nuevatribuna.es
22 de julio de 2009, 11:01
NUEVATRIBUNA.ES 22.07.2009
El pleno del Consejo General del Poder Judicial someterá este jueves a votación dos informes totalmente opuestos. Uno, el elaborado por la magistrada Margarita Uría, vocal del PNV, que declara constitucional el anteproyecto de ley del aborto al que la comisión ya dio luz verde la semana pasada; y otro, en línea con la postura que defienden los vocales conservadores, escrito por Claro Fernández Carnicero, en el que se manifiesta que la ley de plazos vulnera la Constitución.
La división en el seno del máximo órgano de gobierno de los jueces puede dejar al Poder Judicial sin que haga un pronunciamiento claro sobre la ley. El principal escollo es el voto de calidad que tiene el presidente del Consejo, Carlos Dívar (quien fuera nombrado a propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero) y que, ante un más que previsible empate, podría decantarse por rechazar el informe de Uría.
De los 20 vocales del CGPJ, 9 son del PSOE, 9 del PP, 1 del PNV y 1 de CiU. Todo apunta a que el texto de los conservadores sea rechazado y que quede en empate el de Uría ante la abstención del vocal convergente Ramón Camp, cuyo partido le da libertad de voto. Sería entonces cuando Dívar, que se espera se sume a la línea que defiende el Partido Popular, haría uso de su voto de calidad para resolver el empate de tal manera que al final no se emitiría ningún informe.
FERRAZ SUBRAYA QUE EL INFORME NO ES VINCULANTE
Desde el PSOE, la secretaria de Organización, Leire Pajín, se adelantó a subrayar que la decisión que adopte el CGPJ no es vinculante y que en todo caso el Gobierno respetará “absolutamente” el dictamen. "El compromiso electoral del PSOE y la convicción del Gobierno es que España avance en una ley que, en primer lugar, ponga el acento en la educación sexual y en la prevención de los embarazos no deseados y, en segundo lugar, asegure que ninguna mujer española tenga que pagar penalmente su derecho a decidir cuándo quiere ser madre", dijo.
Pajín señaló que el Gobierno, tras haber escuchado al CGPJ, a expertos de todo tipo, a otros países europeos y al resto de instituciones y organismos, "va a presentar esta ley, que, sin lugar a dudas, va a avanzar en la seguridad jurídica, en los derechos de las mujeres, y va a ser una ley mucho más garantista que la que tiene hoy España".
MUJERES JURISTAS QUIEREN QUE EL CGPJ DÉ EL VISTO BUENO
La división de posturas en el mundo de la judicatura también se puso de manifiesto con el llamamiento hecho por la Asociación de Mujeres Juristas Themis para que el consejo dé su visto bueno a la ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14. En declaraciones a la agencia de noticia Servimedia, la presidenta Altamira Gonzalo dijo tener "esperanza" en que así sea porque "es una ley cuyo contenido corresponde a una demanda social" y que "contempla a las mujeres como seres con plenos derechos", afirmó.
Gonzalo también recordó que esa demanda social está en coherencia con la realidad "de todos los países del entorno europeo", que tienen aprobada desde hace años "una ley que permite el aborto dentro de unos plazos con la sola decisión de la mujer".
EL POSIBLE APOYO DEL PNV DARÁ TRANQUILIDAD AL GOBIERNO
Por otro lado, en la vertiente estrictamente política, de producirse lo avanzado por la cadena SER de que el PNV dará su apoyo a la ley en el Congreso, el Gobierno podrá salir airoso al tener la oportunidad de sacar adelante la ley con el mayor consenso parlamentario posible.
Según cuenta esta cadena, el presidente del EBB-PNV, Iñigo Urkullu, se muestra a favor de que los 6 diputados peneuvistas en la Cámara Baja respalden la reforma del aborto. Ello sería consecuente con el informe elaborado por la vocal Margarita Uría cuya única objeción al anteproyecto de ley es que se notifique a los padres la decisión de su hija de 16 años a interrumpir su embarazo, sin que esto pueda obligar a la joven a no hacerlo.
