nuevatribuna.es
28 de abril de 2010, 6:10
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 28.04.2010
El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no cierra la puerta a posibles modificaciones de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Así lo manifestó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en respuesta a la interpelación realizada por Joan Herrera en el pleno del Congreso de los diputados.
El diputado de ICV pidió este miércoles al Gobierno una reforma de la ley que sirva para acabar con el “vía crucis judicial” que están sufriendo los familiares de las víctimas de la dictadura a la hora de localizar y exhumar los restos de sus seres queridos. En este sentido, el Grupo de ERC-IU-ICV presentarán una moción que incluirá la modificación del artículo 11 de la normativa que fija el marco de colaboración de las administraciones públicas para los desenterramientos de las fosas del franquismo.
Herrera destacó que la ley “es un punto de partida no un punto de llegada” y que dos años y medio después de su aprobación algunos han confundido “la amnistía con la amnesia”. El diputado de izquierdas hizo balance de la aplicación de esta ley que calificó de “insuficiente” y cuyo desarrollo se está haciendo “al ralentí” y volvió a pedir la creación de una fiscalía especial para atender a las víctimas. A juicio del diputado catalán, la oficina creada para atender las peticiones de los familiares de desaparecidos “está siendo incapaz de dar respuesta”. También se refirió a la retirada de los símbolos de exaltación franquista y lo que considera “más grave”, el “vía crucis que están padeciendo para recuperar los cuerpos”.
Eso fue precisamente el detonante de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional, recordó Herrera, que en ningún momento citó al juez Baltasar Garzón pero sí la causa abierta por él y por la que la Fiscalía le declaró incompetente, una causa que trataba de esclarecer si se trataba de “crímenes de lesa humanidad”. La inhibición del magistrado a favor de los distintos jueces territoriales puso fin a las esperanzas de muchas personas que se han visto obligadas a “ir juzgado por juzgado para ver desenterrar a sus muertos”; a lo que hay que añadir las querellas admitidas por el Supremo de los herederos del fascismo, en alusión a Falange y Manos Limpias, que ha desembocado en la imputación de Garzón “por incumplir la Ley de Amnistía confundiéndola con una ley de punto final”.
Para Herrera, el ‘caso Garzón’ es un proceso que “ensucia de nuevo la memoria y condena las aspiraciones de justicia” de todas esas víctimas: “Nunca hemos compartido el elogio del olvido”, aseguró.
En su intervención, Caamaño se limitó a hacer un exhaustivo balance de todas las actuaciones llevadas a cabo por su Gobierno para la recuperación de la memoria: la declaración de ilegitimidad de todas las instituciones represivas; la nulidad de todas las sentencias emitidas por el régimen dictatorial de Francisco Franco: las declaraciones de reparación; el otorgamiento de la nacionalidad española a los brigadistas y a los hijos y nietos de los exiliados; la retirada de símbolos que exaltaran la sublevación militar; la elaboración de un mapa de fosas que, según el ministro está a punto de ver la luz; o las indemnizaciones aprobadas para los que sufrieron represión en el periodo que va de 1968 a diciembre de 1977.
El titular de Justicia también recordó el “esfuerzo presupuestario” llevado a cabo desde 2006, cuando el ministerio de Presidencia abrió una línea de subvenciones que hasta 2009 ascendía a más de 14 millones de euros y que en 2010 alcanza los 5 millones, dando “prioridad” a la exhumación de fosas con la aprobación de un protocolo.
En su turno de réplica, Herrera insistió en la necesidad de crear una fiscalía especial y volvió a reprochar al Gobierno no haber asumido la tarea de exhumar las fosas. El diputado recordó que su petición fue la misma que hicieron miles de familiares en la manifestación del pasado sábado en Madrid. “Le pedimos que muevan ficha, están desarrollando mal la ley, les pedimos que la reforman”, concluyó.
Caamaño evitó valorar las marchas de apoyo a Garzón e insistió en que “los gobiernos de Zapatero han sido los que más han trabajado” en la recuperación de la memoria histórica. A juicio del ministro, la Ley de Memoria Histórica “hace justicia” sin que ello sea impedimento para que el Ejecutivo “siga desarrollándola”.
“En ello vamos a seguir empeñados, abiertos al diálogo y a revisar lo que haya que revisar. Siempre estamos dispuestos a buscar soluciones y a modificar la ley”, afirmó para concluir.
