España es uno de los países europeos en los que la incidencia del crimen organizado resulta más significativa
A principios de febrero de este año, alrededor de 20 encapuchados irrumpieron en el hospital de La Linea de la Concepción para liberar a un detenido por narcotráfico sin que los dos policías que lo vigilaban pudiesen hacer nada para evitarlo.
A finales del pasado mes de marzo más de doscientas personas impidieron en Cádiz la detención por parte de la Policía Nacional de un supuesto narcotraficante al ser interceptado su vehículo con más 510 kilos de hachís.
A mediados del mes de abril, una patrulla de la Guardia Civil, y dos dotaciones de la Policía Nacional fueron atacados por unas cien personas que se encontraban alijando a pie en las inmediaciones de Tonelero en La Línea de la Concepción.
A mediados de mayo, 9 guardias civiles de los GAR fueron agredidos por unas 40 personas en la barriada El Rinconcillo en Algeciras. Dos semanas más tarde, un grupo de entre 15 y 20 personas encargados de la recogida de la droga en tierra, agredieron a cuatro de los seis guardias civiles personados en el lugar. A ello debe de sumársele el señalamiento y amenazas tanto a los miembros de las FSE como a sus familias.
No hay duda de que el aumento de esta clase de incidentes supone una escalada en la violencia por parte del crimen organizado dedicado al transporte del hachís. Lamentablemente todo parece indicar que la estructura de oportunidades vinculada al narco ha generado la formación de una subcultura delincuencial cada vez más violenta.
De acuerdo con la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, el crimen organizado supone un fenómeno de enorme capacidad desestabilizadora que tiende a debilitar el Estado y es por eso por lo que es una prioridad de la acción del Estado.
Los ataques y amenazas contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no deben de percibirse exclusivamente como una escalada en el uso de la violencia. Más allá de esta clase de interpretaciones, además de suponer un claro retroceso en la presencia efectiva del Estado en algunas zonas de la geografía, desde un punto de vista simbólico supone un grave desafío al concepto de Soberanía. Sin una acción decidida, su proliferación deriva de manera inequívoca en fuente de corrupción y en la creación de estructuras para-estatales capaz de amenazar la presencia efectiva del Estado. Un claro desafío a la Seguridad Nacional por parte de una amenaza ya incluida en los informes anuales emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Urge disponer de los medios y recursos necesarios para revertir esta situación.
Hace apenas unas semanas, Thibault de Monbrial, presidente del Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure, publicaba un artículo en Le Figaro en el que llamaba la atención sobre la necesidad de elaborar una suerte de libro blanco de la seguridad interior que actué como guía y punto de partida para el decisor político. Y es que la seguridad interior, además de vincularse con el crimen organizado, se vincula también con la amenaza del terrorismo y la prevención de la radicalización está en parte unida al de la prevención del delito.
Ya en los informes anuales emitidos por el DSN se señala el hecho de que a las amenazas directas generadas por el crimen organizado deben sumársele en la actualidad los riesgos que suponen la interacción cada vez más variada del crimen organizado con otra amenazas para la Seguridad Nacional como el terrorismo o las migraciones masivas. Al margen de sus vinculaciones con otras amenazas más mediáticas, según el DSN, España es uno de los países europeos en los que la incidencia del crimen organizado resulta más significativa.
Obviando las consideraciones en torno a la necesidad o no de tener un libro blanco sobre la seguridad interior, la fiscalización de las actuaciones del gobierno por parte de la sociedad no puede reducirse al intercambio de acusaciones entre sindicatos policiales y responsables políticos. Es razonable pensar que la lucha contra el crimen organizado, tanto por la intensidad de su actividad como por el desafío que supone al concepto de soberanía, se deba de constituir en cuestión de Estado de manera que supongo una prioridad dentro de la agenda de los responsables políticos.
