeres Juristas, Altamira Gonzalo, señala la necesidad de reconsiderar el "tratamiento de impunidad" de a los menores de edad, que, a su juicio, "no se corresponde con la realidad". En este sentido, apela a abrir una etapa de "reflexión" en "todos" los ámbitos sobre la posibilidad de rebajar la edad penal de los menores que cometan este tipo de delitos.
Gonzalo solicita también que los medios de comunicación traten "cuidadosamente" estas agresiones por el "efecto expansivo" que pudieran tener y añade que sería "importante" dar cobertura no sólo al hecho, sino también a las penas por el "efecto disuasorio" que puedan tener.
La Ley ha sufrido hasta 5 modificaciones desde que se aprobara en el año 2000 todas ellas dirigidas a endurecer el castigo a los menores. En la actualidad, los jóvenes de 14 y 15 años pueden estar internados en un centro de menores un máximo de seis años. Esta cifra se eleva a diez para los de 16 y 17 años y queda en manos de los jueces decidir si el delito cometido es lo suficientemente grave como para trasladar al menor a una cárcel al cumplir la mayoría de edad.
