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10 de diciembre de 2009, 0:55
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 9.12.2009
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que el origen del "conflicto" sobre la situación de Aminetu Haidar nace de una actuación "errónea" por parte de España porque la activista saharaui no cumplía los requisitos legales suficientes para entrar en el país. "Desde este punto de vista alguna responsabilidad tienen las autoridades españolas", ha señalado, antes de sentenciar: "El problema lo tenemos nosotros".
En una nueva demostración de que el PP acepta de buen grado que medios afines como El Mundo le escriban el guión, la número dos del partido ha cargado con dureza contra la política exterior del Gobierno señalando que España viene dando desde hace "mucho" tiempo un "espectáculo lamentable" al no mostrar una posición "coherente, fuerte y firme". En declaraciones a Antena 3 y en referencia al secuestro de los tres cooperantes catalanes por Al Qaeda, ha dicho que quizás ello "induce a pensar a algunas organizaciones terroristas que podemos ser presa fácil".
Pero, volviendo al caso de Aminetu Haidar y mientras organizaciones judiciales y expertos juristas no se ponen de acuerdo sobre si sería legalmente aceptable la alimentación forzosa de la activista, Cospedal lo tiene claro: "Cuando se trata de una persona que hoy por hoy no tiene pasaporte o no quiere tener pasaporte reconocido y está en nuestro territorio, la obligación del Estado español es actuar (...) evitando que ésta persona pueda fallecer o ponga en peligro su vida".
Tras insistir en que la vida de Haidar debe estar por encima "de todo", ha estimado que las vías diplomáticas con Rabat "no están agotadas" y, por lo tanto, "no se puede arrojar la toalla". En este punto, no obstante, ha destacado que el "juego" de la política exterior contempla "equilibrios muy complicados" y es conveniente mantener buenas relaciones con Marruecos. Acto seguido, ha hecho otro quiebro para proclamar que España debe también mantener una "actitud soberana". "En cierto modo, el problema lo tenemos en España porque la señora Haidar está en España y porque nosotros incumplimos nuestras leyes dejando que entrara", ha continuado, para concluir así que la situación de la activista deberá resolverse "como hubiera hecho una autoridad española con un nacional español y salvar ante todo el derecho a la vida".
Sobre el caso de los cooperantes secuestrados, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado contraria a aceptar cualquier "chantaje político" que pueda exigir Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), de confirmarse que la red islamista es la autora del secuestro. Y ha aprovechado para recordar que el PP tampoco los aceptó de la banda terrorista ETA: "El PP no lo aceptó nunca en el caso de la negociación que mantuvo el Gobierno socialista con ETA. No se aceptó nunca y entiendo que no se pueden aceptar tampoco con una organización internacional".
Y, siguiendo con la estrategia de cuestionar la política exterior del Gobierno, ha enfatizado que los "dislates" que haya podido cometer el Ejecutivo español no pueden "en ningún caso" servir de justificación para ningún ataque terrorista. "No se puede hacer a los malos buenos ni darles justificación". "Esperemos que el Gobierno actúe como tiene que actuar y no como ha hecho en otras ocasiones", ha terminado diciendo.
INCIDENTE CON GIBRALTAR
Al PP tampoco le ha gustado la actitud del Gobierno ante el incidente con Gibraltar del pasado lunes, a pesar de que las autoridades gibraltareñas han admitido que la rápida reacción del titular de Interior evitó que la incursión de guardias civiles armados en sus aguas tuviera consecuencias diplomáticas más graves.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, opina sin embargo que el Gobierno español "no debería haber pedido disculpas a la autoridad gibraltareña", por la actuación de los cuatro guardias civiles del Servicio Marítimo de Algeciras (Cádiz), detenidos en la tarde del 7 de diciembre por la policía de Gibraltar. En su opinión, la llamada de Alfredo Pérez Rubalcaba al ministro principal, Peter Caruana, se enmarca en su "posición blanda" en política internacional.
