No hay duda de que la crisis económica ha sido muy perjudicial para la mayoría de la sociedad y de la ciudadanía. Pero también ha servido para que algunos consigan sus objetivos y lo hayan aprovechado a fondo.
La excusa de la crisis ha comportado, con la complicidad de los poderes políticos, la desaparición de un gran número de entidades financieras, reduciendo de forma drástica la competencia, y conformando un pequeño número de entidades supervivientes con clara tendencia al oligopolio del sistema.
La desaparición de las cajas de ahorros y de las entidades bancarias medianas se ha hecho en provecho de las tres grandes entidades (Santander, BBVA y CaixaBank), y alguna otra como el Sabadell o Popular que tratan de seguir en el juego.
Podemos ver cómo esto no significa ni más ni mejor servicio, sino únicamente una concentración que beneficia a las grandes entidades financieras y perjudica el resto, clientes, trabajadores y el conjunto de la sociedad, tal como hasta ahora se ha configurado la reestructuración.
En la liquidación de las cajas de ahorros, evitando su reestructuración o reforma interna, han jugado muchos intereses, especialmente los de la gran banca, pero también grupos de presión y los gobiernos, tanto socialista como popular, y los supervisores.
Cajas como bancos había de buenos y de malos, pero la política iniciada por el PSOE y continuada por el PP, con la complicidad del Banco de España, órgano supervisor, y la principal Caja, ha comportado que los sucesivos procesos de fusiones frías (donde se fusionaban cajas buenas con malas), la creación de bancos para hacer una indirecta función financiera, etc. haya supuesto la desaparición de las cajas malas pero arrastrando a otras que se encontraban en buena situación hasta la práctica desaparición del sector.
Finalmente antes y después del rescate bancario, las ayudas públicas han servido para que algunas entidades grandes hayan comprado a buen precio, es decir con ayudas públicas, y con reestructuraciones previas de plantillas, otras entidades. Es el caso de la compra de la CAM por el Banco de Sabadell, de Unnim por el BBVA, o de Banca Cívica y Banco de Valencia por Caixabank. A la vez es en el momento final de la denominada Reforma Financiera cuando se crea el banco malo donde van a parar los activos tóxicos inmobiliarios.
Fijémonos en uno de los casos comentados, el de las actuaciones de Caixabank, el Presidente de la cual también lo es de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
1. Con la compra de Banca Cívica, entidad que contaba con unas ayudas públicas de 972 millones de Euros, CaixaBank conseguía hacerse con un 15% de la cuota de mercado y por lo tanto convertirse en entidad líder en todo el estado, reforzando su presencia en los diversos territorios. Del conjunto de la plantilla de Banca Cívica se incorporan 5708, un 80% a CaixaBank ya que se efectúa una reestructuración que elimina a 1453 trabajadores / as. En el acuerdo de integración se establece una movilidad total para 850 personas durante tres años, esta medida no es más que otra manera de reducir plantilla ya que la movilidad comporta en una gran mayoría de casos la solicitud de rescisión del contrato. Es decir que en la práctica la incorporación es de 5.000 trabajadores. Posteriormente los activos tóxicos inmobiliarios se pasan al "banco malo".
2. La compra del Banco de Valencia, comportó a Caixabank hacerse con una entidad con 5.500 millones de ayudas públicas. A la vez sus activos tóxicos inmobiliarios han pasado al "banco malo" y el FROB garantizan al resto de préstamos en un 70% durante los próximos 10 años. El 50% de la plantilla fue objeto de reestructuración antes de la compra, unos 795 trabajadores, anteriormente ya se había hecho un ERE con cerca de 400 trabajadores más.
3. El tercer paso de la Caja, ahora, es plantear un ERE al conjunto de CaixaBank, de entre 3000.y 4.000 personas, mediante bajas incentivadas y prejubilaciones. Esto comportaría que CaixaBank después de todas las operaciones ganará cuota de mercado, millones en ayudas públicas y prácticamente se mantuviera con la misma plantilla, o como máximo con unos 1.500 trabajadores más. Se habría deshecho en el conjunto de las operaciones y en el peor de los casos entre 6100 a 7100 trabajadores, eliminando al mismo tiempo entre 2000 y 3000 oficinas. Habrá que ver cómo irá la negociación del ERE, ya que hay que tener en cuenta que hablamos de una entidad que no está en crisis, con beneficios y en la que sus directivos (los 200 primeros) cobran sueldos y "bonus millonarios". Ahora habrá que ver si todavía pretende hacer pasar a quienes opten por las indemnizaciones o prejubilaciones por el paro, lo que sería un grave fraude a la ley.
Este es un ejemplo de cómo se hace una entidad oligopolística. Lo mismo podríamos decir de otros, Banco Sabadell o BBVA, o si en el futuro algún otro se queda con CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia, Bankia o cualquier otra entidad.
En definitiva se crean y benefician entidades oligopólicas con el dinero de todos. Todos los demás perdemos. Los ciudadanos pagaremos con nuestros impuestos el rescate bancario que nos impuesto Europa, beneficiándose unas entidades que no sólo privatizan sus beneficios, sino que ni siquiera cumplen con su función de hacer fluir el crédito hacia la economía productiva. Por lo tanto los ciudadanos perdemos. Pierden los trabajadores con miles de despedidos. Y pierde la clientela, con menos competencia, y por el hecho de que la desaparición de las cajas y la banca mediana, y el cierre de oficinas, provoca exclusión social y territorial.
A estas alturas para evitar la desaparición de la banca social que representaban las cajas y para evitar el oligopolio financiero es necesario reivindicar más que nunca que con las entidades ahora ya nacionalizadas se cree una Banca Pública que haga competencia al oligopolio privado y garantice que haya crédito para las familias y para las PYMES. También hay que forzar a que el "banco malo" cree un parque de vivienda social para alquiler o compra. Al mismo tiempo habría que impedir que todas las entidades que han recibido ayudas de forma directa o indirecta puedan continuar con la política de desahucios de primeras viviendas.
