nuevatribuna.es
4 de marzo de 2009, 12:46
NUEVATRIBUNA.ES - 03.03.2009
Los sindicatos han sido los que han dado la voz de alarma. UGT, CCOO y CGT enviaron el pasado 25 de febrero al Congreso un escrito solicitando información sobre la compatibilidad en el ejercicio de la actividad privada de dos letrados de las Cortes.
Se trata de Alberto Dorrego de Carlos y Andrés Jiménez Díaz, que compatibilizan su labor en el Congreso trabajando a su vez en el despacho Eius de José María Michavila, actual diputado del PP del que son socios. Aunque tienen concedida tal compatibilidad, la ley impide que asesoren a administraciones públicas, y se da el caso de que los dos han intervenido en procesos a favor, por ejemplo, del Ayuntamiento de Boadilla, que investiga la Audiencia Nacional por el ‘caso Gürtel’.
En el caso de Dorrego, además, compatibiliza otras funciones como la secretaría del consejo de Cabanyal 2010 y la vicesecretaría de Comunitat Valenciana d’Inversiones, empresas públicas de la Comunidad valenciana.
Pues bien, el secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba, elaborará un informe sobre los dos letrados, según informó este martes a la Mesa del Congreso, abriendo una investigación sobre las supuestas incompatibilidades de Dorrego y Jiménez Díaz.
Prácticamente fuera del control sindical, el Cuerpo de Letrados de las Cortes engrosa alrededor de un centenar de funcionarios (entre el Congreso y el Senado) que desempeñan distintas funciones. Conforman una elite similar a la de registradores de la propiedad o notarios y sus privilegios escapan en muchas ocasiones del reglamento.
Así, tienen estipulada una jornada laboral de 20 horas semanales (5 cada día) pero la mayoría ni siquiera la cumple, sin que por ello, reciban las pertinentes quejas. Su privilegio se traslada también al grueso de su nómina con un sueldo mensual mínimo que ronda los 5.000 euros y que puede llegar incluso a doblarse, a modo de plus, si además son responsables de áreas.
Los sindicatos han sido los que han dado la voz de alarma. UGT, CCOO y CGT enviaron el pasado 25 de febrero al Congreso un escrito solicitando información sobre la compatibilidad en el ejercicio de la actividad privada de dos letrados de las Cortes.
Se trata de Alberto Dorrego de Carlos y Andrés Jiménez Díaz, que compatibilizan su labor en el Congreso trabajando a su vez en el despacho Eius de José María Michavila, actual diputado del PP del que son socios. Aunque tienen concedida tal compatibilidad, la ley impide que asesoren a administraciones públicas, y se da el caso de que los dos han intervenido en procesos a favor, por ejemplo, del Ayuntamiento de Boadilla, que investiga la Audiencia Nacional por el ‘caso Gürtel’.
En el caso de Dorrego, además, compatibiliza otras funciones como la secretaría del consejo de Cabanyal 2010 y la vicesecretaría de Comunitat Valenciana d’Inversiones, empresas públicas de la Comunidad valenciana.
Pues bien, el secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba, elaborará un informe sobre los dos letrados, según informó este martes a la Mesa del Congreso, abriendo una investigación sobre las supuestas incompatibilidades de Dorrego y Jiménez Díaz.
Prácticamente fuera del control sindical, el Cuerpo de Letrados de las Cortes engrosa alrededor de un centenar de funcionarios (entre el Congreso y el Senado) que desempeñan distintas funciones. Conforman una elite similar a la de registradores de la propiedad o notarios y sus privilegios escapan en muchas ocasiones del reglamento.
Así, tienen estipulada una jornada laboral de 20 horas semanales (5 cada día) pero la mayoría ni siquiera la cumple, sin que por ello, reciban las pertinentes quejas. Su privilegio se traslada también al grueso de su nómina con un sueldo mensual mínimo que ronda los 5.000 euros y que puede llegar incluso a doblarse, a modo de plus, si además son responsables de áreas.
