La asociación de juristas Preeminencia del Derecho, autora de la querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Divar, ha denunciado que la "absolución anticipada" acordada por el Tribunal Supremo es "un acto escandaloso jurídica y socialmente" y ha propuesto que sea el jurado popular el encargado de juzgar las conductas de los jueces.
La asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, ha defendido que se cambie "el sistema de jueces juzgan a jueces" y ha destacado que la fecha del 13 de junio puede celebrarse en el futuro como "la fiesta de los privilegios o la de la desigualdad ante la ley".
Preeminencia se querelló contra Dívar por los viajes de fin de semana de hasta cuatro días que habría realizado Carlos Dívar con cargo al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su juicio, la jurisprudencia Garzón sobre admisión de querellas ha sido inaplicada por la misma Sala que la creó.
Según ha explicado en un comunicado, el Supremo admitió las tres querellas contra Garzón con el argumento de que "sólo era necesario una descripción de una conducta que reuniese visos de delito" y, por lo tanto, no hacía falta demostrar su existencia porque ello era objeto de la investigación.
"Y eso es lo que realmente dice la ley. Pero era la ley contra otra persona", señala Preeminencia del Derecho, para poner de manifiesto que la valoración es diferente cuando se examina al propio presidente del Supremo.
SISTEMA "EN TELA DE JUICIO"
Ante la decisión adoptada por el alto tribunal, Preeminencia considera que el sistema de responsabilidad de magistrados ante los propios jueces, salvo supuestos excepcionales, está "en tela de juicio" y no satisface el derecho a un proceso imparcial.
"La conducta de Dívar de cargar a fondos públicos gastos privados de fin de semana es clamorosamente indiciaria de delitos de estafa de funcionario público o malversación, y el Supremo ha negado la evidencia creyendo al parecer que la ley es lo que ellos proclaman", denuncia.
A su entender el resultado de la votación de los magistrados del Pleno de lo Penal revela que "la parte salvable del sistema" es minoritaria. "La sociedad española tiene el derecho y el deber de cambiar, si no es demoler, el actual sistema judicial y con nuevas personas, formas y estilos edificar uno nuevo que cumpla los requisitos constitucionales de independencia e imparcialidad e inspire confianza en su correcto e imparcial funcionamiento", ha concluido.
