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20 de abril de 2009, 9:45
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 20.4.2009
El fiscal Fernando Burgos aseguró este lunes que el general Vicente Navarro se inventó los 30 nombres que faltaban en la documentación de las 62 víctimas del accidente del Yak-42 porque el equipo español tenía "mucha prisa" para llevar a cabo las labores de repatriación. "Tenían que salir cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no", señaló Burgos durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, en la que se mostró convencido de que la decisión de trasladar los cuerpos en dos días para celebrar el funeral de estado el 28 de mayo de 2003 "estaba tomada desde el primer momento".
El fiscal, que pidió al tribunal valorar los "daños morales" que sufrieron las familias de las víctimas aunque ello resulte "atrevido", defendió que los acusados incumplieron "sistemáticamente" la Ley del Registro Civil y renunciaron a tomar muestras de ADN a los cuerpos porque "se organizó un acto fúnebre inmediatamente, el día 27, cuando no existía ni la más remota posibilidad de que se tuviera completada la identificación de cadáveres". "No es que no les dejaran --señaló--. Había prisa".
Burgos, que expuso su informe al inicio de la octava sesión del juicio sobre las identificaciones erróneas del Yak-42, solicita cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo "la redacción cínica" de los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
"Todos son documentos falsos", resumió el fiscal antes de explicar que estos informes generaron falsedad en los certificados de defunción de los fallecidos, en las licencias de enterramiento falsos y en los registros de los cementerios. "Si los cadáveres no identificados no se hubieran identificado falsamente, no se habrían podido enterrar ni incinerar --dijo--. Se ha mentido para que se pueda hacer".
"ESPACIOS VACÍOS RELLENADOS" POR NAVARRO
Durante su exposición, que se prolongó durante más de una hora, Burgos explicó que en el acta de entrega elaborada por las autoridades turcas se asignaron 32 identidades, por lo que los 30 espacios que se encontraban "vacíos" fueron "rellenados con nombres y apellidos por el acusado". Añadió que estas labores sólo pudieron ser realizadas por los militares enviados por el Ministerio de Defensa porque utilizaron datos, como el uso de "piercings" por parte de alguna de las víctimas, que "sólo conocía el equipo español". Además, consideró demostrado que durante los dos días que se desarrollaron las labores de identificacion actuaron "con la absoluta permisividad de las autoridades turcas".
El fiscal, que citó todos los errores que se produjeron en las identificaciones para demostrar el delito de falsedad, también señaló que durante el juicio se ha demostrado que Navarro y su equipo contaron con la ayuda del traductor del Consulado español, por lo que éste no puede alegar que no conociera el contenido del acta por encontrarse en turco. "Es la alegación de ignorancia de lo obvio y eso no puede ser recogido por este tribunal como algo serio", aseveró.
INTENCIÓN DE MENTIR
Tras indicar que con la quinta parte de las víctimas (13) la delegación ucraniana tardó 16 horas más en la identificación de los cuerpos, el fiscal señaló que Navarro fue el "dominador de todos los actos" por su condición de "jefe de la misión", mientras que Ramírez y Sáez eran conscientes de estos hechos porque "estaban en pleno ejercicio de sus facultades mentales". Así, redactaron la lista con la intención de "cumplir los fines que les habían encomendado torticeramente, faltando a la verdad en la mitad de ella", señaló.
A los tres acusados el fiscal les acusa de un delito de falsedad en documento oficial porque, según explicó, se cumplen los tres requisitos necesarios para su tipificación: los acusados eran funcionarios públicos en el momento de los hechos, realizaron actuaciones sobre documentos y éstos contienen datos falsos en elementos esenciales.
A ello unió la existencia de "dolo falsario" por parte del general Navarro y sus dos ayudantes, que habrían actuado, según el fiscal, con "conciencia y voluntad de transmutar la realidad", lo que habría provocado una "quiebra de la confianza" que la sociedad y las instituciones habían depositado en ellos.
