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jueves. 30.06.2022
CAMPAñA DE ACOSO A UN JUEZ DE INSTRUCCIóN

Una asociación de jueces denuncia el acoso al magistrado José Castro

La Asociación Francisco de Vitoria asume que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica, pero "cuando esa crítica se convierte en ataques directos y reiterados a la persona del juez se convierte en un mecanismo de presión injustificado e intolerable".

COMUNICADO DE ASOCIACIóN DE JUECES

En el día de ayer, en el seno de unas diligencias instruidas en Palma de Mallorca por tráfico de influencias, delitos societarios, delito fiscal y blanqueo de capitales y en las que son investigadas diversas personas, algunas del entorno de la Casa Real y una de ellas Infanta de España, se ha presentado por el Ministerio Fiscal un escrito en el que, al socaire de la petición de determinadas diligencias, se contienen expresiones impertinentes y ofensivas, y acusaciones muy graves a la actuación del juez instructor.

Ante el silencio del Consejo General del Poder Judicial, esta asociación quiere poner de manifiesto que resulta intolerable en un Estado de Derecho la grosera campaña de desprestigio de un Juez de Instrucción que han emprendido ciertos medios de comunicación; campaña plagada de críticas vejatorias y ataques personales al Juez que alcanzan incluso a su vestuario. No es la primera vez que sucede, pero tal vez sea la más grosera y la más intensa. Y a dicha campaña se suma ahora, de modo incomprensible, el citado individuo del Ministerio Fiscal, órgano teóricamente llamado a ser garante de la legalidad.

En un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica; pero cuando esa crítica se convierte en ataques directos y reiterados a la persona del juez se convierte en un mecanismo de presión injustificado e intolerable que debería ser inmediatamente abortado por el órgano constitucional encargado de defender la independencia judicial: el Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, cuando los ataques personales al Juez los realiza precisamente una de las partes, o un representante del Ministerio Fiscal (teórico garante de la legalidad, repetimos), la reacción se hace imprescindible. Las expresiones groseras, el desprecio al juez y las acusaciones veladas de prevaricación que destila el escrito del Ministerio Público que hemos conocido el día de ayer son intolerables; la vía del recurso es la procedente para combatir las resoluciones que no se consideran ajustadas a Derecho, por lo que resulta de todo punto incomprensible que el mismo  Fiscal que ha dejado transcurrir el plazo sin presentar recurso frente a una resolución que no comparte se despache a posteriori en esos términos con la anuencia de su superior jerárquico.

Por todo ello, sin entrar a valorar el fondo del asunto (lo que como asociación judicial no nos compete), sí queremos hacer un pronunciamiento público en apoyo de la labor del juez de instrucción y solicitamos que los órganos de gobierno del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal adopten las decisiones que legalmente proceden ante los gravísimos hechos que aquí denunciamos.

Una asociación de jueces denuncia el acoso al magistrado José Castro
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