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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 6.10.2009

El PP pidió este martes la comparecencia del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido; y de los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Francisco Caamaño para que expliquen en sede parlamentaria el archivo del caso ‘Faisán’.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría subrayó la “gravedad” del asunto y aseguró que “o no se ha investigado o alguien está ocultando lo que pasó”. A su juicio, el Gobierno “tiene que dar explicaciones” y “depurar responsabilidades políticas”.

En respuesta, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, acusó al PP de intentar “amedrentar” y “amenazar” a las instituciones del Estado, a las que “hay que dejar trabajar”, destaco.

Para el dirigente socialista, que evitó informar pronunciarse sobre las comparecencias solicitadas por el principal partido de la oposición, resulta “increíble” que el PP haya “puesto en cuestión” el Pacto Antiterrorista: “Ya está bien”, dijo notablemente molesto con el asunto.

TRILLO CUESTIONA EL PACTO ANTI-ETA

Por su parte, el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, tildó de "sectárea, arbitraria y política" la petición realizada por la Fiscalía de archivar la investigación en torno al llamado 'caso Faisán' y destacó que "afecta" al buen entendimiento con el Gobierno en la lucha antiterrorista.

Además, indicó que las explicaciones que ayer le dio el Ministerio del Interior no han satisfecho a su partido al considerarlas "escasas" y "confusas".

Así se pronunció el responsable del PP en declaraciones a la Cadena Cope, donde puso de relieve el "escándalo inaceptable" que supone la petición de cerrar el caso de "un delito gravísimo": "La Fiscalía está pidiendo archivar un delito gravísimo que se conoció hace tres años, que ha estado durmiendo el sueño de los justos o injustos en manos de Garzón y que precisamente ahora que Garzón lo está pasando comprometidamente y mal ante el Tribunal Supremo se presenta como si no hubiera pasado nada y como un borrón y cuenta nueva".

El portavoz de Justicia 'popular' subrayó que su partido no aceptará el archivo de la causa cuando ha "tenido que taparse la nariz" para, después de la "negociación infame" con ETA, pactar con el PSOE cuando los socialistas decidieron "volver al camino del imperio de la Ley". "No se puede andar con tapujos y menos de los fiscales que ya entonces tuvimos que soportar al mismo fiscal general del Estado dando el espectáculo de aquello del polvo de las togas cuando la tregua", remachó.

Dicho esto, Trillo indicó que ayer trasladó al ministro del Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba, que el archivo del 'chivatazo' "afecta" al buen entendimiento en la lucha contra ETA y que "ha puesto en cuestión" el funcionamiento "normal" y "eficaz" de las fuerzas de seguridad, los jueces y tribunales.

Del Ministerio del Interior, Trillo dijo haber recibido "receptividad" a la hora de hablar de terrorismo pero esto, añadió, "no significa que las explicaciones hayan satisfecho" al PP, partido que las ha visto "escasas y confusas". Por ello, subrayó los 'populares' han solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

LA INVESTIGACIÓN, EN PUNTO MUERTO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se archive el caso del supuesto "chivatazo" a ETA del bar Faisán al no haberse identificado a sus presuntos autores.

Durante tres años se ha investigado quién fue el policía que presuntamente alertó de una operación policial contra la red de extorsión de ETA al dueño del bar Faisán, en Irún, al que estaba vinculada esta red de extorsión. Fue el propietario del bar, Joseba Elosua, detenido en la operación contra la red, quien reveló que había recibido un chivatazo policial, aunque no reconoció a nadie. Ante la falta de pruebas, la Fiscalía pide que ser archive el caso, petición que debe resolver el juez Baltasar Garzón.

La operación Faisán se desarrolló finalmente el 20 de junio de 2006 y permitió desarticular una red de extorsión de ETA que utilizaba el bar para el cobro del 'impuesto revolucionario'. En total hay 24 personas procesadas por delitos de terrorismo a la espera de juicio.

El PP arremete contra el archivo de 'Faisán'