nuevatribuna.es
16 de noviembre de 2010, 7:52
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 16.11.2010
Desde que saliera a la luz la Gürtel que afecta al Partido Popular en Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha dejado de obstaculizar la investigación parlamentaria de la trama de corrupción amparándose en que es un asunto que está en manos de los tribunales. La mayoría parlamentaria del PP dio carpetazo a la comisión de investigación sobre el espionaje político, realizado presuntamente con fondos públicos, y ha impedido en reiteradas ocasiones que la oposición acceda a información sobre los contratos adjudicados a las empresas gestionadas por el cerebro de la trama, Francisco Correa. El no por respuesta se ha repetido en los últimos meses tanto en el pleno del parlamento regional -con la formulación de preguntas- y en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, y siempre con el mismo argumento machacón: el PP no tiene nada que ocultar porque ha actuado bajo la legalidad, algo que, no obstante, deberá determinar la justicia en última instancia.
Ante la cerrazón del PP para la gestión de los recursos públicos se haga con luz y taquígrafos, el Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley, que será debatida y votada en la sesión plenaria de este jueves, con la que se insta al Gobierno de Aguirre a elaborar una ‘ley de transparencia informativa’. La propuesta contará con el respaldo de los diputados de Izquierda Unida pero por las últimas declaraciones hechas por el portavoz popular, David Pérez, no parece que el PP vaya a aceptarla.
Aunque la iniciativa no tiene visos de prosperar, los grupos de la oposición pretenden que el PP se retrate. “El Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado a hacer algo para luchar contra la corrupción que ahora mismo asola a la Administración. La trama Gürtel afecta a todas las consejerías. Ha habido irregularidades políticas y administrativas y eso es lo que tratamos de combatir”, dice el diputado socialista y autor de la proposición no de ley, José Manuel Franco.
Los socialistas proponen restringir el ejercicio del empleo público con otro tipo de cargos en el sector privado porque aunque esto está recogido en el Estatuto del Empleado Público, a juicio del PSOE, “no resulta suficiente”. La ley incluiría la obligación de hacer públicos los ingresos personales, tanto cuando se accede al cargo como cuando se deja; la declaración de ingresos familiares, porque, como dice José Manuel Franco, “un cargo público puede no tener nada que ver con aquellas cuestiones sobre las que contrata pero puede tener un familiar que de alguna manera tenga que ver con aquello sobre lo que el cargo público decide”. La normativa incluiría además la obligación de hacer público el patrimonio –ya que “pueden darse enriquecimientos, es decir, un aumento del patrimonio de forma vertiginosa-; y que se hagan públicos los regalos que reciben los cargos políticos.
Respecto a la publicidad de los datos relativos a la contratación (a la que los ciudadanos podrían acceder también por Internet), se publicaría la información de las adjudicaciones de contratos, los criterios de selección y valoración, el informe sobre la valoración de las ofertas, puntuaciones y criterios que han otorgado la adjudicación, datos del adjudicatario, cesiones, subcontrataciones, suspensiones y rescisiones. A ello se uniría la regulación de un órgano independiente respecto del Gobierno encargado de velar por la aplicación de las normas de transparencia y de incompatibilidades.
“Queremos introducir la transparencia de algunas prácticas porque aunque no sea la solución definitiva para combatir la corrupción, de alguna manera paliaría los efectos que tiene sobre la política madrileña”, dice a nuevatribuna.es el diputado socialista. José Manuel Franco también resalta la importancia de la iniciativa por el hecho de que serviría para “corregir” el “grado de desafección que tiene la gente sobre la política”. En este sentido, recuerda que hay “una idea instalada en buena parte de la población sobre que la clase política funciona y trabaja a espaldas de los ciudadanos, por lo que si hacemos públicos una serie de detalles sobre el patrimonio de los altos cargos y demás personas que tienen influencia en las contrataciones ayudaríamos a que la sociedad estuviese más al corriente de lo que realmente hacen los políticos”, afirma.
Franco recuerda que ya hay leyes similares en casi todas las comunidades autónomas (también a nivel estatal), incluso algunas gobernadas por el PP, excepto Valencia, “curiosamente”, subraya en alusión a la otra rama de la Gürtel que investigan los tribunales y que afecta al Gobierno de Francisco Camps. “Si se combate la corrupción de alguna manera estamos ahorrando dinero del bolsillo de todos los madrileños”, asegura y pone como ejemplo el reciente proceso contra determinadas tramas de corrupción llevado a cabo en Milán (Italia), tras el cual se ha llegado a ahorrar hasta un 50% en obras públicas puestas en marcha con posterioridad al mismo. “Básicamente queremos introducir la transparencia en la Comunidad de Madrid”, termina señalando.
