nuevatribuna.es
23 de febrero de 2009, 17:30
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 23.02.2009
El PP ha ampliado el plazo de su amenaza a Baltasar Garzón. El responsable de Justicia del partido, Federico Trillo, ha aclarado este lunes que será mañana cuando presenten una querella por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional si éste no se inhibe a lo largo del día en la instrucción de la causa sobre la supuesta trama de corrupción vinculada al PP, conocida como ‘operación Gürtel’.
El magistrado, que hoy no se ha incorporado a su trabajo después de que el pasado viernes sufriera una crisis de ansiedad, tiene de plazo hasta este martes para “soltar” la causa. El PP entiende que si hay aforados la competencia corresponde a los tribunales superiores de justicia.
PEDRAZ SUSPENDE LOS INTERROGATORIOS
Por su parte el juez que ha sustituido de guardia a Garzón durante el fin de semana, Santiago Pedraz, ha decidido suspender los interrogatorios previstos para hoy alegando falta de tiempo. Estaba previsto que declarasen ante el juez el ex vocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa José Javier Nombela Olmo, que fue cesado el pasado jueves por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, por "pérdida de confianza".
El magistrado también tenía previsto tomar declaración al ex director gerente de la Fundación Baleares Sostenible y ex presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios Pablo Collado Serra, que fue consejero delegado de Easy Concept.
Los otros tres imputados que estaban citados en la Audiencia Nacional eran Fernando Torres Manso, que fue apoderado de Special Events; María Victoria Romero Párraga, accionista de esta empresa y de Pasadena Viajes; y Luis de Miguel Pérez, quien ha tenido cargos en la administración de estas dos empresas y de Easy Concept.
DOSSIERES CON EL NOMBRE DE GRANADOS
También hoy se ha conocido que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, podrían emprender acciones legales por unos nuevos dossieres que le involucran en negocios ilegales con constructores. Alguno de los informes incluye fotografías de sus propiedades. Granados quiere conocer al detalle el alcance del seguimiento del que ha sido objeto y sus autores para decidir si presenta una querella.
Los dossiers vuelven a tener origen desconocido, y el consejero se muestra tan inquieto como en su día lo estuvo el vicepresidente Ignacio González, que denunció en los juzgados el seguimiento del que fue objeto. González llegó a sugerir que esos dossiers (que le atribuían trato de favor a empresarios) podrían tener su origen en la propia Comunidad.
MICHAVILA Y SUS RELACIONES CON BOADILLA
Asimismo han aparecido informaciones que vinculan al diputado del PP, José María Michavila, con dos imputados por corrupción. En concreto, y según publica El Periódico de Catalunya, el ex alcalde Arturo González Panero, dio luz verde a un contrato con el despacho EIUS Abogados, donde presta sus servicios el ex ministro de Justicia.
El Mundo informa que en 2006 y a instancias de Panero el ex ministro de Justicia pidió seis millones a Mutua Madrileña como mediador entre esa empresa y la consultora Global Health, cliente del bufete donde trabaja, para construir una megaciudad sanitaria en Boadilla del Monte (Madrid), según confirmó él mismo.
El PP ha ampliado el plazo de su amenaza a Baltasar Garzón. El responsable de Justicia del partido, Federico Trillo, ha aclarado este lunes que será mañana cuando presenten una querella por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional si éste no se inhibe a lo largo del día en la instrucción de la causa sobre la supuesta trama de corrupción vinculada al PP, conocida como ‘operación Gürtel’.
El magistrado, que hoy no se ha incorporado a su trabajo después de que el pasado viernes sufriera una crisis de ansiedad, tiene de plazo hasta este martes para “soltar” la causa. El PP entiende que si hay aforados la competencia corresponde a los tribunales superiores de justicia.
PEDRAZ SUSPENDE LOS INTERROGATORIOS
Por su parte el juez que ha sustituido de guardia a Garzón durante el fin de semana, Santiago Pedraz, ha decidido suspender los interrogatorios previstos para hoy alegando falta de tiempo. Estaba previsto que declarasen ante el juez el ex vocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa José Javier Nombela Olmo, que fue cesado el pasado jueves por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, por "pérdida de confianza".
El magistrado también tenía previsto tomar declaración al ex director gerente de la Fundación Baleares Sostenible y ex presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios Pablo Collado Serra, que fue consejero delegado de Easy Concept.
Los otros tres imputados que estaban citados en la Audiencia Nacional eran Fernando Torres Manso, que fue apoderado de Special Events; María Victoria Romero Párraga, accionista de esta empresa y de Pasadena Viajes; y Luis de Miguel Pérez, quien ha tenido cargos en la administración de estas dos empresas y de Easy Concept.
DOSSIERES CON EL NOMBRE DE GRANADOS
También hoy se ha conocido que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, podrían emprender acciones legales por unos nuevos dossieres que le involucran en negocios ilegales con constructores. Alguno de los informes incluye fotografías de sus propiedades. Granados quiere conocer al detalle el alcance del seguimiento del que ha sido objeto y sus autores para decidir si presenta una querella.
Los dossiers vuelven a tener origen desconocido, y el consejero se muestra tan inquieto como en su día lo estuvo el vicepresidente Ignacio González, que denunció en los juzgados el seguimiento del que fue objeto. González llegó a sugerir que esos dossiers (que le atribuían trato de favor a empresarios) podrían tener su origen en la propia Comunidad.
MICHAVILA Y SUS RELACIONES CON BOADILLA
Asimismo han aparecido informaciones que vinculan al diputado del PP, José María Michavila, con dos imputados por corrupción. En concreto, y según publica El Periódico de Catalunya, el ex alcalde Arturo González Panero, dio luz verde a un contrato con el despacho EIUS Abogados, donde presta sus servicios el ex ministro de Justicia.
El Mundo informa que en 2006 y a instancias de Panero el ex ministro de Justicia pidió seis millones a Mutua Madrileña como mediador entre esa empresa y la consultora Global Health, cliente del bufete donde trabaja, para construir una megaciudad sanitaria en Boadilla del Monte (Madrid), según confirmó él mismo.
