jueves. 28.03.2024
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS

Investigar el franquismo parece que es delito. Ayudar a las víctimas de una de las épocas más duras de la historia de España también. El juez Garzón conocido por meter la nariz en todas partes, ser criticado y envidiado, esta vez se ha metido en un problema de difícil salida. Franco desde su tumba sigue molestando. Sus seguidores mantienen su cuota de poder en parte de la Justicia española.

Este martes la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado solicitar al Ministerio Fiscal un informe sobre la posibilidad de suspender cautelarmente en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con su posible procesamiento por un delito de prevaricación por investigar las desapariciones del franquismo.

Esta decisión supone un primer paso en la posible suspensión del juez si bien el contenido del informe que emita el fiscal no es vinculante para la decisión que finalmente adopte el órgano de gobierno de los jueces, informaron fuentes de este órgano.

Esta decisión del Consejo se produce después de que el pasado jueves el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela emitiera un auto señalando que ve motivos para sentar a Garzón en el banquillo, si bien daba la posibilidad al juez de recurrir este escrito ante la Sala de lo Penal del Supremo para que sean los cinco magistrados de la misma los que validen o no esta decisión.

Así, la Comisión Permanente del CGPJ remite a la Fiscalía General del Estado todos los autos dictados por el Supremo en la causa abierta contra Garzón para que pueda fundamentar su informe. La labor de Garzón en la justicia española se complica.

El franquismo pone en jaque a la Justicia española: Garzón, su víctima