El portavoz de los decanos de jueces de España y decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha abogado por reducir e incluso eliminar la figura del aforamiento en el sistema judicial, al considerar que ésta tiene "mal encaje en un Estado social y de derecho en el que debe primar la igualdad de los ciudadanos ante la Ley".
Así lo ha puesto de manifiesto en su comparecencia ante los medios para valorar el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que hará que la Reina y los Príncipes tengan el mismo tratamiento judicial que otros altos cargos, como el presidente del Gobierno, sus ministros, diputados y senadores y la cúpula judicial.
En este sentido, el decano ha manifestado que ampliar esta figura "no nos parece adecuado" y la insistido en la necesidad de disminuir su aplicación. En concreto, la intención del Ejecutivo es la de mantener a los aforados que ya contempla la legislación e incluir en esta lista "al rey consorte, al consorte de la reina y al príncipe y su consorte", según detalló el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El Rey no precisa aforamiento porque, según establece la Constitución española, su figura "es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
Por otro lado, profundizando en su análisis de la reforma, Martínez Espinosa se ha referido a la previsión de crear los denominados Tribunales Provinciales de Instancia (TPI), que, según el decano, supondrán una estructura distina a los actuales partidos judiciales. Además, ha subrayado el hecho de que con esta modificación los decanos, "el último resquicio de la elección democrática", pasarán a ser un cargo de libre designación.
En concreto, según el anteproyecto la sede oficial de los TPI estarán en la capital de provincia, pero se podrán mantener otras sedes desplazadas ya existentes en función de circunstancias como la dispersión de la población en el territorio provincial, la carga de trabajo o la posibilidad de amortización de las inversiones ya efectuadas.
Preguntado por si esta reforma supondrá una intromisión del Gobierno en el poder judicial, Martínez Espinosa ha manifestado que ésta "está servida", si bien ha aseverado que "no vamos a demonizar esta Ley puesto que habrá que analizar cada caso concreto. Yo no hablaría de un férreo control, no iría tan lejos".
El anteproyecto de la nueva Ley debe pasar ahora los trámites de informe que deben emitir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.
