nuevatribuna.es
4 de noviembre de 2009, 12:31
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 04.11.2009
SITEL es el Sistema Integrado de Intercepción Legal de Telecomunicaciones gestionado por el Ministerio de Interior. Un sistema informático que permite interceptar las comunicaciones y otra serie de datos como la localización geográfica de los interlocutores, el tráfico de llamadas, los mensajes SMS, los accesos a Internet o la información generada por la navegación en la red. Una vez localizado el aparato móvil también queda registrada la tarjeta SIM aunque el usuario cambie de teléfono.
Este sofware se utiliza para la lucha antiterrorista y para otras investigaciones judiciales, en concreto la trama de corrupción Gürtel, según ha desvelado este miércoles el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, que casualmente participó en la sesión de la XXXI Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, que fue inaugurada en Madrid por los Príncipes de Asturias.
EL PP DENUNCIA QUE ESPAÑA ES UNA SOCIEDAD VIGILADA
Pues bien, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, denunció la falta de cobertura legal del sistema y anunció la presentación de una proposición no de ley en el Congreso para regularlo con el objetivo de que la “exclusiva competencia” sobre ese sistema recaiga en la autoridad judicial.
En una rueda de prensa, González Pons afirmó que España es hoy “una sociedad vigilada” y agregó que el Ministerio del Interior “le está ganando la partida a la libertad y a la intimidad de los españoles”, máxime cuando con los avances tecnológicos se ha “multiplicado la capacidad que tiene el Estado para controlar la intimidad y el secreto de las comunicaciones”.
“No exagero si digo que no existe ningún control sobre la capacidad del Gobierno de limitar algunos derechos civiles de los españoles como el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones”, afirmó Pons. El diputado del PP explicó que su formación presenta esta iniciativa porque el sistema SITEL (denunciado por la Asociación de Internautas al Defensor del Pueblo), es “inconstitucional e ilegal” y porque “debería estar administrado por la autoridad judicial”. “En España está interceptado por Interior”, exclamó. Además, explicó que aunque este sistema lo impulsó el PP en el año 2003 nunca lo puso en marcha porque lo desaconsejaron los informes del CGPJ y de los Ministerios de Justicia y Defensa.
RUBALCABA ENSEÑA LOS CONTRATOS QUE FIRMÓ EL PP
Tras conocerse la denuncia del PP, Rubalcaba puso a disposición de los medios de comunicación los contratos firmados en 2001 y 2003 por el líder del PP, Mariano Rajoy, y la secretaria general del partido, María Dolores De Cospedal, -entonces vicepresidente y subsecretaria de Interior, respectivamente- para la implantación del sistema de grabación de comunicaciones SITEL. El ministro defendió que cuando el PSOE ganó las elecciones este sistema “ya estaba instalado” y que es “mucho más garantista que el anterior”.
Tres son los documentos distribuidos por Interior. El primero de ellos fechado el 24 de octubre de 2001, en el que Rajoy, en calidad de vicepresidente primero y actuando en nombre del Ministerio del Interior, firmaba el contrato de adquisición e instalación de un Sistema Integrado de Intercepción Legal de Telecomunicaciones (SITEL).
Según consta en este mismo documento, el importe de licitación de este sistema alcanzaba los 13.823.278 euros (previstos en tres anualidades) y el contrato fue adjudicado por Rajoy el 25 de septiembre de ese año 2001 por importe de 9.825.975 euros (previsto también en tres anualidades) a la empresa danesa ETI A/S, quien se comprometía así a la entrega e instalación del material. “El plazo de ejecución de este contrato es desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de marzo de 2003”, detalla el documento.
El segundo documento está fechado el 21 de marzo de 2003. En él, María Dolores de Cospedal en su entonces calidad de subsecretaria del Departamento de Interior daba el visto bueno a la petición de la empresa ETI A/S, que solicitó un aplazamiento de seis meses para la finalización del contrato sobre la fecha fijada (31 de marzo de 2003). Es decir, esta empresa pedía una prórroga hasta el mes de septiembre de 2003.
ETI S/A se amparaba en que “la participación de los operadores de telecomunicaciones en el Proyecto SITEL, concretamente los operadores de telefonía móvil TME, Amena y Vodafone y el operador de telefonía fija Telefónica España, es indispensable para la ejecución del proyecto”, por lo que De Cospedal firmó este aplazamiento hasta el 30 de septiembre de 2003.
