nuevatribuna.es
5 de noviembre de 2009, 12:22
NUEVATRIBUNA.ES - 5.11.2009
Consiste en atacar a todas las instituciones del Estado para desviar la atención y, de paso, sembrar dudas sobre la legitimidad y la legalidad de algunos procesos en los que están inmersos. Y es en esta estrategia en la que se enmarca la denuncia sobre la utilización de SITEL, un sofisticado sofware para interceptar comunicaciones que se está utilizando en la lucha antiterrorista, para supuestas escuchas ilegales. El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, lanzó el miércoles la primera piedra llegando a afirmar que "España es hoy una sociedad vigilada" y que "no existe ningún control sobre la capacidad del Gobierno de limitar algunos derechos civiles de los españoles como el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones”.
Este jueves, la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido en que el Gobierno actúa al margen de la ley, aprovechando el vacío normativo que hay al respecto, y ha anunciado que su partido "no parará" hasta que consiga una regulación legal ad hoc para la utilización de SITEL.
La preocupación del PP por salvaguardar el secreto de nuestras comunicaciones sería legítima si no se apoyara en una serie de afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Ese secreto está garantizado constitucionalmente y sólo puede ser "restringido, limitado o afectado" con la preceptiva autorización judicial. Así lo han subrayado las principales asociaciones de jueces y fiscales, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, cuyo portavoz, Antonio García, ha querido dejar claro que "un Estado de Derecho no es un Estado policial".
A pesar de desconocer la utilización exacta del actual sistema de grabación de comunicaciones SITEL, sí ha explicado que sólo en casos excepcionales como los relativos al terrorismo la policía puede intervenir una comunicación, pero siempre que lo comunique inmediatamente a los jueces para que decidan si revalidan o revocan la interceptación: "Todo lo que no sea eso es moverse extrarradio de las reglas de un Estado de Derecho y contravenir gravísimamente las garantías constitucionales, lo que puede suponer en último término la comisión de un delito".
"Los jueces -ha dicho- no manosean" derechos fundamentales, "no se restringen por cualquiera ni de cualquier manera sino con causas plenamente justificadas y con una delicadeza y sentido de la proporción verdaderamente extraordinario".
También el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha explicado que en algunas situaciones de urgencia como las que se desprenden de una investigación sobre presunto terrorismo la Policía puede intervenir una comunicación y "en 24 horas" dar aviso a la Audiencia Nacional para que "lo revoque o ratifique la autorización". De todos modos, ha retado a quien "tenga pruebas de que el Gobierno está realizando escuchas ilegales" a que "las muestre".
Desde el Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo ha suscrito que en el marco constitucional no cabe por norma general "ningún tipo de intervención de las comunicaciones sin autorización judicial" y ha añadido que si se comete algún abuso en este sentido es preceptivo de un delito: "Lo haga quien lo haga, el Gobierno, el CNI o quien sea porque nadie está por encima de la Ley".
UN AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
Por su parte, el presidente de Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled ha criticado las acusaciones del PP al considerarlas de "una frivolidad que ya parece malsana". Ha coincidido con los jueces en que "si un partido sospecha que se están produciendo interceptaciones de comunicaciones ilegales y sin autorización judicial, eso es un delito y lo que tiene que hacer es denunciarlo para que sea debidamente investigado".
Ha explicado que el sistema SITEL es un progreso técnico pero que "no tiene nada que ver" con la autorización judicial que siempre se requiere "se graben por el sistema que se graben" las comunicaciones personales. Sobre las características de SITEL ha hablado también la presidenta de la Asociación de Fiscales, Pilar Jiménez, que lo ha defendió "totalmente" para "investigar y prevenir la delincuencia" porque considera que es un sistema "muy útil" siempre y cuando se utilice "conforme a la legalidad".
Tanto Jiménez como la portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Silvia Albert, han pedido que "si alguien conoce o sospecha" que se llevan a cabo este tipo de intervenciones "sin control judicial" lo denuncie en los juzgados, aunque con la información de la que disponen el sistema se está utilizando "con autorización judicial".
