Es fundamental diferenciar dos procedimientos: el que seguimos a la hora de determinar qué está pasando y el que seguimos a la hora de posicionarnos en torno al qué hacer. En un caso estamos reflexionando apuntando a una explicación, como analistas, en el otro lo estamos haciendo apuntando a una intervención, como actores sociales. Al primer tipo de reflexión le vamos a exigir veracidad; a los discursos de los que nos servimos para avalar determinadas propuestas de intervención, verosimilitud.
La veracidad se conquista a través de un debate crítico permanente (datos que no encajan en el marco analítico propuesto, incoherencias internas en sus razonamientos lógicos, observaciones recientes que contradicen anteriores previsiones, etc.) que presupone someter al escrutinio público de otros analistas, tanto nuestros datos como las hipótesis teóricas que nos han llevado a producirlos.
De cara a la intervención, por el contrario, pensarnos demasiado (presionados por la vigilancia crítica de un otro cualquiera) nos paralizaría. En lugar de formalizar nuestros discursos, alejando nuestros conceptos de equívocos, ambigüedades y sobreentendidos, nos interesa, a la inversa, cargarlos de ellos. Pues la verosimilitud de una propuesta de actuación social no va a descansar tanto en las críticas que consiga eludir (desde un principio) o contrarrestar (a posteriori) como en la amplitud y la intensidad de los consensos que sea susceptible de aglutinar.
Todos los discursos de todos los partidos (tanto de Podemos como del PPSOE) que se disputan hoy la hegemonía en la arena de lo político están obligados a jugar al juego de la producción de verosimilitud y, por ello, a incorporar equívocos, ambigüedades y sobreentendidos múltiples en sus propuestas.
No obstante aunque procedimientos y objetivos sean diferentes los resultados están relacionados: las explicaciones de las ciencias sociales contribuyen (aún sin explicitarlo) a legitimar unas u otras intervenciones (un determinado programa político) como las posibles o deseables; toda intervención política concreta, por su parte, presupone, implícitamente, algún diagnóstico acerca del qué está pasando. En este sentido el discurso ideológico de Podemos relativo a la impugnación de la casta, ¿en qué diagnósticos o explicaciones acerca de lo social se apoya?
En la medida en que el significante “casta” se ha movilizado discursivamente en relación con el fenómeno de la corrupción (utilización de recursos públicos para fines privados), tratando de subrayar con ello el carácter sistémico de la misma, resulta directamente emparentable con el concepto de “élite del poder” en la Teoría Social Crítica, operacionalizado empíricamente, desde la década de 1970, por analistas neo-estructurales mediante el social network analysis (análisis de redes sociales).
Aún en sus versiones más restringidas (élites del poder “económico”, por ejemplo) los resultados actuales de estos estudios presentan una importante carga subversiva en relación con la imagen que nuestras sociedades gustan de tener de sí mismas: el “mercado libre” no existe en el mundo real más allá de los libros de texto de economía estándar. Las relaciones entre las grandes empresas están, en proporciones variables, estructuralmente organizadas tanto a nivel nacional como supranacional e internacional. La constatación empírica de dicha organización (mediante el análisis de interlocking directorates -o consejos de administración conectados-) habilita la posibilidad de coordinaciones y acuerdos políticos permanentes entre las mismas, liberando el comportamiento de esas unidades económicas de su sujeción a los “mercados” (Ver Julian Cárdenas, El poder económico mundial, 2014).
Si la movilización ideológica del discurso de la impugnación de la casta presenta algunas oportunidades de no sólo actuar políticamente sino, también, de pensar de formas socialmente inéditas nuestra realidad social
En sus versiones más ampliadas, élites del poder a secas, tanto económicas como políticas o institucionales, las posiciones centrales de la red, ausentes en algunos de los análisis nacionales relativos al poder exclusivamente económico, se revelan: basta cruzar las posiciones compartidas en Consejos de Administración con las compartidas en los altos puestos de la Administración del Estado por los mismos colectivos de individuos para que estas últimas posiciones pasen a ocupar ese lugar central en el conjunto de la red (Ver Narciso Pizarro, “Elite Integration in a Transition Period: the Spanish Case 1976-1981”, 2008). A la luz de estas investigaciones los mercados realmente existentes resultarían ser más el resultado -paradójico- de la actuación organizada y concertada de instituciones públicas y empresas privadas que el mecanismo automático que dirige sus actuaciones: un producto de lo político que niega sus dimensiones políticas por razones, obviamente, políticas.
Así, si la movilización ideológica del discurso de la impugnación de la casta presenta algunas oportunidades de no sólo actuar políticamente sino, también, de pensar de formas socialmente inéditas nuestra realidad social, ¿se puede decir lo mismo de la sustitución del tradicional concepto de clase, y del eje izquierda-derecha adherido al mismo, por las mucho más genéricas e indeterminadas apelaciones a “los de abajo” y “los de arriba”?
La marginación discursiva por Podemos del concepto de clase (incluida la clase media) es relevante en la medida en que en las ciencias sociales contemporáneas han asimilado sistemáticamente el mismo con ciertas condiciones sociales de clase, esto es, en términos de atributos individuales agregados: niveles de ingresos, pautas de consumo, condiciones de vida y de trabajo, intención de votos… Esos agregados de atributos han sido supuestos como conformando unas u otras culturas, tratando con ello de seleccionar los targets más adecuados (las vanguardias) para constituirse en los futuros agentes de las transformaciones sociales por venir.
En un contexto, como el actual, en que constituye ya el 80% de las poblaciones de los países desarrollados aquellos viven directa o indirectamente de ingresos salariales, las condiciones sociales de clase que ahí se contienen no pueden ser más heterogéneas entre sí, abocando al fracaso todo intento de homogeneizarlas entorno a una determinada “cultura” de clase. No obstante los mecanismos sociales (seguridad social, hacienda pública, políticas de empleo, políticas e instituciones educativas, políticas e instituciones sanitarias etc.) que aseguran la formación, movilización productiva y reproducción de los asalariados, desde los asalariados mismos -cotizaciones, desgravaciones e impuestos- y para ellos pero sin ellos, sí son comunes a todas las condiciones, afectándolas tanto directa como indirectamente, reconfigurando, todo el rato, las formas que adoptan sus segmentaciones internas. De hecho estos mecanismos conforman hoy el grueso de la actuación de los poderes públicos cuyo objeto no es otro que la movilización productiva de los tiempos de las poblaciones (la verdadera “sangre” de nuestro sistema económico) en las condiciones que dictan los procesos internacionales de acumulación de capital.
Por consiguiente, desplazar ideológicamente el acento de los resultados de dichos mecanismos (condiciones y/o culturas de clase) a la impugnación política de las formas de funcionamiento de los mismos (multiplicar desigualdades y segmentaciones entre los asalariados con gobernanzas cada vez más antidemocráticas) también supone no sólo darse los medios para actuar colectivamente sino, también, contribuir a ayudar a pensar la realidad social de otra manera.
Jorge García López | Candidato al Consejo Ciudadano de Podemos Castilla-La Mancha por la lista Claro Que Podemos Castilla La-Mancha