González Pons ha hablado para TVE y ha dicho que el Gobierno no debió pedir disculpas sin haber preguntado antes a la Guardia Civil "si había o no encendido las luces de alarma y si había o no dado aviso, y más sabiendo que desde el año 2000 hay un acuerdo, por el cual en situaciones de emergencia como esta, la Guardia Civil puede entrar persiguiendo delincuentes en las aguas del puerto de Gibraltar". "A mi personalmente me hubiera gustado que primero hubiera hablado el ministro del Interior con los guardias civiles, antes de llamar a la autoridad de Gibraltar para pedirles disculpas, y que si la Guardia Civil le dice al Gobierno que encendió las luces de alarma y que dio aviso, que hubiera defendido a la Guardia Civil ante la autoridad gibraltareña", ha subrayado.
Y ha seguido atacando la política exterior del Ejecutivo argumentando que "no es Gibraltar el problema" sino que "nuestro Gobierno, en vísperas de la entrada a la presidencia de la Unión Europea mantiene una posición blanda en política internacional, una posición mal dibujada" lo que, a su juicio, ha hecho "de la poca resistencia o de la blandura del Gobierno español una forma de hacer política internacional que se está demostrando un verdadero fracaso".
Dicho esto, el dirigente 'popular' ha añadido que "el tema no es la persecución de los guardias civiles en aguas del puerto Gibraltar de unos delincuentes" sino "las ganas de provocar": "El objetivo de Gibraltar con todo esto es darle notoriedad a una causa gibraltareña que no existe, y nosotros deberíamos intentar que siguiera sin existir". Su conclusión es que "con Gibraltar la tensión está creciendo provocada por la autoridad gibraltareña en la medida en que nosotros les hemos reconocido como interlocutores".
En cuanto al caso de Aminetu Haidar, su opinión es que "fue una decisión bastante idiota del Gobierno de Zapatero porque no se puede dejar entrar a nadie sin pasaporte", a lo que ha añadido que el Gobierno "de bueno resulta tonto". Su argumentación es que "no se puede llevar hasta el extremo de que un problema que es realmente un problema marroquí, acabe convirtiéndose en un callejón sin salida para la política internacional de España". Y, además, se ha mostrado partidario de que Haidar sea alimentada en caso de que el Estado tenga capacidad jurídica para ello, y así este "cumpla con la obligación que tiene, de preservar la vida de todos los ciudadanos".
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que el origen del "conflicto" sobre la situación de Aminetu Haidar nace de una actuación "errónea" por parte de España porque la activista saharaui no cumplía los requisitos legales suficientes para entrar en el país. "Desde este punto de vista alguna responsabilidad tienen las autoridades españolas", ha señalado, antes de sentenciar: "El problema lo tenemos nosotros".
En una nueva demostración de que el PP acepta de buen grado que medios afines como El Mundo le escriban el guión, la número dos del partido ha cargado con dureza contra la política exterior del Gobierno señalando que España viene dando desde hace "mucho" tiempo un "espectáculo lamentable" al no mostrar una posición "coherente, fuerte y firme". En declaraciones a Antena 3 y en referencia al secuestro de los tres cooperantes catalanes por Al Qaeda, ha dicho que quizás ello "induce a pensar a algunas organizaciones terroristas que podemos ser presa fácil".
Pero, volviendo al caso de Aminetu Haidar y mientras organizaciones judiciales y expertos juristas no se ponen de acuerdo sobre si sería legalmente aceptable la alimentación forzosa de la activista, Cospedal lo tiene claro: "Cuando se trata de una persona que hoy por hoy no tiene pasaporte o no quiere tener pasaporte reconocido y está en nuestro territorio, la obligación del Estado español es actuar (...) evitando que ésta persona pueda fallecer o ponga en peligro su vida".
Tras insistir en que la vida de Haidar debe estar por encima "de todo", ha estimado que las vías diplomáticas con Rabat "no están agotadas" y, por lo tanto, "no se puede arrojar la toalla". En este punto, no obstante, ha destacado que el "juego" de la política exterior contempla "equilibrios muy complicados" y es conveniente mantener buenas relaciones con Marruecos. Acto seguido, ha hecho otro quiebro para proclamar que España debe también mantener una "actitud soberana". "En cierto modo, el problema lo tenemos en España porque la señora Haidar está en España y porque nosotros incumplimos nuestras leyes dejando que entrara", ha continuado, para concluir así que la situación de la activista deberá resolverse "como hubiera hecho una autoridad española con un nacional español y salvar ante todo el derecho a la vida".