Posteriormente, según consta en el tercer documento con fecha del 30 de septiembre de 2003 distribuido hoy, De Cospedal firmaba un nuevo aplazamiento, en este caso de dos meses, solicitado por la empresa ETI A/S por razones similares. De este modo se fijaba un nuevo plazo para la finalización del contrato para el 30 de noviembre de 2003.
En base a estos documentos, Rubalcaba respondió a la críticas de González Pons asegurando que fueron Rajoy y De Cospedal quienes contrataron el sistema SITEL, que, según añadió, fue puesto en marcha en 2004 cuando el ministro del Interior era Ángel Acebes. Esto supone, según Rubalcaba, que el sistema calificado hoy por Pons como “ilegal” e “inconstitucional” comenzó a utilizarse antes de la victoria electoral socialista del 14 de marzo de 2004.
“CUANDO LLEGAMOS YA ESTABA INSTALADO”
Rubalcaba calificó estas acusaciones del PP como “gravísimas” y que llegan “después de aclarar su lío interno”. “SITEL es un sistema operativo contratado por Rajoy y De Cospedal, puesto en marcha por Acebes y De Cospedal, es un sistema integrado que cuando llegamos ya estaba instalado”, dijo Rubalcaba, quien insistió en que “todo lo que hay en el SITEL está autorizado judicialmente”.
“En el 2004 estaba operativo, otra cosa es que estuviera mejor o peor, pero operativo estaba en 2004 y era ministro y la subsecretaria Cospedal”, respondió Rubalcaba, quien descartó de nuevo emprender acciones legales contra el PP. “Soy muy poco partidario de judicializar estas cosas, vamos a intentar que la paciencia del Ministerio dure un poco más que la del señor Rajoy”, remachó.
Según dijo, a partir de este sistema ha sido posible la investigación del 'caso Gürtel', pero también todas las operaciones antiterroristas y de lucha contra el narcotráfico. Asimismo, el ministro relacionó estas críticas del principal partido de la oposición con una intención de eludir su responsabilidad en la investigación de la trama corrupta encabezada por el empresario Francisco Correa y que afecta a varios cargos y municipios del PP.
SITEL es el Sistema Integrado de Intercepción Legal de Telecomunicaciones gestionado por el Ministerio de Interior. Un sistema informático que permite interceptar las comunicaciones y otra serie de datos como la localización geográfica de los interlocutores, el tráfico de llamadas, los mensajes SMS, los accesos a Internet o la información generada por la navegación en la red. Una vez localizado el aparato móvil también queda registrada la tarjeta SIM aunque el usuario cambie de teléfono.
Este sofware se utiliza para la lucha antiterrorista y para otras investigaciones judiciales, en concreto la trama de corrupción Gürtel, según ha desvelado este miércoles el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, que casualmente participó en la sesión de la XXXI Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, que fue inaugurada en Madrid por los Príncipes de Asturias.
EL PP DENUNCIA QUE ESPAÑA ES UNA SOCIEDAD VIGILADA
Pues bien, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, denunció la falta de cobertura legal del sistema y anunció la presentación de una proposición no de ley en el Congreso para regularlo con el objetivo de que la “exclusiva competencia” sobre ese sistema recaiga en la autoridad judicial.
En una rueda de prensa, González Pons afirmó que España es hoy “una sociedad vigilada” y agregó que el Ministerio del Interior “le está ganando la partida a la libertad y a la intimidad de los españoles”, máxime cuando con los avances tecnológicos se ha “multiplicado la capacidad que tiene el Estado para controlar la intimidad y el secreto de las comunicaciones”.
“No exagero si digo que no existe ningún control sobre la capacidad del Gobierno de limitar algunos derechos civiles de los españoles como el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones”, afirmó Pons. El diputado del PP explicó que su formación presenta esta iniciativa porque el sistema SITEL (denunciado por la Asociación de Internautas al Defensor del Pueblo), es “inconstitucional e ilegal” y porque “debería estar administrado por la autoridad judicial”. “En España está interceptado por Interior”, exclamó. Además, explicó que aunque este sistema lo impulsó el PP en el año 2003 nunca lo puso en marcha porque lo desaconsejaron los informes del CGPJ y de los Ministerios de Justicia y Defensa.
