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ISABEL G. CABALLERO / NUEVATRIBUNA.ES - 04.03.2009

Miércoles, 4 de marzo. Arranca la comisión de investigación sobre el espionaje político en Madrid. Dos ex consejeros que tuvieron responsabilidades de seguridad en la Comunidad han abierto la primera sesión. Virgilio Cano, del Gobierno del socialista Joaquín Leguina; y Carlos Mayor Oreja, del ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón. Ambos han negado que bajo su mandato se produjeran seguimientos o funciones de contravigilancia a personas, una competencia �han recalcado- que no entra dentro de las atribuciones del Gobierno regional.

Para la oposición, el PP “ha fracasado” en su estrategia de desviar el foco de atención de la investigación sobre la supuesta trama de espías. Tanto Cano como Mayor Oreja han sido dos comparecientes solicitados por el PP (el segundo también lo pidió el PSOE), con el objetivo de demostrar que la estructura y funcionamiento de la consejería de seguridad que ahora dirige Francisco Granados, son las mismas ahora que hace veinte años. Argumento “desmontado” y que “se ha caído estrepitosamente”, dijo la portavoz de IU, Inés Sabanés, que critica al PP por intentar investigar sobre el pasado y no sobre el presente, sobre las actividades que se hayan podido producir al margen del control político y policial, verdadero objeto de la comisión.

Granados ha estado en el punto de mira en esta primera sesión. Tanto la portavoz socialista Maru Menéndez como Izquierda Unida han pedido su dimisión o su cese por parte de Esperanza Aguirre. Ambas dirigentes políticas mostraron su “satisfacción” tras la sesión de la mañana (las comparecencias seguirán por la tarde) y también su determinación por llegar hasta el final, pese al “bloqueo” del PP y pese al intento de justificar lo injustificable.

Si Virgilio Cano dejó claro desde el principio que en su etapa no se realizaron seguimientos a personas (competencia que Granados afirmó tener y además aplicar), con Mayor Oreja ha habido más de lo mismo. Ni siquiera el ex alto cargo del PP (eso sí gallardonista) quiso ‘mojarse’ con las atribuciones del actual gobierno. No salió en defensa del Ejecutivo de Aguirre y reiteró una y otra vez que no se vigilaba a nadie (lo que compete estrictamente a la policía nacional): “Por su puesto que no”, dijo.

A la desperada, el PP intentó neutralizar lo evidente y distribuyó con mucha rapidez a la prensa un convenio en el que sí figuran labores de vigilancia a personas, un papel con poco valor (está referido a todo el personal de la comunidad, pongamos por caso un conserje que, claro que tiene que "vigilar" el espacio donde trabaja) y que nada tiene que ver con el decreto de competencias o con la estructura de las áreas de seguridad de la Comunidad de Madrid, una estructura sobre la que Virgilio Cano dejó en el aire algunos interrogantes, como el hecho de que las funciones de Sergio Gamón, actual director del área de Seguridad (bajo dependencia de Enrique Barón) no aparecen por ningún lado reflejadas.

La oposición no pone en duda que las estructuras de seguridad sean similares, con Leguina, Con Gallardón o con Aguirre. Lo que se cuestiona son las funciones actuales que ejerce la Consejería de Granados, las “prácticas irregulares”, resumió el diputado de IU, Miguel Reneses, quien calificó de “ignominioso” el hecho de hacer comparecer al ex alto cargo del PSOE, al tiempo que Fausto Fernández (IU) tachó de “canallesco” el que el PP haya llevado a declarar a un compañero de partido, el ex consejero Mayor Oreja.

En solo tres horas, los ánimos fueron calentándose y el diputado del PP, Juan Soler optó por las descalificaciones al reprochar a Reneses que utilice “la técnica castrista de agredir, insultar y luego no aportar absolutamente ninguna prueba”.

Y es que el PP mantiene que todo esto es un “montaje” y que son los “otros” los que se equivocan. Soler lo dejó claro al asegurar que no hay por qué extrañarse de que se hagan funciones de vigilancia. Vamos, como si fuera lo más normal del mundo espiar a la gente.

Con Joaquín Leguina no se espiaba a nadie� y con Gallardón, tampoco