nuevatribuna.es
10 de febrero de 2010, 10:38
NUEVATRIBUNA.ES - 10.2.2010
El juez Baltasar Garzón ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el auto del magistrado Luciano Varela, que rechazó archivar la causa abierta contra él por investigar los crímenes del franquismo. En él se califican los argumentos de Varela, plasmados en un auto del pasado día 3, de "insostenibles", "incomprensibles" y carentes de fundamento jurídico. El recurso, que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, ha presentado ante la sala de lo penal del TS, alega que dicho auto "resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal". En definitiva, esgrime que lo que hizo el juez Varela fue descalificar las actuaciones de Garzón para exhumar los restos de víctimas del franquismo en un tono condenatorio y prescindiendo de las argumentaciones jurídicas que pudieran justificar el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional.
Además de pedir que se deje sin efecto el auto recurrido, el abogado de Garzón solicita al alto tribunal la práctica de nuevas diligencias, entre ellas que llame a declarar a varios magistrados internacionales y expertos en el proceso contra el franquismo, entre ellos Carla del Ponte -antigua fiscal jefe del TPI de la antigua Yugoslavia- , Eugenio Raúl Zaffaroni -uno de los jueces que declaró inconstitucional la ley de punto final en Argentina -, Juan Guzmán Tapia -quien abrió causa contra los responsables de la dictadura chilena-, Hugo Relva- coordinador de Justicia de Amnistía Internacional-, Sergio García Ramírez -magistrado de la Corte Internacional- y Eduardo Freile -presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones contra las leyes de punto final en Argentina-.
También se pide la declaración como testigos de los magistrados de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri, que apoyaron la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo, del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, del fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y de un grupo de expertos en el proceso contra el franquismo.
Las posibilidades de que el recurso prospere son casi inexistentes, y si finalmente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no revoca la decisión, Varela preparará el juicio oral contra Garzón, que además se enfrenta a su posible suspensión por parte del CGPJ. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se ha pronunciado en contra de esta medida después de que la Comisión Permanente del Consejo acordara el martes solicitar a la Fiscalía que informe sobre la posibilidad de proceder a la suspensión cautelar, en relación con los dos procedimientos penales admitidos a trámite contra Garzón en el Tribunal Supremo (por investigar las desapariciones del franquismo y por su gestión de unos cursos en Nueva York). Conde-Pumpido ha sido tajante al afirmar que la Fiscalía "no apoya ninguna acusación contra Garzón".
JUECES PARA LA DEMOCRACIA SE ALINEA CON GARZÓN
Entretanto, las asociaciones de jueces se muestran divididas sobre esta cuestión. La que se ha declarado de forma más clara en contra del procesamiento es la Francisco de Vitoria, cuyo portavoz, Marcelino Sexmero, opina que "no hubo prevaricación en la actuación del juez Garzón" y que la querella "no cumple con los requisitos de la jurisprudencia sobre la prevaricación, por lo que, una vez que se haya tomado declaración a Garzón, lo más normal y casi seguro es que se decrete el archivo de la causa". Sexmero añade que, del mismo modo que los diputados y senadores están aforados y necesitan de un suplicatorio para poder ser encausados, sería conveniente crear un "filtro legal" para que las querellas presentadas contra los magistrados, sobre todo por parte de este tipo de organizaciones que tienen un claro interés político (en referencia a Falange y Manos Limpias), no puedan pasar ese filtro. "Si no fuera así, cualquier juez estaría constantemente paseando por los pasillos de los tribunales simplemente por sus actos jurisdiccionales", añade.
Más tibia se había mostrado hasta ahora Jueces para la Democracia, asociación de la que el juez Luciano Varela es fundador. Su portavoz, Miguel Ángel Gimeno, no se había pronunciado sobre si la actuación de Garzón pudo ser constitutiva de delito sino sobre las intenciones que movieron al magistrado: "Con acierto o sin acierto, actuó dentro de lo que él creía que eran las facultades que tenía para abrir una investigación, sobre la que había un clamor social y unas denuncias concretas ante él presentadas". Esta asociación consideró "contundente" el auto de Varela del 3 de febrero. Sin embargo, este miércoles ha emitido un comunicado en el que afirma que Garzón "no prevaricó". JpD muestra además su "honda preocupación" por el procedimiento que instruye uno de sus fundadores y recuerda que la causa "se abrió exclusivamente a instancias de asociaciones que podrían calificarse como de extrema derecha, herederas ideológicas del franquismo".
Por último, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, prefiere no entrar en el fondo del asunto, es decir, en si existe o no base legal para procesar a Garzón, pero rechaza que los jueces y magistrados deban gozar de algún tipo de privilegio o prerrogativa especial en lo que se refiere a la persecución penal. Sólo considera admisible la existencia de un filtro en los procesos penales contra jueces para "intentar evitar que se produzcan acusaciones contra jueces o magistrados absolutamente infundadas y que no tengan más designio o finalidad que entorpecer el buen desarrollo de la justicia". Esta asociación ha calificado de "escrupulosa y regular" la instrucción del juez Varela contra Garzón.
