nuevatribuna.es
11 de enero de 2010, 4:02
NUEVATRIBUNA.ES - 11.1.2010
Lo que dijo la número dos de Rajoy el pasado 6 de agosto en una entrevista concedida a la agencia EFE es que se estaban produciendo "escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales de su partido. De Cospedal denunciaba la existencia de un "Estado policial" que, a su juicio, lleva al Gobierno a "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia". "Perseguir a la oposición", como cree que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hace ahora, resulta "propio de un sistema antidemocrático", recalcaba e insistía en que las escuchas "se hacen de manera ilegal, nos consta", apuntando que "hay altos dirigentes nacionales del partido cuyo teléfono ha sido "pinchado".
Estas acusaciones fueron posteriormente reiteradas por la propia María Dolores de Cospedal en entrevistas concedidas a distintos medios, como la que le realizaron en la televisión de Libertad Digital que reproducimos más abajo.
Sobre citación judicial, que se ha producido a raiz de la demanda presentada por una plataforma ciudadana, Rajoy ha evitado pronunciarse directamente pero ha llamado la atención sobre los riesgos que entraña un sistema de vigilancia como SITEL: "Cuando se limitan derechos fundamentales, hay que ser muy cuidadosos. (...) Yo he sido ministro de Interior y he visto cosas que no me han gustado. Yo no tuve acusaciones por escuchas ilegales".
Preguntado por su opinión sobre el actual titular del departamento, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy ha admitido que en la lucha contra el terrorismo "las cosas se están haciendo bien", pero ha señalado directamente a lo que se ha convertido últimamente en el caballo de batalla de la oposición del PP al Ejecutivo: el caso Faisán, más conocido como el del "chivatazo". "Tengo la convicción", ha dicho cuando se le ha pedido su opinión sobre si los hechos se produjeron con conocimiento del Gobierno. "Esto es muy grave", ha asegurado y ha recordado el "espectáculo" que se produjo con De Juana Chaos, aunque también ha reconocido que sería impensable que hoy volviera a repetirse algo como aquello tras el giro que ha dado la política antiterrorista del Gobierno.
"ES ABARATAR EL DESPIDO O NO"
El líder del PP ha hablado también de otros asuntos como la situación económica y las medidas que propone su partido para hacerle frente. Fundamentalmente, son tres: reducir la deuda pública, reestructurar el sistema financiero y la reforma del mercado laboral. Por lo que se refiere a este último punto, Rajoy plantea modificar la intermediación en el mercado de trabajo para romper el monopolio del INEM, flexibilizar la negociación colectiva, mejorar la formación y terminar con la dualidad en la contratación para terminar con las altas tasas de temporalidad existentes en España. A pesar de que ha evitado con sumo cuidado pronunciar la frase "abaratamiento del despido", ha dejado claro que ese es el camino a seguir, a su juicio, para terminar con la situación del treinta y tantos por ciento de los trabajadores que, al ser temporales, reciben una indemnización por despido de ocho días por año trabajado o de ninguno. En este punto, y más gallego o enigmático que nunca, se ha limitado a proununciar esta sentencia: "Es abaratar el despido o no".
Rajoy ha hecho hincapié varias veces en que es el Gobierno quien tiene que asumir el liderazgo, tras el 'fiasco' del diálogo social del pasado verano, y poner propuestas encima de la mesa. Ha acusado al Ejecutivo de "inacción, de "esperar a ver si deja de llover" y de no ir por el "buen camino". En su opinión, las salidas a la crisis no son cuestiones ideológicas como dijo Zapatero. Lo que hay, según sus palabras, es "un empecinamiento y un estar instalado en el tópico".
En cuanto a si Gerardo Díaz Ferrán debe ser la persona que represente a los empresarios en la mesa de diálogo social, no ha querido mojarse. "Ha sido elegido por los empresarios", ha dicho, y "ni la oposición ni el Gobierno deben discutir quién debe ser el presidente de los empresarios".
