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lunes 23/5/22

Camps pretende utilizar la bronca en torno a SITEL para que se anule el caso Gürtel

El anuncio se produce justo un día después de que avalara en una sentencia la constitucionalidad de SITEL, considerando además que esta tecnología "es preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación".
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 20.11.2009

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, entiende que "no hay una suficiente regulación" ni "están suficientemente garantizados los derechos fundamentales, no con el sistema (SITEL) sino con la forma en que se está aplicando".

Según las declaraciones de Sánchez de León, el Consell pedirá la nulidad del proceso que investiga el caso 'Gürtel' si se comprobara que en las grabaciones telefónicas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se utilizó el sistema SITEL, cuyo uso "vulneraría los derechos fundamentales" por la forma en la que se está aplicando. No obstante, la portavoz ha matizado que "no es una cuestión sobre la que en este momento pueda pronunciarme todavía".

Sánchez de León se ha limitado a insistir en que "si se llegara a demostrar que han sido vulnerados los derechos fundamentales, ejerceríamos aquellas acciones que fueran necesarias para restituir los derechos vulnerados" del presidente de la Generalitat.

La declaración de la portavoz del Consell se produce tan sólo un día después de que el Tribunal Supremo avalara en una sentencia la constitucionalidad de SITEL, considerando además que esta tecnología "es preferible a los modos de intervención anteriores a su implantación".

También los condenados por tráfico de cocaína Oscar Falcón y Carlos José García Jiménez habían denunciado la vulneración de derecho al secreto de sus comunicaciones telefónicas y habían alegado que el sistema es inconstitucional. El Supremo ha rechazado sus argumentaciones basándose en al menos tres sentencias anteriores, entre ellas una del pasado 23 de marzo relativa al juicio contra el ex juez de Marbella Francisco Javier de Urquía y el ex responsable de Urbanismo en el municipio malagueño Juan Antonio Roca, ambos condenados por cohecho a pesar de que el abogado de Roca cuestionó la legalidad de las intervenciones telefónicas.

En una sentencia más reciente, del 28 de septiembre, el Constitucional establecía como requisito para que el juez pueda ordenar las escuchas que existan indicios de la posible comisión de un hecho delictivo grave, ya que "el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva". El TC también exige que la resolución determine con precisión "el número o números de teléfono que pueden ser intervenidos, el tiempo de duración de la intervención, quién ha de llevarla a cabo y los períodos en los que deba darse cuenta al juez de sus resultados a los efectos de que éste controle su ejecución".

Camps pretende utilizar la bronca en torno a SITEL para que se anule el caso Gürtel
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