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NUEVATRIBUNA.ES - 16.03.2009

El PP ha dado carpetazo definitivo a la comisión de los espías con unas conclusiones anunciadas que niegan la autoría del gobierno regional en los seguimientos políticos y que dejan en manos de la justicia unos hechos por los que no asumen ningún tipo de responsabilidad.

La última sesión de la comisión parlamentaria que ha investigado la trama de espionaje en Madrid ha finiquitado unos trabajos paupérrimos con la aprobación este lunes de un dictamen elaborado por el grupo mayoritario en la Asamblea que deberá ser ratificado en Pleno.

El Grupo Popular pretende meter con calzador la votación de dicho dictamen en la sesión de este miércoles, tras las preguntas de control al Gobierno, en víspera de un puente y vulnerando nuevamente �a juicio del PSOE- el Reglamento de la Cámara, cuyo artículo 108.2 determina que no se pueden introducir nuevos puntos en el orden del día (se fijan con una semana de antelación) a no ser que sean considerados con carácter de urgencia, en cuyo caso, deben ser aprobados por unanimidad.

Pero no ha sido así. El PP ha vuelto a imponer su mayoría en la Cámara para ventilar cuanto antes uno de los asuntos más graves que han ocurrido en la Comunidad de Madrid. La dificultad por reducir el Pleno ordinario que ya está cerrado y dejar hueco al dictamen de la comisión sobre el espionaje político llevó incluso al vicepresidente del Gobierno Ignacio González, a manifestar la semana pasada a la portavoz socialista Maru Menéndez, en una conversación de pasillos, su disposición a hacer más cómodo el debate para que no se prolongara hasta última hora de la noche. Un gesto que solo puede interpretarse por el interés del PP de guardar las formas, aunque sólo sea en el acto final antes de bajar el telón.

En vista de que el PSOE no ha conseguido que se convoque un pleno extraordinario donde se debatan ampliamente las conclusiones de todos los grupos (una de las razones junto con la vulneración de los derechos de los diputados por las que el PSOE pedirá amparo al Tribunal Constitucional), la oposición solo tendrá diez minutos de exposición y cinco de réplica para defender su propio dictamen, el que concluye afirmando (en eso coinciden PSOE e IU) que ha habido espionaje político y que su máximo responsable es el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

Se da la paradoja de que uno de los espiados, el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, es diputado en la Asamblea y como tal deberá verse obligado (si no quiere romper la disciplina de Grupo) a votar a favor del dictamen amañado por sus propios compañeros de partido que le han tachado de mentiroso y de ladrón y que le han impedido comparecer en la comisión de investigación. También se puede dar el caso de que decidiera no asistir como viene siendo habitual desde que saltara la trama de espionaje, aunque el gesto �en su lectura política- sería igualmente interpretable.

En el poco tiempo que han durado los trabajos, el PP no ha perdido ocasión de arremeter con dureza contra el PSOE. La última acusación en boca del portavoz David Pérez es que los socialistas han tomado “una deriva antisistema” por la supuesta campaña de acoso y derribo al Gobierno de Esperanza Aguirre y por dar pábulo al trabajo de investigación publicado por el diario El País y que, de ser probado por los tribunales, convertirá a la presidenta en la máxima responsable de unos seguimientos igual de ilegales que descontrolados.

El raca raca del PP se ha trasladado a la televisión pública madrileña. “¿Han visto ustedes Telemadrid este fin de semana?”, preguntó en la comisión la portavoz de Izquierda Unida Inés Sabanés. Lo decía por los reportajes que “machaconamente” ha estado emitiendo la cadena, “medio oficial de propaganda” de Aguirre -afirmó- para mantener la teoría de la conspiración y negar cualquier implicación en la trama.

Parece evidente que el PP está instalado en la ocultación de un asunto que puede acarrearle más de un disgusto con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Eso lo sabe muy bien Mariano Rajoy, de ahí su tregua con la lideresa para que le ayude a captar votos en el que creen todavía su feudo por excelencia. La batalla interna queda aparcada en el principal partido de la oposición cuya número dos, María Dolores de Cospedal, tiene un asunto pendiente de decidir: reabrir o no la investigación interna, tal y como prometió, una vez aprobado el dictamen parlamentario.

¿Votará el diputado Alfredo Prada un dictamen que le tacha de mentiroso?