nuevatribuna.es
2 de febrero de 2010, 9:07
NUEVATRIBUNA.ES - 2.2.2010
El fallo es la respuesta a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, que acudió a los tribunales después de que Esperanza Aguirre se saltara el veto del ayuntamiento, que le negó la licencia, y recurriera a una norma que permite a la Comunidad promover una obra sin el preceptivo permiso municipal en casos "urgentes o de excepcional interés público".
El TSJM pone en entredicho la actuación en todo el asunto del vicepresidente Ignacio González, hombre de la máxima confianza de Aguirre, que primero impulsó la construcción de la instalación deportiva y luego se la adjudicó a un socio de su familia, su cuñado, José Juan Caballero. Otras empresas relacionadas con el vicepresidente se beneficiaron de varias subcontratas de una obra cuyo presupuesto alcanzó los 3,5 millones de euros.
No es la primera vez que las acusaciones de nepotismo han salpicado al Ejecutivo madrileño. En octubre de 2006, se publicó que Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, había ganado 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, ex director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.
Por no mencionar los más de ocho millones de euros que habrían ganado en dos años y medio los tíos maternos y los primos de Esperanza Aguirre con la compraventa de las fincas que adquirieron en el verano de 2001 y que vendieron en enero de 2004 en Tres Cantos, según denunció el portavoz socialista, Miguel Aguado. Según la denuncia, la operación fue realizada por los Gil de Biedma Seoane, principales socios españoles de la firma de corredores de seguros AON Gil y Carvajal, en enero de 2004, ocho meses después de que el Gobierno Local, formado por Tres Cantos Unido y el PP, aprobara el nuevo PGOU, en mayo de 2003, tres semanas antes de las elecciones municipales.
De todos los supuestos 'pelotazos' en los que han incurrido los gobernantes madrileños el más sonado es este, que además consiguió 'hermanar' por una vez y sin que sirva de precedente a la presidenta y al alcalde, su eterno rival político, Alberto Ruiz Gallardón. Ambos mantenían vínculos empresariales cuando se realizo la denominada “Trama del Ladrillo de Tres Cantos”, como desvela la información que ofrecieron los socialistas tricantinos. Otro dato, no precisamente menor, es que los terrenos por los que familiares de Esperanza Aguirre obtuvieron grandes plusvalías estaban afectados por el trazado del AVE, diseñado desde el Ministerio de Fomento gobernado en aquel entonces por su propio partido. El negocio arrancó en 1998 cuando el PP decidió colocar la única estación del AVE Madrid Lleida, a su paso por Guadalajara, en la pequeña localidad de Yebes.
Todos estos asuntos, a pesar de su gravedad, parecen una minucia a la luz de las revelaciones que se han producido durante el último año sobre las relaciones de la Comunidad de Madrid y la trama Gürtel, aún pendientes de dilucidar en los tribunales. Sobre Aguirre y su equipo pesan, además, las sospechas de haber montado toda una red de espionaje, lo que Manuel Cobo ha definido como la gestapillo, y de haber recibido cuantiosas donaciones de Gerardo Díaz Ferrán, el jefe de la patronal que actualmente está en la picota por su gestión empresarial, lo que se conoce como el caso Fundescam. Y, por cierto, estas donaciones se produjeron de cara a la campaña de las elecciones de 2003, tras las que Aguirre se hizo con el poder en Madrid gracias a otro escándalo mayúsculo: el tamayazo.
El fallo es la respuesta a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, que acudió a los tribunales después de que Esperanza Aguirre se saltara el veto del ayuntamiento, que le negó la licencia, y recurriera a una norma que permite a la Comunidad promover una obra sin el preceptivo permiso municipal en casos "urgentes o de excepcional interés público".
El TSJM pone en entredicho la actuación en todo el asunto del vicepresidente Ignacio González, hombre de la máxima confianza de Aguirre, que primero impulsó la construcción de la instalación deportiva y luego se la adjudicó a un socio de su familia, su cuñado, José Juan Caballero. Otras empresas relacionadas con el vicepresidente se beneficiaron de varias subcontratas de una obra cuyo presupuesto alcanzó los 3,5 millones de euros.
No es la primera vez que las acusaciones de nepotismo han salpicado al Ejecutivo madrileño. En octubre de 2006, se publicó que Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, había ganado 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, ex director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.
Por no mencionar los más de ocho millones de euros que habrían ganado en dos años y medio los tíos maternos y los primos de Esperanza Aguirre con la compraventa de las fincas que adquirieron en el verano de 2001 y que vendieron en enero de 2004 en Tres Cantos, según denunció el portavoz socialista, Miguel Aguado. Según la denuncia, la operación fue realizada por los Gil de Biedma Seoane, principales socios españoles de la firma de corredores de seguros AON Gil y Carvajal, en enero de 2004, ocho meses después de que el Gobierno Local, formado por Tres Cantos Unido y el PP, aprobara el nuevo PGOU, en mayo de 2003, tres semanas antes de las elecciones municipales.
De todos los supuestos 'pelotazos' en los que han incurrido los gobernantes madrileños el más sonado es este, que además consiguió 'hermanar' por una vez y sin que sirva de precedente a la presidenta y al alcalde, su eterno rival político, Alberto Ruiz Gallardón. Ambos mantenían vínculos empresariales cuando se realizo la denominada “Trama del Ladrillo de Tres Cantos”, como desvela la información que ofrecieron los socialistas tricantinos. Otro dato, no precisamente menor, es que los terrenos por los que familiares de Esperanza Aguirre obtuvieron grandes plusvalías estaban afectados por el trazado del AVE, diseñado desde el Ministerio de Fomento gobernado en aquel entonces por su propio partido. El negocio arrancó en 1998 cuando el PP decidió colocar la única estación del AVE Madrid Lleida, a su paso por Guadalajara, en la pequeña localidad de Yebes.
Todos estos asuntos, a pesar de su gravedad, parecen una minucia a la luz de las revelaciones que se han producido durante el último año sobre las relaciones de la Comunidad de Madrid y la trama Gürtel, aún pendientes de dilucidar en los tribunales. Sobre Aguirre y su equipo pesan, además, las sospechas de haber montado toda una red de espionaje, lo que Manuel Cobo ha definido como la gestapillo, y de haber recibido cuantiosas donaciones de Gerardo Díaz Ferrán, el jefe de la patronal que actualmente está en la picota por su gestión empresarial, lo que se conoce como el caso Fundescam. Y, por cierto, estas donaciones se produjeron de cara a la campaña de las elecciones de 2003, tras las que Aguirre se hizo con el poder en Madrid gracias a otro escándalo mayúsculo: el tamayazo.