En un principio, el PNV tenía intención de no fijar una posición de partido y permitir a sus diputados el voto en conciencia como viene siendo habitual. El gesto de Urkullu puede tener además una segunda lectura después de la férrea oposición que ha mantenido contra el PSOE tras las elecciones en el País Vasco. Perdida la lehendakaritzia, los peneuvistas tienen la vista puesta en la Diputación de Álava que quieren seguir manteniendo bajo su poder ante la intención del PP de desalojarles con una moción de censura.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial someterá este jueves a votación dos informes totalmente opuestos. Uno, el elaborado por la magistrada Margarita Uría, vocal del PNV, que declara constitucional el anteproyecto de ley del aborto al que la comisión ya dio luz verde la semana pasada; y otro, en línea con la postura que defienden los vocales conservadores, escrito por Claro Fernández Carnicero, en el que se manifiesta que la ley de plazos vulnera la Constitución.
La división en el seno del máximo órgano de gobierno de los jueces puede dejar al Poder Judicial sin que haga un pronunciamiento claro sobre la ley. El principal escollo es el voto de calidad que tiene el presidente del Consejo, Carlos Dívar (quien fuera nombrado a propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero) y que, ante un más que previsible empate, podría decantarse por rechazar el informe de Uría.
De los 20 vocales del CGPJ, 9 son del PSOE, 9 del PP, 1 del PNV y 1 de CiU. Todo apunta a que el texto de los conservadores sea rechazado y que quede en empate el de Uría ante la abstención del vocal convergente Ramón Camp, cuyo partido le da libertad de voto. Sería entonces cuando Dívar, que se espera se sume a la línea que defiende el Partido Popular, haría uso de su voto de calidad para resolver el empate de tal manera que al final no se emitiría ningún informe.
FERRAZ SUBRAYA QUE EL INFORME NO ES VINCULANTE
Desde el PSOE, la secretaria de Organización, Leire Pajín, se adelantó a subrayar que la decisión que adopte el CGPJ no es vinculante y que en todo caso el Gobierno respetará “absolutamente” el dictamen. "El compromiso electoral del PSOE y la convicción del Gobierno es que España avance en una ley que, en primer lugar, ponga el acento en la educación sexual y en la prevención de los embarazos no deseados y, en segundo lugar, asegure que ninguna mujer española tenga que pagar penalmente su derecho a decidir cuándo quiere ser madre", dijo.
Pajín señaló que el Gobierno, tras haber escuchado al CGPJ, a expertos de todo tipo, a otros países europeos y al resto de instituciones y organismos, "va a presentar esta ley, que, sin lugar a dudas, va a avanzar en la seguridad jurídica, en los derechos de las mujeres, y va a ser una ley mucho más garantista que la que tiene hoy España".
MUJERES JURISTAS QUIEREN QUE EL CGPJ DÉ EL VISTO BUENO
La división de posturas en el mundo de la judicatura también se puso de manifiesto con el llamamiento hecho por la Asociación de Mujeres Juristas Themis para que el consejo dé su visto bueno a la ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14. En declaraciones a la agencia de noticia Servimedia, la presidenta Altamira Gonzalo dijo tener "esperanza" en que así sea porque "es una ley cuyo contenido corresponde a una demanda social" y que "contempla a las mujeres como seres con plenos derechos", afirmó.
Gonzalo también recordó que esa demanda social está en coherencia con la realidad "de todos los países del entorno europeo", que tienen aprobada desde hace años "una ley que permite el aborto dentro de unos plazos con la sola decisión de la mujer".
EL POSIBLE APOYO DEL PNV DARÁ TRANQUILIDAD AL GOBIERNO
Por otro lado, en la vertiente estrictamente política, de producirse lo avanzado por la cadena SER de que el PNV dará su apoyo a la ley en el Congreso, el Gobierno podrá salir airoso al tener la oportunidad de sacar adelante la ley con el mayor consenso parlamentario posible.
Según cuenta esta cadena, el presidente del EBB-PNV, Iñigo Urkullu, se muestra a favor de que los 6 diputados peneuvistas en la Cámara Baja respalden la reforma del aborto. Ello sería consecuente con el informe elaborado por la vocal Margarita Uría cuya única objeción al anteproyecto de ley es que se notifique a los padres la decisión de su hija de 16 años a interrumpir su embarazo, sin que esto pueda obligar a la joven a no hacerlo.
En un principio, el PNV tenía intención de no fijar una posición de partido y permitir a sus diputados el voto en conciencia como viene siendo habitual. El gesto de Urkullu puede tener además una segunda lectura después de la férrea oposición que ha mantenido contra el PSOE tras las elecciones en el País Vasco. Perdida la lehendakaritzia, los peneuvistas tienen la vista puesta en la Diputación de Álava que quieren seguir manteniendo bajo su poder ante la intención del PP de desalojarles con una moción de censura.