Lo que dijo la número dos de Rajoy el pasado 6 de agosto en una entrevista concedida a la agencia EFE es que se estaban produciendo "escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales de su partido. De Cospedal denunciaba la existencia de un "Estado policial" que, a su juicio, lleva al Gobierno a "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia". "Perseguir a la oposición", como cree que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hace ahora, resulta "propio de un sistema antidemocrático", recalcaba e insistía en que las escuchas "se hacen de manera ilegal, nos consta", apuntando que "hay altos dirigentes nacionales del partido cuyo teléfono ha sido "pinchado".
Estas acusaciones fueron posteriormente reiteradas por la propia María Dolores de Cospedal en entrevistas concedidas a distintos medios, como la que le realizaron en la televisión de Libertad Digital que reproducimos más abajo.
Sobre citación judicial, que se ha producido a raiz de la demanda presentada por una plataforma ciudadana, Rajoy ha evitado pronunciarse directamente pero ha llamado la atención sobre los riesgos que entraña un sistema de vigilancia como SITEL: "Cuando se limitan derechos fundamentales, hay que ser muy cuidadosos. (...) Yo he sido ministro de Interior y he visto cosas que no me han gustado. Yo no tuve acusaciones por escuchas ilegales".
Preguntado por su opinión sobre el actual titular del departamento, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy ha admitido que en la lucha contra el terrorismo "las cosas se están haciendo bien", pero ha señalado directamente a lo que se ha convertido últimamente en el caballo de batalla de la oposición del PP al Ejecutivo: el caso Faisán, más conocido como el del "chivatazo". "Tengo la convicción", ha dicho cuando se le ha pedido su opinión sobre si los hechos se produjeron con conocimiento del Gobierno. "Esto es muy grave", ha asegurado y ha recordado el "espectáculo" que se produjo con De Juana Chaos, aunque también ha reconocido que sería impensable que hoy volviera a repetirse algo como aquello tras el giro que ha dado la política antiterrorista del Gobierno.
"ES ABARATAR EL DESPIDO O NO"
El líder del PP ha hablado también de otros asuntos como la situación económica y las medidas que propone su partido para hacerle frente. Fundamentalmente, son tres: reducir la deuda pública, reestructurar el sistema financiero y la reforma del mercado laboral. Por lo que se refiere a este último punto, Rajoy plantea modificar la intermediación en el mercado de trabajo para romper el monopolio del INEM, flexibilizar la negociación colectiva, mejorar la formación y terminar con la dualidad en la contratación para terminar con las altas tasas de temporalidad existentes en España. A pesar de que ha evitado con sumo cuidado pronunciar la frase "abaratamiento del despido", ha dejado claro que ese es el camino a seguir, a su juicio, para terminar con la situación del treinta y tantos por ciento de los trabajadores que, al ser temporales, reciben una indemnización por despido de ocho días por año trabajado o de ninguno. En este punto, y más gallego o enigmático que nunca, se ha limitado a proununciar esta sentencia: "Es abaratar el despido o no".
Rajoy ha hecho hincapié varias veces en que es el Gobierno quien tiene que asumir el liderazgo, tras el 'fiasco' del diálogo social del pasado verano, y poner propuestas encima de la mesa. Ha acusado al Ejecutivo de "inacción, de "esperar a ver si deja de llover" y de no ir por el "buen camino". En su opinión, las salidas a la crisis no son cuestiones ideológicas como dijo Zapatero. Lo que hay, según sus palabras, es "un empecinamiento y un estar instalado en el tópico".
En cuanto a si Gerardo Díaz Ferrán debe ser la persona que represente a los empresarios en la mesa de diálogo social, no ha querido mojarse. "Ha sido elegido por los empresarios", ha dicho, y "ni la oposición ni el Gobierno deben discutir quién debe ser el presidente de los empresarios".
