nuevatribuna.es
18 de mayo de 2010, 14:57
NUEVATRIBUNA.ES 18.05.2010
Baltasar Garzón ya tiene vía libre para trasladarse a la Corte Penal Internacional para ejercer como asesor externo del fiscal Luis Moreno Ocampo. La decisión la tomó la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, integrada por Carlos Dívar, Almudena Lastra, Manuel Almenar, Margarita Robles y Antonio Dorado, en la reunión celebrada este martes por la tarde en Madrid y después de estudiar los informes solicitados.
El CGPJ tenía pendiente este asunto después que el magistrado fuera inhabilitado el pasado viernes tras la rápida decisión tomada por el juez instructor Luciano Varela para la apertura del juicio oral por la causa de la memoria histórica, una decisión que llegó un día después de que el magistrado pidiera el permiso para irse a La Haya (Holanda).
De esta forma, Garzón podrá trabajar como consultor de la Fiscalía del TPI por un periodo de siete meses prorrogable a un año pero lo hará como juez suspendido, es decir sin que se le haya autorizado el permiso en concepto de servicios especiales como él mismo había solicitado.
Garzón ha contado con los informes favorables de cuatro de las instituciones a las que se dirigió el CGPJ mientras que en un quinto informe, el elaborado por el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, es contrario al permiso.
EL CGPJ HA TOMADO EN CUENTA LOS INFORMES FAVORABLES
Según informó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, la Comisión Permanente ha estimado que "no se aprecian razones legales que impidan la contratación del magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional", por lo que "permite tal contratación". Bravo explicó que en la decisión adoptada esta tarde se han tenido en cuenta "los informes favorables" emitidos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Esta decisión ha sido adoptada por tres votos a favor y dos en contra. La han apoyado el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar (del sector conservador) y Margarita Robles (del progresista). Mientras tanto, la progresista Almudena Lastra y el conservador Antonio Dorado han emitido sendos votos particulares en contra.
En concreto, la vocal del sector progresista se ha opuesto por entender que en el acuerdo "no se resuelve lo solicitado". A su juicio, lo procedente hubiera sido "acceder a lo que pide el magistrado Baltasar Garzón y declararle en situación de servicios especiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351.b de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Mientras tanto, el vocal del sector conservador fundamenta su rechazo en que "puesto que la Comisión Permanente deniega la declaración de servicios especiales, dicho acuerdo debería haberse limitado a esta declaración, sin perjuicio de que en una nueva petición de Baltasar Garzón de naturaleza distinta hubiera podido ser desestimada".
Tras informar del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente, la portavoz de Consejo no respondió a las preguntas de los periodistas para aclarar en qué circunstancias se marcha el juez a La Haya y qué efectos pueden tener para su plaza al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
También se ha estudiado la contestación de la Fiscalía del TPI, que en el último de sus documentos enviados al CGPJ indica que "comprende que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de España" Garzón "debía ser suspendido de sus funciones", pero no advierte "razones para modificar la decisión de contratar a Baltasar Garzón para desempeñar en calidad de asesor legal".
Baltasar Garzón ya tiene vía libre para trasladarse a la Corte Penal Internacional para ejercer como asesor externo del fiscal Luis Moreno Ocampo. La decisión la tomó la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, integrada por Carlos Dívar, Almudena Lastra, Manuel Almenar, Margarita Robles y Antonio Dorado, en la reunión celebrada este martes por la tarde en Madrid y después de estudiar los informes solicitados.
El CGPJ tenía pendiente este asunto después que el magistrado fuera inhabilitado el pasado viernes tras la rápida decisión tomada por el juez instructor Luciano Varela para la apertura del juicio oral por la causa de la memoria histórica, una decisión que llegó un día después de que el magistrado pidiera el permiso para irse a La Haya (Holanda).
De esta forma, Garzón podrá trabajar como consultor de la Fiscalía del TPI por un periodo de siete meses prorrogable a un año pero lo hará como juez suspendido, es decir sin que se le haya autorizado el permiso en concepto de servicios especiales como él mismo había solicitado.
Garzón ha contado con los informes favorables de cuatro de las instituciones a las que se dirigió el CGPJ mientras que en un quinto informe, el elaborado por el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, es contrario al permiso.
EL CGPJ HA TOMADO EN CUENTA LOS INFORMES FAVORABLES
Según informó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, la Comisión Permanente ha estimado que "no se aprecian razones legales que impidan la contratación del magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional", por lo que "permite tal contratación". Bravo explicó que en la decisión adoptada esta tarde se han tenido en cuenta "los informes favorables" emitidos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Esta decisión ha sido adoptada por tres votos a favor y dos en contra. La han apoyado el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar (del sector conservador) y Margarita Robles (del progresista). Mientras tanto, la progresista Almudena Lastra y el conservador Antonio Dorado han emitido sendos votos particulares en contra.
En concreto, la vocal del sector progresista se ha opuesto por entender que en el acuerdo "no se resuelve lo solicitado". A su juicio, lo procedente hubiera sido "acceder a lo que pide el magistrado Baltasar Garzón y declararle en situación de servicios especiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351.b de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Mientras tanto, el vocal del sector conservador fundamenta su rechazo en que "puesto que la Comisión Permanente deniega la declaración de servicios especiales, dicho acuerdo debería haberse limitado a esta declaración, sin perjuicio de que en una nueva petición de Baltasar Garzón de naturaleza distinta hubiera podido ser desestimada".
Tras informar del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente, la portavoz de Consejo no respondió a las preguntas de los periodistas para aclarar en qué circunstancias se marcha el juez a La Haya y qué efectos pueden tener para su plaza al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
También se ha estudiado la contestación de la Fiscalía del TPI, que en el último de sus documentos enviados al CGPJ indica que "comprende que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de España" Garzón "debía ser suspendido de sus funciones", pero no advierte "razones para modificar la decisión de contratar a Baltasar Garzón para desempeñar en calidad de asesor legal".
