nuevatribuna.es
9 de marzo de 2010, 9:07
NUEVATRIBUNA.ES - 8.3.2010
La declaración del CGPJ advierte del "inmerecido efecto deslegitimador" que las manifestaciones vertidas en los últimos días pueden provocar en relación a un poder básico del Estado. El llamamiento del consejo puede relacionarse con la arremetida del ministro venezolano de Asuntos Exteriores contra el juez Eloy Velasco por su auto en el que acusa al Gobierno de Chávez de amparar la colaboración entre ETA y las FARC. Pero el hecho de que hable de "responsables políticos" hace pensar también en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que este domingo elogiaba la "valentía" frente a ETA del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, incurso en tres causas penales en el Tribunal Supremo. Y no sólo esto. En las últimas semanas han proliferado las informaciones que vinculan el acoso judicial al magistrado con las posiciones ideológicas de algunos de sus "acusadores" e incluso con viejas rencillas personales.
A esta última categoría pertenecerían las motivaciones del juez del Supremo, Luciano Varela, autor de un auto en el que más que aportar los motivos por los que Garzón debería ser juzgado por haber cometido, supuestamente, el delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo emitía una condena en toda regla contra el juez de la Audiencia Nacional.
No se puede olvidar tampoco que el propio Garzón ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que los vocales Margarita Robles, Fernando de Rosa y Gemma Gallego se abstengan en la toma de la decisión sobre su situación, su posible suspensión mientras se solventan las causas que tiene pendientes. En el escrito presentado el pasado viernes, el magistrado advierte de que si los tres vocales no se apartan de este debate pedirá su recusación. Sobre De Rosa, alega que mantiene "amistad íntima" con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y la "enemistad manifiesta" contra él, que también atribuye a los otros dos vocales.
Sobre la evidente maniobra de los acusados de pertenecer a la trama corrupta Gürtel contra el juez que abrió la investigación sobre sus manejos, ha hablado también el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que hace unos días denunciaba el intento de todos ellos de evitar que "la ley les caiga encima". Respecto a la decisión del Supremo de admitir como acusador al presunto cabecilla, Francisco Correa, por las escuchas a las que fueron sometidos los abogados de la trama, dijo que "no hay que ser un genio" para darse cuenta de que pretende que se anulen algunas pruebas contra él.
A todo ello hay que sumar reacciones internacionales criticando la "politización de la justicia española". Los Angeles Times llegó a hablar de 'vendetta', y Página 12 se preguntó por qué juzgan al magistrado por perseguir los crímenes de la dictadura franquista. El abogado argentino Pedro Kesselman, ex vicepresidente del Colegio Público de Abogados la Capital Federal, declaró a nuevatribuna.es que "si Garzón es destituido la imagen de España será lamentable y con signos de decadencia". Por no mencionar a los 40 juristas que se han pronunciado en contra del carpetazo a la investigación de los crímenes del franquismo.
La declaración del CGPJ señala que, "en relación con las informaciones, comentarios y opiniones que, en los últimos días, vienen produciéndose relativos a determinadas actuaciones judiciales que se siguen en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional" este órgano, "desde la más absoluta defensa de la libertad de expresión", exige también "el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles". Añade que los jueces "cuentan, y contarán siempre, con todo el apoyo y defensa del Consejo General del Poder Judicial, como muy recientemente ha puesto de relieve el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar".
El Consejo reitera además "que el desarrollo de la función judicial precisa de un sereno clima para su más adecuado ejercicio", y que éste clima "resulta difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los Jueces en su conjunto, provocando la desconfianza en un Poder básico del Estado". Por todo ello, el máximo órgano de gobierno de los jueces considera "indispensable" que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, "se realicen desde las coordenadas de máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso".
Este lunes, el presidente del Senado, Javier Rojo, ha expresado su "admiración" hacia Baltasar Garzón y ha dicho sentirse "orgulloso" porque España cuente con un juez que se ha enfrentado a "situaciones dificilísimas" en materia de terrorismo o narcotráfico. "Habrá podido cometer equivocaciones, como todo el mundo, pero en esa lucha ha sido un activista", ha añadido en declaraciones a TVE.
