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sábado. 04.02.2023
EL "SAQUEO" DE BALEARES Y COMUNIDAD VALENCIANA

El juez del ‘caso Nóos’ apunta la “responsabilidad” de los gobiernos del PP en Valencia y Baleares

Ni Urdangarin ni su exsocio Diego Torres son "los únicos criminalmente responsables" asevera José Castro en su auto respecto a las adjudicaciones millonarias que se dieron al yerno del rey. La oposición en Valencia exige a la Generalitat que se persone en la causa y pide explicaciones a Camps, Barberá y González Pons.

Según el juez, "todo es una auténtica trama urdida por los imputados (Urdangarin y Torres) para desviar fondos públicos en su beneficio"

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, quien este miércoles ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres, ha aseverado en su auto que ambos no son "los únicos criminalmente responsables" y ha reprochado en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.

En una resolución de 542 páginas, el magistrado llega a afirmar que se limita a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".

De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma asevera que los responsables de las Administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".

En cualquier caso, añade que "se habrá de silenciar en este momento cualquier pronunciamiento sobre las restantes personas, a reserva de lo que el futuro procesal de esta causa pueda depararles", centrando así sus consideraciones en la "esfera privada", en la que "existen suficientes indicios de que su protagonismo recae, de una parte, sobre don Iñaki Urdangarin y don Diego Torres y, de otra, sobre una serie de personas, unas perfectamente identificadas y otras que previsiblemente lo estarán" por haber "colaborado de manera diversa en la actividad delictiva".

Al hilo de lo anterior, Castro asevera que son "muy intensos y variados" los indicios de que fueron ambos quienes "impusieron la redacción de los distintos convenios" rubricados con las Administraciones, "calcados en gran parte los de una Comunidad a los de la otra y fijaron unilateralmente el precio que en todos los casos fue asumido sin discusión ni contraste por los responsables de las distintas Administraciones públicas".

Asimismo, respecto al hecho de que los servicios contratados por Baleares y la Comunidad Valenciana con Nóos se amparasen en la fórmula del convenio de colaboración, el juez apunta que para saber si se trata de un "auténtico convenio de colaboración no radica en que a sus intervinientes se les haya ocurrido la feliz idea de llamarlo como tal para liberarse de la esclavitud de los rigores contractuales administrativos, sino su naturaleza intrínseca".

Con ello el magistrado se aviene a recalcar que, "le llamen como le llamen", quedará sujeto a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en contra de un extenso dictamen jurídico aportado recientemente por el Duque que avalaba que los convenios no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que, a juicio del autor del informe, no cabía supervisar o auditar el precio abonado por los Ejecutivos autonómicos como contraprestación.

El juez recalca asimismo cómo los encargos contratados por las Administraciones con Urdangarin y Torres, a través de sus sociedades, "no respondían a necesidades sentidas por aquéllas y que estuvieran llamadas a satisfacer a través de aquéllos como de cualquier otro proveedor".

"La necesidad no existía y fue expresamente fabricada para que se ajustara al ofrecimiento que le hacían don Iñaki Urdangarin y don Diego Torres", apostilla el instructor de la causa, "de tal manera que si la oferta no se hubiera producido la necesidad no hubiera nacido". Es más, afirma que al tratarse de acuerdos puramente verbales, "más grave aún en atención a su elevado importe, quedaban extramuros de cualquier normativa que, en otro caso, pudiera regularlos".

Es más, el juez sostiene que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones públicas y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin"Castro acusa al Duque de Palma y su exsocio Diego Torres, de "rodearse de esa aureola de falta de ánimo de lucro" para que "no sólo nadie sospechara, sino que encima les albergara ese paraguas de bondad y de ayuda al prójimo".

El magistrado considera "claro y evidente" que los contratos rubricados entre Nóos y las Comunidades balear y valenciana "son nulos de pleno derecho", todo ello mediante convenios que daban forma jurídica a las decisiones que anteriormente habían sido adoptadas de forma "total y absolutamente injusta, al margen de cualquier expediente administrativo" que, a juicio del instructor, "hubiera perjudicado la idea inicial de beneficiar a unas personas concretas".

"Mediante la vestimenta del convenio de colaboración, las Administraciones permitían asegurar la concesión al señor Urdangarin de todo lo que éste pedía... prescindiendo de los criterios requeridos por la Ley, como son los de objetividad, legalidad y servicio a los intereses generales exigibles en la actuación administrativa", añade Castro. A juicio del juez, las contrataciones obedecían "al mero interés de conceder al señor Urdangarin todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real".

Es por ello que, insiste, las instituciones públicas "convirtieron, para poder cumplir los deseos" del Duque de Palma, "en una mera cobertura una decisión ya tomada de antemano, de forma puramente arbitraria". Con todo, el magistrado apunta que a lo largo de la instrucción de la causa han aparecido "más que suficientes pruebas" de que tanto Urdangarin como Torres pudieron incurrir en varios delitos de malversación, prevaricación, falsedad, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros.

"Todo es una auténtica trama urdida por los imputados para desviar fondos públicos en su beneficio, prevaliéndose de su condición de superioridad para, con ánimo de lucro, hacer que la Administración pública contratara con ellos de una forma total y absolutamente arbitraria", incide el instructor, quien recalca que para ello se saltaron "todas y cada una de las reglas que rigen la contratación pública y administrativa".

EUPV y Compromís piden a la Generalitat valenciana que se persone en el caso Nóos

El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Ignacio Blanco, considera que es "inconcebible" que la Abogacía del Estado se persone en el caso Nóos "y todavía no lo hayan hecho el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat ".  A su juicio, "hay que establecer las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales, caiga quien caiga, porque tan responsable es quién cogía el dinero como quién se los daba al margen de la ley". "Por eso queremos que la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia se personen ante el juez Castro, en cuya actuación confiamos plenamente", ha remarcado.

Asimismo, ha afirmado que sobre Nóos "tendrán que responder también los altos cargos políticos del PP que adjudicaron sin concurso fondos públicos millonarios al yerno del rey, entre otros el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà y el exconsejero y vicesecretario general de Estudios y Programas del PP González Pons".

Por su parte, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, considera que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "tiene que reaccionar urgentemente y hacer que la Generalitat se persone en el caso Nóos como parte perjudicada". Morera considera que la fianza impuesta a Urdangarin, "revela que el Fiscal ha calculado en esa cantidad todo el dinero saqueado a las diferentes administraciones públicas, en clara connivencia con los responsables políticos que apoyaron y subvencionaron dichas acciones".

Para el político de Compromís, la fianza es "muy aclaratoria" y "se confirma que ha habido un saqueo tolerado y permitido de los recursos público". Por ello, advierte de que de no personarse el Consejo como parte afectada, "situaría a Alberto Fabra como cómplice de todo ese daño que se ha hecho a las arcas públicas valencianas y también a la credibilidad y la imagen de nuestras instituciones".

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