El fiscal Fernando Burgos aseguró este lunes que el general Vicente Navarro se inventó los 30 nombres que faltaban en la documentación de las 62 víctimas del accidente del Yak-42 porque el equipo español tenía "mucha prisa" para llevar a cabo las labores de repatriación. "Tenían que salir cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no", señaló Burgos durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, en la que se mostró convencido de que la decisión de trasladar los cuerpos en dos días para celebrar el funeral de estado el 28 de mayo de 2003 "estaba tomada desde el primer momento".
El fiscal, que pidió al tribunal valorar los "daños morales" que sufrieron las familias de las víctimas aunque ello resulte "atrevido", defendió que los acusados incumplieron "sistemáticamente" la Ley del Registro Civil y renunciaron a tomar muestras de ADN a los cuerpos porque "se organizó un acto fúnebre inmediatamente, el día 27, cuando no existía ni la más remota posibilidad de que se tuviera completada la identificación de cadáveres". "No es que no les dejaran --señaló--. Había prisa".
Burgos, que expuso su informe al inicio de la octava sesión del juicio sobre las identificaciones erróneas del Yak-42, solicita cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo "la redacción cínica" de los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
"Todos son documentos falsos", resumió el fiscal antes de explicar que estos informes generaron falsedad en los certificados de defunción de los fallecidos, en las licencias de enterramiento falsos y en los registros de los cementerios. "Si los cadáveres no identificados no se hubieran identificado falsamente, no se habrían podido enterrar ni incinerar --dijo--. Se ha mentido para que se pueda hacer".
"ESPACIOS VACÍOS RELLENADOS" POR NAVARRO
Durante su exposición, que se prolongó durante más de una hora, Burgos explicó que en el acta de entrega elaborada por las autoridades turcas se asignaron 32 identidades, por lo que los 30 espacios que se encontraban "vacíos" fueron "rellenados con nombres y apellidos por el acusado". Añadió que estas labores sólo pudieron ser realizadas por los militares enviados por el Ministerio de Defensa porque utilizaron datos, como el uso de "piercings" por parte de alguna de las víctimas, que "sólo conocía el equipo español". Además, consideró demostrado que durante los dos días que se desarrollaron las labores de identificacion actuaron "con la absoluta permisividad de las autoridades turcas".
El fiscal, que citó todos los errores que se produjeron en las identificaciones para demostrar el delito de falsedad, también señaló que durante el juicio se ha demostrado que Navarro y su equipo contaron con la ayuda del traductor del Consulado español, por lo que éste no puede alegar que no conociera el contenido del acta por encontrarse en turco. "Es la alegación de ignorancia de lo obvio y eso no puede ser recogido por este tribunal como algo serio", aseveró.
INTENCIÓN DE MENTIR
Tras indicar que con la quinta parte de las víctimas (13) la delegación ucraniana tardó 16 horas más en la identificación de los cuerpos, el fiscal señaló que Navarro fue el "dominador de todos los actos" por su condición de "jefe de la misión", mientras que Ramírez y Sáez eran conscientes de estos hechos porque "estaban en pleno ejercicio de sus facultades mentales". Así, redactaron la lista con la intención de "cumplir los fines que les habían encomendado torticeramente, faltando a la verdad en la mitad de ella", señaló.
A los tres acusados el fiscal les acusa de un delito de falsedad en documento oficial porque, según explicó, se cumplen los tres requisitos necesarios para su tipificación: los acusados eran funcionarios públicos en el momento de los hechos, realizaron actuaciones sobre documentos y éstos contienen datos falsos en elementos esenciales.
A ello unió la existencia de "dolo falsario" por parte del general Navarro y sus dos ayudantes, que habrían actuado, según el fiscal, con "conciencia y voluntad de transmutar la realidad", lo que habría provocado una "quiebra de la confianza" que la sociedad y las instituciones habían depositado en ellos.
