El Consejo de Ministros ha dado este viernes luz verde al anteproyecto de Ley que actualiza la legislación de protección de la infancia que recoge las recomendaciones de la Comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional aprobando en noviembre de 2010 por unanimidad una serie de propuestas.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo que el texto también incorpora las aportaciones de las Comunidades Autónomas, el Defensor de Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Comité de Derechos del Niño, y de expertos y organizaciones de defensa de la infancia.
Pérez Rubalcaba ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "garantizar la protección jurídica del menor en todas las circunstancias, reforzar esa protección, así como la tarea de prevención sobre todo en situaciones de desamparo".
El vicepresidente ha añadido que se simplifican los trámites de adopción y de acogida familiar, se facilitará que los menores de seis años sean acogidos por familias y no vayan a instituciones, y se favorecerá la adopción de mayores de 18 años".
El Anteproyecto establece expresamente que los menores de tres años no ingresarán en los centros de protección y suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo. Además se acorta el período previo establecido para la presentación de la propuesta de adopción ante el juez (pasa de un año a tres meses); y posibilita que las entidades públicas atribuyan funciones de tutela a acogedores permanentes
También se permitirá la adopción de mayores de dieciocho años en los casos en los que estén previamente en situación de acogida familiar (ahora sólo es posible si el acogimiento se produce antes de los catorce años) o convivencia estable (normalmente con un familiar).
Respecto a los centros para menores con problemas de conducta, la norma aborda, por primera vez, las características de estos centros y establece una serie de garantías. Asimismo, se amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.