El juez Baltasar Garzón ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el auto del magistrado Luciano Varela, que rechazó archivar la causa abierta contra él por investigar los crímenes del franquismo. En él se califican los argumentos de Varela, plasmados en un auto del pasado día 3, de "insostenibles", "incomprensibles" y carentes de fundamento jurídico. El recurso, que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, ha presentado ante la sala de lo penal del TS, alega que dicho auto "resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal". En definitiva, esgrime que lo que hizo el juez Varela fue descalificar las actuaciones de Garzón para exhumar los restos de víctimas del franquismo en un tono condenatorio y prescindiendo de las argumentaciones jurídicas que pudieran justificar el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional.
Además de pedir que se deje sin efecto el auto recurrido, el abogado de Garzón solicita al alto tribunal la práctica de nuevas diligencias, entre ellas que llame a declarar a varios magistrados internacionales y expertos en el proceso contra el franquismo, entre ellos Carla del Ponte -antigua fiscal jefe del TPI de la antigua Yugoslavia- , Eugenio Raúl Zaffaroni -uno de los jueces que declaró inconstitucional la ley de punto final en Argentina -, Juan Guzmán Tapia -quien abrió causa contra los responsables de la dictadura chilena-, Hugo Relva- coordinador de Justicia de Amnistía Internacional-, Sergio García Ramírez -magistrado de la Corte Internacional- y Eduardo Freile -presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones contra las leyes de punto final en Argentina-.
También se pide la declaración como testigos de los magistrados de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri, que apoyaron la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo, del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, del fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y de un grupo de expertos en el proceso contra el franquismo.
Las posibilidades de que el recurso prospere son casi inexistentes, y si finalmente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no revoca la decisión, Varela preparará el juicio oral contra Garzón, que además se enfrenta a su posible suspensión por parte del CGPJ. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se ha pronunciado en contra de esta medida después de que la Comisión Permanente del Consejo acordara el martes solicitar a la Fiscalía que informe sobre la posibilidad de proceder a la suspensión cautelar, en relación con los dos procedimientos penales admitidos a trámite contra Garzón en el Tribunal Supremo (por investigar las desapariciones del franquismo y por su gestión de unos cursos en Nueva York). Conde-Pumpido ha sido tajante al afirmar que la Fiscalía "no apoya ninguna acusación contra Garzón".
JUECES PARA LA DEMOCRACIA SE ALINEA CON GARZÓN
Entretanto, las asociaciones de jueces se muestran divididas sobre esta cuestión. La que se ha declarado de forma más clara en contra del procesamiento es la Francisco de Vitoria, cuyo portavoz, Marcelino Sexmero, opina que "no hubo prevaricación en la actuación del juez Garzón" y que la querella "no cumple con los requisitos de la jurisprudencia sobre la prevaricación, por lo que, una vez que se haya tomado declaración a Garzón, lo más normal y casi seguro es que se decrete el archivo de la causa". Sexmero añade que, del mismo modo que los diputados y senadores están aforados y necesitan de un suplicatorio para poder ser encausados, sería conveniente crear un "filtro legal" para que las querellas presentadas contra los magistrados, sobre todo por parte de este tipo de organizaciones que tienen un claro interés político (en referencia a Falange y Manos Limpias), no puedan pasar ese filtro. "Si no fuera así, cualquier juez estaría constantemente paseando por los pasillos de los tribunales simplemente por sus actos jurisdiccionales", añade.
Más tibia se había mostrado hasta ahora Jueces para la Democracia, asociación de la que el juez Luciano Varela es fundador. Su portavoz, Miguel Ángel Gimeno, no se había pronunciado sobre si la actuación de Garzón pudo ser constitutiva de delito sino sobre las intenciones que movieron al magistrado: "Con acierto o sin acierto, actuó dentro de lo que él creía que eran las facultades que tenía para abrir una investigación, sobre la que había un clamor social y unas denuncias concretas ante él presentadas". Esta asociación consideró "contundente" el auto de Varela del 3 de febrero. Sin embargo, este miércoles ha emitido un comunicado en el que afirma que Garzón "no prevaricó". JpD muestra además su "honda preocupación" por el procedimiento que instruye uno de sus fundadores y recuerda que la causa "se abrió exclusivamente a instancias de asociaciones que podrían calificarse como de extrema derecha, herederas ideológicas del franquismo".
Por último, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, prefiere no entrar en el fondo del asunto, es decir, en si existe o no base legal para procesar a Garzón, pero rechaza que los jueces y magistrados deban gozar de algún tipo de privilegio o prerrogativa especial en lo que se refiere a la persecución penal. Sólo considera admisible la existencia de un filtro en los procesos penales contra jueces para "intentar evitar que se produzcan acusaciones contra jueces o magistrados absolutamente infundadas y que no tengan más designio o finalidad que entorpecer el buen desarrollo de la justicia". Esta asociación ha calificado de "escrupulosa y regular" la instrucción del juez Varela contra Garzón.