El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no cierra la puerta a posibles modificaciones de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Así lo manifestó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en respuesta a la interpelación realizada por Joan Herrera en el pleno del Congreso de los diputados.
El diputado de ICV pidió este miércoles al Gobierno una reforma de la ley que sirva para acabar con el “vía crucis judicial” que están sufriendo los familiares de las víctimas de la dictadura a la hora de localizar y exhumar los restos de sus seres queridos. En este sentido, el Grupo de ERC-IU-ICV presentarán una moción que incluirá la modificación del artículo 11 de la normativa que fija el marco de colaboración de las administraciones públicas para los desenterramientos de las fosas del franquismo.
Herrera destacó que la ley “es un punto de partida no un punto de llegada” y que dos años y medio después de su aprobación algunos han confundido “la amnistía con la amnesia”. El diputado de izquierdas hizo balance de la aplicación de esta ley que calificó de “insuficiente” y cuyo desarrollo se está haciendo “al ralentí” y volvió a pedir la creación de una fiscalía especial para atender a las víctimas. A juicio del diputado catalán, la oficina creada para atender las peticiones de los familiares de desaparecidos “está siendo incapaz de dar respuesta”. También se refirió a la retirada de los símbolos de exaltación franquista y lo que considera “más grave”, el “vía crucis que están padeciendo para recuperar los cuerpos”.
Eso fue precisamente el detonante de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional, recordó Herrera, que en ningún momento citó al juez Baltasar Garzón pero sí la causa abierta por él y por la que la Fiscalía le declaró incompetente, una causa que trataba de esclarecer si se trataba de “crímenes de lesa humanidad”. La inhibición del magistrado a favor de los distintos jueces territoriales puso fin a las esperanzas de muchas personas que se han visto obligadas a “ir juzgado por juzgado para ver desenterrar a sus muertos”; a lo que hay que añadir las querellas admitidas por el Supremo de los herederos del fascismo, en alusión a Falange y Manos Limpias, que ha desembocado en la imputación de Garzón “por incumplir la Ley de Amnistía confundiéndola con una ley de punto final”.
Para Herrera, el ‘caso Garzón’ es un proceso que “ensucia de nuevo la memoria y condena las aspiraciones de justicia” de todas esas víctimas: “Nunca hemos compartido el elogio del olvido”, aseguró.
En su intervención, Caamaño se limitó a hacer un exhaustivo balance de todas las actuaciones llevadas a cabo por su Gobierno para la recuperación de la memoria: la declaración de ilegitimidad de todas las instituciones represivas; la nulidad de todas las sentencias emitidas por el régimen dictatorial de Francisco Franco: las declaraciones de reparación; el otorgamiento de la nacionalidad española a los brigadistas y a los hijos y nietos de los exiliados; la retirada de símbolos que exaltaran la sublevación militar; la elaboración de un mapa de fosas que, según el ministro está a punto de ver la luz; o las indemnizaciones aprobadas para los que sufrieron represión en el periodo que va de 1968 a diciembre de 1977.
El titular de Justicia también recordó el “esfuerzo presupuestario” llevado a cabo desde 2006, cuando el ministerio de Presidencia abrió una línea de subvenciones que hasta 2009 ascendía a más de 14 millones de euros y que en 2010 alcanza los 5 millones, dando “prioridad” a la exhumación de fosas con la aprobación de un protocolo.
En su turno de réplica, Herrera insistió en la necesidad de crear una fiscalía especial y volvió a reprochar al Gobierno no haber asumido la tarea de exhumar las fosas. El diputado recordó que su petición fue la misma que hicieron miles de familiares en la manifestación del pasado sábado en Madrid. “Le pedimos que muevan ficha, están desarrollando mal la ley, les pedimos que la reforman”, concluyó.
Caamaño evitó valorar las marchas de apoyo a Garzón e insistió en que “los gobiernos de Zapatero han sido los que más han trabajado” en la recuperación de la memoria histórica. A juicio del ministro, la Ley de Memoria Histórica “hace justicia” sin que ello sea impedimento para que el Ejecutivo “siga desarrollándola”.
“En ello vamos a seguir empeñados, abiertos al diálogo y a revisar lo que haya que revisar. Siempre estamos dispuestos a buscar soluciones y a modificar la ley”, afirmó para concluir.