Desde que saliera a la luz la Gürtel que afecta al Partido Popular en Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha dejado de obstaculizar la investigación parlamentaria de la trama de corrupción amparándose en que es un asunto que está en manos de los tribunales. La mayoría parlamentaria del PP dio carpetazo a la comisión de investigación sobre el espionaje político, realizado presuntamente con fondos públicos, y ha impedido en reiteradas ocasiones que la oposición acceda a información sobre los contratos adjudicados a las empresas gestionadas por el cerebro de la trama, Francisco Correa. El no por respuesta se ha repetido en los últimos meses tanto en el pleno del parlamento regional -con la formulación de preguntas- y en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, y siempre con el mismo argumento machacón: el PP no tiene nada que ocultar porque ha actuado bajo la legalidad, algo que, no obstante, deberá determinar la justicia en última instancia.
Ante la cerrazón del PP para la gestión de los recursos públicos se haga con luz y taquígrafos, el Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley, que será debatida y votada en la sesión plenaria de este jueves, con la que se insta al Gobierno de Aguirre a elaborar una ‘ley de transparencia informativa’. La propuesta contará con el respaldo de los diputados de Izquierda Unida pero por las últimas declaraciones hechas por el portavoz popular, David Pérez, no parece que el PP vaya a aceptarla.
Aunque la iniciativa no tiene visos de prosperar, los grupos de la oposición pretenden que el PP se retrate. “El Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado a hacer algo para luchar contra la corrupción que ahora mismo asola a la Administración. La trama Gürtel afecta a todas las consejerías. Ha habido irregularidades políticas y administrativas y eso es lo que tratamos de combatir”, dice el diputado socialista y autor de la proposición no de ley, José Manuel Franco.
Los socialistas proponen restringir el ejercicio del empleo público con otro tipo de cargos en el sector privado porque aunque esto está recogido en el Estatuto del Empleado Público, a juicio del PSOE, “no resulta suficiente”. La ley incluiría la obligación de hacer públicos los ingresos personales, tanto cuando se accede al cargo como cuando se deja; la declaración de ingresos familiares, porque, como dice José Manuel Franco, “un cargo público puede no tener nada que ver con aquellas cuestiones sobre las que contrata pero puede tener un familiar que de alguna manera tenga que ver con aquello sobre lo que el cargo público decide”. La normativa incluiría además la obligación de hacer público el patrimonio –ya que “pueden darse enriquecimientos, es decir, un aumento del patrimonio de forma vertiginosa-; y que se hagan públicos los regalos que reciben los cargos políticos.
Respecto a la publicidad de los datos relativos a la contratación (a la que los ciudadanos podrían acceder también por Internet), se publicaría la información de las adjudicaciones de contratos, los criterios de selección y valoración, el informe sobre la valoración de las ofertas, puntuaciones y criterios que han otorgado la adjudicación, datos del adjudicatario, cesiones, subcontrataciones, suspensiones y rescisiones. A ello se uniría la regulación de un órgano independiente respecto del Gobierno encargado de velar por la aplicación de las normas de transparencia y de incompatibilidades.
“Queremos introducir la transparencia de algunas prácticas porque aunque no sea la solución definitiva para combatir la corrupción, de alguna manera paliaría los efectos que tiene sobre la política madrileña”, dice a nuevatribuna.es el diputado socialista. José Manuel Franco también resalta la importancia de la iniciativa por el hecho de que serviría para “corregir” el “grado de desafección que tiene la gente sobre la política”. En este sentido, recuerda que hay “una idea instalada en buena parte de la población sobre que la clase política funciona y trabaja a espaldas de los ciudadanos, por lo que si hacemos públicos una serie de detalles sobre el patrimonio de los altos cargos y demás personas que tienen influencia en las contrataciones ayudaríamos a que la sociedad estuviese más al corriente de lo que realmente hacen los políticos”, afirma.
Franco recuerda que ya hay leyes similares en casi todas las comunidades autónomas (también a nivel estatal), incluso algunas gobernadas por el PP, excepto Valencia, “curiosamente”, subraya en alusión a la otra rama de la Gürtel que investigan los tribunales y que afecta al Gobierno de Francisco Camps. “Si se combate la corrupción de alguna manera estamos ahorrando dinero del bolsillo de todos los madrileños”, asegura y pone como ejemplo el reciente proceso contra determinadas tramas de corrupción llevado a cabo en Milán (Italia), tras el cual se ha llegado a ahorrar hasta un 50% en obras públicas puestas en marcha con posterioridad al mismo. “Básicamente queremos introducir la transparencia en la Comunidad de Madrid”, termina señalando.
