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NUEVATRIBUNA.ES 11.09.2009

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), cuyo presidente Juan Luis de la Rúa mantiene una relación de amistad con Francisco Camps, está utilizando todos los vericuetos jurídicos posibles para deshacerse de la tan espinosa trama Gürtel en su vertiente valenciana. Si el archivo de la causa contra el jefe del Ejecutivo regional provocó no pocas críticas en ciertos sectores de la judicatura y la recusación por orden del Ministerio Fiscal, ahora la documentación ocultada y hasta desaparecida pone aún más en evidencia la falta de rigor con la que está actuando del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, el jueves, el TSJV remitió al juez que instruye el caso en Madrid, Antonio Pedreira, un informe sobre la supuesta financiación ilegal del PP en Valencia. El documento, recibido el 31 de julio, está firmado por el comisario jefe de la brigada de blanqueo de capital bajo el título Orange Market, sistema de facturación y financiación de los actos del PP en la Comunidad Valenciana. Los jueces valencianos decidieron no investigar el caso alegando que también había sido remitido al Supremo y al de Madrid y que por ello no tenían obligación de abrir una causa.

Orange Market es la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, del que Camps recibió regalos. Adjudicataria de muchos contratos de la Comunidad valenciana, se mantiene en el punto de mira después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón solicitara a la Generalitat que remitiera los expedientes completos de contratación y facturas desde 1998 con trece empresas relacionadas con Francisco Correa. En mayo pasado, el Ministerio Fiscal solicitó a Pedreira que volviera a requerir dicha documentación, cosa que hizo el 3 de agosto sin que por el momento haya recibido contestación alguna. El TSJM sigue esperando una respuesta que en caso de no recibir podría derivar en una orden de registro en la Generalitat decretada por el juez, según señalan fuentes consultadas.

En un comunicado remitido el martes, Pedreira aclaró que siempre obró a petición del Ministerio Fiscal y que las actuaciones no están dirigidas contra Camps sino al interés de conocer las actividades de dichas empresas ya que su ámbito de actuación era nacional. Los malentendidos no ocultan sin embargo la ‘guerra’ entre tribunales que se está derivando de este asunto. En primer lugar por las cajas de documentos que se encuentran en paradero desconocido y cuyo extravió niega el TSJV (lo que también pone de manifiesto que el tribunal archivó el caso sin analizar todas las pruebas); y en segundo lugar, por su negativa a pronunciarse sobre el auto de inhibición presentado por el TSJM.

El 27 de julio, Pedreira solicitó inhibirse de parte del procedimiento a favor del Tribunal valenciano de los hechos imputados a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, en relación con las eventuales entregas de prendas de vestir a Francisco Camps; Ricardo Costa (secretario general de los populares valencianos); Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia; y Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat valenciana, uniéndolos así a la investigación. Pues bien, este jueves, el TSJV volvió a insistir en que no se pronunciará sobre este tema dado que la causa por los trajes de Camps está “archivada y sobreseída”.

Con el archivo de la causa, el TSJV ha evitado abrir una investigación sobre la relación de las empresas de Correa con la Generalitat (tal y como solicitó Pedreria) y ha eludido su responsabilidad de investigar una documentación que el TSJM dice haber remitido y que ahora no aparece por ninguna parte.

El juez podría ordenar el registro de las sedes de la Generalitat Valenciana