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viernes. 01.07.2022

El fiscal interviene en la disputa entre España y Venezuela sobre ETA

Cándido Conde-Pumpido ha advertido a Caracas que España "no está dispuesta a tolerar que el terrorismo tenga ningún tipo de soporte internacional" y ha destacado que el principio básico que impera en casos como el del miembro de ETA Arturo Cubillas es "o se entrega o se juzga".
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 13.10.2010

Tras asistir a la intervención del presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, en el Foro de la Nueva Sociedad, Conde-Pumpido insistió en que la Fiscalía española "ha dicho reiteradamente que en este asunto va a llegar hasta el fondo". "Si existen indicios racionales de que alguien en Venezuela ha apoyado al terrorismo español esa persona tiene, o bien que ser entregada a España para ser juzgada o bien ser investigada y enjuiciada en Venezuela", ha señalado y ha añadido que es lo que desea y lo que quiere que haga la Fiscalía venezolana "investigar si ha habido efectivamente apoyo al terrorismo desde Venezuela y en su caso acordar el enjuiciamiento de esa persona o la entrega a España".

El fiscal general ha destacado también la buena voluntad de las autoridades de Colombia que siempre ha colaborado y mantenido una magnífica relación con la Fiscalía española en temas antiterroristas. Así, ha recordado que la investigación sobre el entrenamiento de miembros de ETA en Venezuela se inició, de hecho, a partir de los datos hallados en el ordenador del número dos de las FARC, Raúl Reyes. "Ahora esperamos obtener también los datos necesarios del ordenador del Mono Jojoy", ha agregado. En este sentido, Conde-Pumpido ha expresado su esperanza de que la colaboración pueda extenderse a Venezuela. "Esperamos que podamos contar con esa colaboración en Venezuela", ha destacado.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes ha hecho también referencia al conflicto durante su intervención en el Foro y ha reconocido que la relación con las autoridades judiciales venezolanas "es totalmente mejorable".

VENEZUELA SE PONE MANOS A LA OBRA

En Venezuela, mientras tanto, la Fiscalía General de la República tardó pocas horas en reaccionar tras conocerse que el funcionario del Ministerio de Agricultura Arturo Cubillas, acusado de ser el responsable de ETA en el país, se había presentado voluntariamente para pedir ser investigado. Por un lado, designó al fiscal Richard Monasterios para llevar el caso Cubillas. Y por otro, solicitó a Interpol la alerta roja contra el general Néstor González, testigo protegido que va a declarar contra el funcionario el 15 de noviembre ante Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional. La policía internacional puede detener a González en cualquier puerto o aeropuerto.

Este general retirado está acusado de rebelión civil por el golpe de estado contra Chávez del 11 de abril de 2002 y tiene en su contra una orden de aprehensión desde 2006. González fue máximo responsable de una zona fronteriza entre Venezuela y Colombia donde actuaban las FARC y donde supuestamente fueron entrenadas por integrantes de ETA. "No quieren que González atestigüe en el juicio contra ETA en Madrid", denunció Diego Arría, el otro testigo protegido, antiguo embajador venezolano en la ONU.

En el escrito que Arturo Cubillas Fontán ha remitido al fiscal general de Venezuela, solicita que se abra una investigación para determinar si los presuntos miembros de la banda terrorista ETA Xabier Atristain y Juan Carlos Besance aseguraron bajo "cooacción" o "torturas" haber recibido adiestramiento por su parte en el citado país sudamericano en 2008.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Cubillas, funcionario de la Administración de Hugo Chávez y con nacionalidad venezolana gracias a su matrimonio con una ciudadana de ese país, apela a la fiscalía como «órgano más idóneo, objetivo y transparente para investigar tales hechos» y recuerda, además, su derecho a la presunción de inocencia. El antiguo miembro de ETA subraya asimismo el "estado de indefensión" en el que se encuentra desde que varios medios se hicieron eco de su presunta relación con el adiestramiento de etarras en territorio venezolano y con las FARC. "Dichas imputaciones afectan a la dignidad de la persona humana", añade en el escrito.

Tras el auto del juez Moreno, el Gobierno español solicitó al Ejecutivo de Venezuela que abriera una investigación para determinar si Cubillas participó realmente en esos cursos de formación e incluso lo instó a tomar medidas concretas como su destitución. En octubre del 2005, el funcionario fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras.

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