La organización ecologista fue la que inició el proceso jurídico al recurrir ante la Justicia la resolución municipal de 2005 que aprobaba los proyectos para soterrar la carretera de circunvalación en la parte que transcurre por el río Manzanares, una zona considerada Bien de Interés Cultural, sin realizar informe ambiental preliminar.
El Juzgado de lo Contencioso antes de emitir su sentencia elevó una cuestión prejudicial a la más alta instancia judicial de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, quien, en julio de 2008, fue también falló contra el Ayuntamiento. Finalmente, las sentencias han resuelto a favor de los demandantes y contra los apelaciones del Ayuntamiento, como ha sido este último caso.
El TSJM, como ya hizo antes el Contencioso, concluye que era imprescindible la realización previa de un estudio de impacto ambiental y que el hecho de que sea una vía urbana, "resulta irrelevante, puesto que en todo caso su reforma tenía que someterse a este precepto legal", han añadido los ecologistas.
"El fallo confirma que la obra es ilegal y que el Ayuntamiento la hacía sabiendo que era ilegal. La cuestión es que encima se intentó justificar la obra diciendo que iba a solucionar los problemas de tráfico y contaminación, lo que no ha ocurrido. La capital sigue teniendo problemas de tráfico y polución", ha indicado a Europa Press el portavoz de Transportes de Ecologistas en Acción, Paco Segura.
Además, ha criticado que esta obra, "la más emblemática de Gallardón durante la pasada legislatura", ha generado una deuda municipal "brutal" que "han arruinado la ciudad". Su coste ascendió a más de 10.400 millones de euros.
"El alcalde debería dar explicaciones y marcharse. En un país civilizado hubiera dimitido ya. Por el hecho de plagiar una tesis doctoral dimitió un ministro hace poco en Alemania, pero por una obra ilegal que ha arruinado a la ciudad no dimite nadie", ha indicado Segura.
Por otro lado, el portavoz de la organización ha denunciado al Ayuntamiento argumente en su apelación que los estudios de impacto ambiental se hicieron con posterioridad "cuando no se sabe si se han hecho y, si se han realizado, no se han dado a conocer los resultados".
"Un estudio de impacto ambiental se tiene que hacer antes de las obras precisamente para corregir algún aspecto de ellas o para dirimir si no se pueden poner en marcha porque atenten gravemente contra el medio ambiente. Hacerlo 'a posteriori', por empresas contratadas 'a la carta' por el Ayuntamiento y gastándose además otros cuantos miles de euros es una auténtica pantomima", ha concluido Paco Segura.
"INDEFENSIÓN" ANTE LA LENTITUD JUDICIAL
Por otro lado, el portavoz de Ecologistas en Acción ha lamentado que, aunque la sentencia es "inapelable", la Justicia "otra vez más llega demasiado tarde porque las obras ya están hechas y no se consigue nada".
"Constatamos cómo nuestro sistema judicial no permite en la práctica la defensa del medio ambiente, ni de la salud y bienestar de la población. A pesar de que los recursos fueron interpuestos antes del inicio de las obras, no se pudo evitar ni la ejecución del proyecto ni que los vecinos sufrieran una larga tortura de más de dos años (en los que muchos llegaron a abandonar sus viviendas) por la forma en la que se realizaron los trabajos", ha indicado.