RUBALCABA ENSEÑA LOS CONTRATOS QUE FIRMÓ EL PP
Tras conocerse la denuncia del PP, Rubalcaba puso a disposición de los medios de comunicación los contratos firmados en 2001 y 2003 por el líder del PP, Mariano Rajoy, y la secretaria general del partido, María Dolores De Cospedal, -entonces vicepresidente y subsecretaria de Interior, respectivamente- para la implantación del sistema de grabación de comunicaciones SITEL. El ministro defendió que cuando el PSOE ganó las elecciones este sistema “ya estaba instalado” y que es “mucho más garantista que el anterior”.
Tres son los documentos distribuidos por Interior. El primero de ellos fechado el 24 de octubre de 2001, en el que Rajoy, en calidad de vicepresidente primero y actuando en nombre del Ministerio del Interior, firmaba el contrato de adquisición e instalación de un Sistema Integrado de Intercepción Legal de Telecomunicaciones (SITEL).
Según consta en este mismo documento, el importe de licitación de este sistema alcanzaba los 13.823.278 euros (previstos en tres anualidades) y el contrato fue adjudicado por Rajoy el 25 de septiembre de ese año 2001 por importe de 9.825.975 euros (previsto también en tres anualidades) a la empresa danesa ETI A/S, quien se comprometía así a la entrega e instalación del material. “El plazo de ejecución de este contrato es desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de marzo de 2003”, detalla el documento.
El segundo documento está fechado el 21 de marzo de 2003. En él, María Dolores de Cospedal en su entonces calidad de subsecretaria del Departamento de Interior daba el visto bueno a la petición de la empresa ETI A/S, que solicitó un aplazamiento de seis meses para la finalización del contrato sobre la fecha fijada (31 de marzo de 2003). Es decir, esta empresa pedía una prórroga hasta el mes de septiembre de 2003.
ETI S/A se amparaba en que “la participación de los operadores de telecomunicaciones en el Proyecto SITEL, concretamente los operadores de telefonía móvil TME, Amena y Vodafone y el operador de telefonía fija Telefónica España, es indispensable para la ejecución del proyecto”, por lo que De Cospedal firmó este aplazamiento hasta el 30 de septiembre de 2003.
Posteriormente, según consta en el tercer documento con fecha del 30 de septiembre de 2003 distribuido hoy, De Cospedal firmaba un nuevo aplazamiento, en este caso de dos meses, solicitado por la empresa ETI A/S por razones similares. De este modo se fijaba un nuevo plazo para la finalización del contrato para el 30 de noviembre de 2003.
En base a estos documentos, Rubalcaba respondió a la críticas de González Pons asegurando que fueron Rajoy y De Cospedal quienes contrataron el sistema SITEL, que, según añadió, fue puesto en marcha en 2004 cuando el ministro del Interior era Ángel Acebes. Esto supone, según Rubalcaba, que el sistema calificado hoy por Pons como “ilegal” e “inconstitucional” comenzó a utilizarse antes de la victoria electoral socialista del 14 de marzo de 2004.
“CUANDO LLEGAMOS YA ESTABA INSTALADO”
Rubalcaba calificó estas acusaciones del PP como “gravísimas” y que llegan “después de aclarar su lío interno”. “SITEL es un sistema operativo contratado por Rajoy y De Cospedal, puesto en marcha por Acebes y De Cospedal, es un sistema integrado que cuando llegamos ya estaba instalado”, dijo Rubalcaba, quien insistió en que “todo lo que hay en el SITEL está autorizado judicialmente”.
“En el 2004 estaba operativo, otra cosa es que estuviera mejor o peor, pero operativo estaba en 2004 y era ministro y la subsecretaria Cospedal”, respondió Rubalcaba, quien descartó de nuevo emprender acciones legales contra el PP. “Soy muy poco partidario de judicializar estas cosas, vamos a intentar que la paciencia del Ministerio dure un poco más que la del señor Rajoy”, remachó.
Según dijo, a partir de este sistema ha sido posible la investigación del 'caso Gürtel', pero también todas las operaciones antiterroristas y de lucha contra el narcotráfico. Asimismo, el ministro relacionó estas críticas del principal partido de la oposición con una intención de eludir su responsabilidad en la investigación de la trama corrupta encabezada por el empresario Francisco Correa y que afecta a varios cargos y municipios del PP.