Consiste en atacar a todas las instituciones del Estado para desviar la atención y, de paso, sembrar dudas sobre la legitimidad y la legalidad de algunos procesos en los que están inmersos. Y es en esta estrategia en la que se enmarca la denuncia sobre la utilización de SITEL, un sofisticado sofware para interceptar comunicaciones que se está utilizando en la lucha antiterrorista, para supuestas escuchas ilegales. El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, lanzó el miércoles la primera piedra llegando a afirmar que "España es hoy una sociedad vigilada" y que "no existe ningún control sobre la capacidad del Gobierno de limitar algunos derechos civiles de los españoles como el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones”.
Este jueves, la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido en que el Gobierno actúa al margen de la ley, aprovechando el vacío normativo que hay al respecto, y ha anunciado que su partido "no parará" hasta que consiga una regulación legal ad hoc para la utilización de SITEL.
La preocupación del PP por salvaguardar el secreto de nuestras comunicaciones sería legítima si no se apoyara en una serie de afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Ese secreto está garantizado constitucionalmente y sólo puede ser "restringido, limitado o afectado" con la preceptiva autorización judicial. Así lo han subrayado las principales asociaciones de jueces y fiscales, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, cuyo portavoz, Antonio García, ha querido dejar claro que "un Estado de Derecho no es un Estado policial".
A pesar de desconocer la utilización exacta del actual sistema de grabación de comunicaciones SITEL, sí ha explicado que sólo en casos excepcionales como los relativos al terrorismo la policía puede intervenir una comunicación, pero siempre que lo comunique inmediatamente a los jueces para que decidan si revalidan o revocan la interceptación: "Todo lo que no sea eso es moverse extrarradio de las reglas de un Estado de Derecho y contravenir gravísimamente las garantías constitucionales, lo que puede suponer en último término la comisión de un delito".
"Los jueces -ha dicho- no manosean" derechos fundamentales, "no se restringen por cualquiera ni de cualquier manera sino con causas plenamente justificadas y con una delicadeza y sentido de la proporción verdaderamente extraordinario".
También el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha explicado que en algunas situaciones de urgencia como las que se desprenden de una investigación sobre presunto terrorismo la Policía puede intervenir una comunicación y "en 24 horas" dar aviso a la Audiencia Nacional para que "lo revoque o ratifique la autorización". De todos modos, ha retado a quien "tenga pruebas de que el Gobierno está realizando escuchas ilegales" a que "las muestre".
Desde el Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo ha suscrito que en el marco constitucional no cabe por norma general "ningún tipo de intervención de las comunicaciones sin autorización judicial" y ha añadido que si se comete algún abuso en este sentido es preceptivo de un delito: "Lo haga quien lo haga, el Gobierno, el CNI o quien sea porque nadie está por encima de la Ley".
UN AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
Por su parte, el presidente de Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled ha criticado las acusaciones del PP al considerarlas de "una frivolidad que ya parece malsana". Ha coincidido con los jueces en que "si un partido sospecha que se están produciendo interceptaciones de comunicaciones ilegales y sin autorización judicial, eso es un delito y lo que tiene que hacer es denunciarlo para que sea debidamente investigado".
Ha explicado que el sistema SITEL es un progreso técnico pero que "no tiene nada que ver" con la autorización judicial que siempre se requiere "se graben por el sistema que se graben" las comunicaciones personales. Sobre las características de SITEL ha hablado también la presidenta de la Asociación de Fiscales, Pilar Jiménez, que lo ha defendió "totalmente" para "investigar y prevenir la delincuencia" porque considera que es un sistema "muy útil" siempre y cuando se utilice "conforme a la legalidad".
Tanto Jiménez como la portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Silvia Albert, han pedido que "si alguien conoce o sospecha" que se llevan a cabo este tipo de intervenciones "sin control judicial" lo denuncie en los juzgados, aunque con la información de la que disponen el sistema se está utilizando "con autorización judicial".