Sobre el caso de los cooperantes secuestrados, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado contraria a aceptar cualquier "chantaje político" que pueda exigir Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), de confirmarse que la red islamista es la autora del secuestro. Y ha aprovechado para recordar que el PP tampoco los aceptó de la banda terrorista ETA: "El PP no lo aceptó nunca en el caso de la negociación que mantuvo el Gobierno socialista con ETA. No se aceptó nunca y entiendo que no se pueden aceptar tampoco con una organización internacional".
Y, siguiendo con la estrategia de cuestionar la política exterior del Gobierno, ha enfatizado que los "dislates" que haya podido cometer el Ejecutivo español no pueden "en ningún caso" servir de justificación para ningún ataque terrorista. "No se puede hacer a los malos buenos ni darles justificación". "Esperemos que el Gobierno actúe como tiene que actuar y no como ha hecho en otras ocasiones", ha terminado diciendo.
INCIDENTE CON GIBRALTAR
Al PP tampoco le ha gustado la actitud del Gobierno ante el incidente con Gibraltar del pasado lunes, a pesar de que las autoridades gibraltareñas han admitido que la rápida reacción del titular de Interior evitó que la incursión de guardias civiles armados en sus aguas tuviera consecuencias diplomáticas más graves.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, opina sin embargo que el Gobierno español "no debería haber pedido disculpas a la autoridad gibraltareña", por la actuación de los cuatro guardias civiles del Servicio Marítimo de Algeciras (Cádiz), detenidos en la tarde del 7 de diciembre por la policía de Gibraltar. En su opinión, la llamada de Alfredo Pérez Rubalcaba al ministro principal, Peter Caruana, se enmarca en su "posición blanda" en política internacional.
González Pons ha hablado para TVE y ha dicho que el Gobierno no debió pedir disculpas sin haber preguntado antes a la Guardia Civil "si había o no encendido las luces de alarma y si había o no dado aviso, y más sabiendo que desde el año 2000 hay un acuerdo, por el cual en situaciones de emergencia como esta, la Guardia Civil puede entrar persiguiendo delincuentes en las aguas del puerto de Gibraltar". "A mi personalmente me hubiera gustado que primero hubiera hablado el ministro del Interior con los guardias civiles, antes de llamar a la autoridad de Gibraltar para pedirles disculpas, y que si la Guardia Civil le dice al Gobierno que encendió las luces de alarma y que dio aviso, que hubiera defendido a la Guardia Civil ante la autoridad gibraltareña", ha subrayado.
Y ha seguido atacando la política exterior del Ejecutivo argumentando que "no es Gibraltar el problema" sino que "nuestro Gobierno, en vísperas de la entrada a la presidencia de la Unión Europea mantiene una posición blanda en política internacional, una posición mal dibujada" lo que, a su juicio, ha hecho "de la poca resistencia o de la blandura del Gobierno español una forma de hacer política internacional que se está demostrando un verdadero fracaso".
Dicho esto, el dirigente 'popular' ha añadido que "el tema no es la persecución de los guardias civiles en aguas del puerto Gibraltar de unos delincuentes" sino "las ganas de provocar": "El objetivo de Gibraltar con todo esto es darle notoriedad a una causa gibraltareña que no existe, y nosotros deberíamos intentar que siguiera sin existir". Su conclusión es que "con Gibraltar la tensión está creciendo provocada por la autoridad gibraltareña en la medida en que nosotros les hemos reconocido como interlocutores".
En cuanto al caso de Aminetu Haidar, su opinión es que "fue una decisión bastante idiota del Gobierno de Zapatero porque no se puede dejar entrar a nadie sin pasaporte", a lo que ha añadido que el Gobierno "de bueno resulta tonto". Su argumentación es que "no se puede llevar hasta el extremo de que un problema que es realmente un problema marroquí, acabe convirtiéndose en un callejón sin salida para la política internacional de España". Y, además, se ha mostrado partidario de que Haidar sea alimentada en caso de que el Estado tenga capacidad jurídica para ello, y así este "cumpla con la obligación que tiene, de preservar la vida de todos los ciudadanos".
