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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 15.7.2010

Esperanza Aguirre ha celebrado este jueves ante la Junta Directiva Regional el archivo del "asunto absurdo" del espionaje, un caso que, como ella misma ha recordado, "ha perseguido" al Gobierno regional durante este curso político y el anterior. Aguirre mostraba así su alegría después de conocer que la juez Carmen Valcarce ha decidido decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas para investigar los supuestos seguimientos realizados al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada en 2008. Contra esta resolución cabe recurso de reforma y, subsidiariamente, recurso de apelación.

Antes de la intervención de la dirigente regional ante el órgano más grande el PP madrileño, el secretario general de la formación, Francisco Granados, ha expuesto el fallo ante las más de 400 personas que forman la Junta, quienes también le han ovacionado y aplaudido. Según algunos de los asistentes, la ovación ha durado varios minutos.

GRANADOS, EXULTANTE

Antes de comparecer ante la Junta Directiva Regional, Granados, que también es consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, ha celebrado una multitudinaria rueda de prensa para expresar su "absoluta satisfacción" por el archivo del 'caso del Espionaje' y pedir responsabilidades a quienes le han acusado por haberlo orquestado. En primer lugar, ha manifestado que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, debería empezar por pedir perdón a los funcionarios acusados "injustamente y maltratados", así como a los madrileños por "hacer creer que el Gobierno utilizó medios para espías". Y, por otro lado, ha considerado que tanto el ex consejero Alfredo Prada y la diputada regional Carmen Rodríguez Flores, que denunciaron los seguimientos, deberían dimitir, "si les queda dignidad", de su escaño en el Grupo Popular, y "vivir de otra cosa".

"Manuel Cobo, en el ejercicio de su libertad, ha interpuesto una denuncia y los juzgados no le han dado la razón ni en lo que denunciaba ni en lo que ha venido declarando en el último año. Cobo debería empezar por pedir perdón y otras personas, Prada y Rodríguez, deben abandonar su escaño y el grupo popular", ha reiterado.

El dirigente 'popular' ha reseñado que la Comunidad de Madrid siempre ha creído en la inocencia de los acusados injustamente, contra quienes se atentó en su derecho a la intimidad, honorabilidad y su nombre. "Hay personas que desde el primer día han dado por buena una teoría que hoy se demuestra falsa. Su objetivo era perjudicar y desgastar la imagen de la presidenta", ha denunciado Granados en alusión a El País, el medio de comunicación que destapó el caso, así como en referencia a los diputados denunciantes.

A juicio de Granados, el auto demuestra que "no se produjo ningún seguimiento ni vigilancia, así como ninguna ilegalidad por parte de ningún funcionario de la Comunidad de Madrid. Desde que saltó el caso, ha habido una comisión en el seno del PP, una en la Asamblea de Madrid y una investigación judicial dilatada en la que la juez ha admitido las peticiones de diligencias de todas las partes. A preguntas de un periodista sobre si negaba los espionajes, a pesar de haber comentado a un compañero de su medio que se enteró de los mismos a través de un guardia civil, Granados ha contestado: "No lo niego yo, lo dice una juez". "Niego tajantemente que haya habido espionaje y que se haya dado ninguna orden desde la Comunidad. Eso lo niega un auto de los Juzgados", ha insistido, añadiendo: "siento que a alguno les decepcione. Pero como se dice en mi pueblo, es lo que hay".

Sobre la posible reincorporación de Sergio Gamón a su cargo, el consejero ha aclarado que él dimitió a raíz de las declaraciones de su ex mujer y al no querer que su tema personal y privado afectara a la imagen del Gobierno de Madrid. "Esta decisión la respetamos y nada tiene que ver con el archivo", ha asegurado.

EL PROCESO JUDICIAL "NO HA CONCLUIDO"

Para una de las víctimas del espionaje, el director del PP en el Exterior y ex consejero en la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, las cosas no están ni mucho menos tan claras. Prada ha recordado que el proceso judicial que investiga los presuntos espionajes "no ha concluido" y que serán "instancias superiores las que tendrán que revisar" el fallo emitido hoy, en el que se archiva la causa por no haberse encontrado pruebas de malversación de fondos públicos.

"Si la justicia determina que los seguimientos que se me hicieron, que sí han quedado acreditados, eran para darme seguridad o protección, bienvenido sea y si tuvieran otras finalidades y fueran delictivas, será la justicia la que tenga que pronunciarse al respecto", ha señalado.

Con respecto a las palabras del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, quien este jueves consideró que, "si le queda dignidad", el ex consejero madrileño debería "dimitir del Grupo Popular", Prada ha rechazado "entrar en valoraciones de las declaraciones de Granados ni de ningún otro".

EL PSM PIDE EXPLICACIONES DE AGUIRRE EN LA ASAMBLEA

Tampoco los socialistas madrileños creen que el asunto pueda darse por cerrado. La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha afirmado que más allá de la responsabilidad penal, la responsabilidad política de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "está más viva que nunca" en el caso de los presuntos espionajes, y ha avanzado que pedirán un pleno extraordinario en el que Aguirre hable de ello.

"Puede que no exista un tipo penal en el que se considere el espionaje un delito pero, desde luego, desde el punto de vista político el utilizar medios públicos y producir esos seguimientos a personas del PP... la responsabilidad política de Aguirre va mucho más allá de la responsabilidad penal, está más viva que nunca", ha asegurado Menéndez.

La portavoz socialista ha anunciado que van a exigir que la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid el viernes 23 se plantee la celebración de un pleno donde Aguirre dé explicaciones de por qué admitió la dimisión del director del Área de Seguridad, Sergio Gamón, "cuando le ha mantenido más de un año en su cargo cobrando del erario público sin saber a fecha de hoy a qué funciones se dedicaba" ni él ni los asesores de seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

"La presidenta Aguirre debe asumir una responsabilidad política por cuanto el auto de la jueza lo que plantea es que el hecho de seguir a una persona no constituye una infracción penal. También plantea que se hace difícil determinar con la claridad suficiente la realidad de los seguimientos", ha señalado, para matizar que sí consta que Pinto (un empleado de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior) hizo anotaciones en partes.

Lo que se pregunta Menéndez es "por qué ha mantenido a Sergio Gamón durante muchos meses con un salario de 90.000 euros sin saber a qué funciones se dedica", así como por qué admite su dimisión formalmente cuando Yolanda Laviana hace unas declaraciones en las que manifiesta el conocimiento de los seguimientos tanto de la presidenta como del vicepresidente regional, Ignacio González y del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

> PDF: Auto por el que se archiva el 'caso del espionaje'

Aguirre y Granados, ovacionados por espiar a sus compañeros del PP