La declaración del CGPJ advierte del "inmerecido efecto deslegitimador" que las manifestaciones vertidas en los últimos días pueden provocar en relación a un poder básico del Estado. El llamamiento del consejo puede relacionarse con la arremetida del ministro venezolano de Asuntos Exteriores contra el juez Eloy Velasco por su auto en el que acusa al Gobierno de Chávez de amparar la colaboración entre ETA y las FARC. Pero el hecho de que hable de "responsables políticos" hace pensar también en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que este domingo elogiaba la "valentía" frente a ETA del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, incurso en tres causas penales en el Tribunal Supremo. Y no sólo esto. En las últimas semanas han proliferado las informaciones que vinculan el acoso judicial al magistrado con las posiciones ideológicas de algunos de sus "acusadores" e incluso con viejas rencillas personales.
A esta última categoría pertenecerían las motivaciones del juez del Supremo, Luciano Varela, autor de un auto en el que más que aportar los motivos por los que Garzón debería ser juzgado por haber cometido, supuestamente, el delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo emitía una condena en toda regla contra el juez de la Audiencia Nacional.
No se puede olvidar tampoco que el propio Garzón ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que los vocales Margarita Robles, Fernando de Rosa y Gemma Gallego se abstengan en la toma de la decisión sobre su situación, su posible suspensión mientras se solventan las causas que tiene pendientes. En el escrito presentado el pasado viernes, el magistrado advierte de que si los tres vocales no se apartan de este debate pedirá su recusación. Sobre De Rosa, alega que mantiene "amistad íntima" con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y la "enemistad manifiesta" contra él, que también atribuye a los otros dos vocales.
Sobre la evidente maniobra de los acusados de pertenecer a la trama corrupta Gürtel contra el juez que abrió la investigación sobre sus manejos, ha hablado también el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que hace unos días denunciaba el intento de todos ellos de evitar que "la ley les caiga encima". Respecto a la decisión del Supremo de admitir como acusador al presunto cabecilla, Francisco Correa, por las escuchas a las que fueron sometidos los abogados de la trama, dijo que "no hay que ser un genio" para darse cuenta de que pretende que se anulen algunas pruebas contra él.
A todo ello hay que sumar reacciones internacionales criticando la "politización de la justicia española". Los Angeles Times llegó a hablar de 'vendetta', y Página 12 se preguntó por qué juzgan al magistrado por perseguir los crímenes de la dictadura franquista. El abogado argentino Pedro Kesselman, ex vicepresidente del Colegio Público de Abogados la Capital Federal, declaró a nuevatribuna.es que "si Garzón es destituido la imagen de España será lamentable y con signos de decadencia". Por no mencionar a los 40 juristas que se han pronunciado en contra del carpetazo a la investigación de los crímenes del franquismo.
La declaración del CGPJ señala que, "en relación con las informaciones, comentarios y opiniones que, en los últimos días, vienen produciéndose relativos a determinadas actuaciones judiciales que se siguen en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional" este órgano, "desde la más absoluta defensa de la libertad de expresión", exige también "el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles". Añade que los jueces "cuentan, y contarán siempre, con todo el apoyo y defensa del Consejo General del Poder Judicial, como muy recientemente ha puesto de relieve el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar".
El Consejo reitera además "que el desarrollo de la función judicial precisa de un sereno clima para su más adecuado ejercicio", y que éste clima "resulta difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los Jueces en su conjunto, provocando la desconfianza en un Poder básico del Estado". Por todo ello, el máximo órgano de gobierno de los jueces considera "indispensable" que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, "se realicen desde las coordenadas de máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso".
Este lunes, el presidente del Senado, Javier Rojo, ha expresado su "admiración" hacia Baltasar Garzón y ha dicho sentirse "orgulloso" porque España cuente con un juez que se ha enfrentado a "situaciones dificilísimas" en materia de terrorismo o narcotráfico. "Habrá podido cometer equivocaciones, como todo el mundo, pero en esa lucha ha sido un activista", ha añadido en declaraciones a TVE.
