nuevatribuna.es
31 de octubre de 2010, 7:49
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 29.10.2010
Las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial revelan como el principal empresario implicado en el caso Brugal, Enrique Ortiz, se ofreció para conseguir un piso a la pareja del ex 'número dos' de Francisco Camps, Ricardo Costa. Lo ha contado la Cadena SER, que ha tenido acceso a la investigación de una llamada del ex alcalde de Alicante y diputado en las Cortes valencianas, Luis Díaz Alperi, al principal empresario implicado en el 'caso Brugal', Enrique Ortiz.
Alperi le explica que "me ha llamado quien tú ya sabes para ver si podemos conseguirle a Laura un piso en el PAU 1 o en el PAU 2 en alquiler con opción a compra". "Yo me encargo", responde el empresario. La policía señala en su informe que "quien tú ya sabes bien podría ser Ricardo Costa porque la tal Laura a la que se refieren es la concejal alicantina Laura Chorro, pareja sentimental del político referenciado".
Brugal es la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. En ella aparecen implicados 22 dirigentes 'populares', encabezados por el líder provincial y presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. El dirigente popular fue arrestado el pasado 6 de julio y está imputado por cinco delitos, entre ellos cohecho, fraude y tráfico de influencias por supuestamente recibir dos pisos (valorados en cerca de un millón de euros) por los favores a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, que son los que se sitúan en el epicentro del caso. Los 22 permanecen en sus cargos en contraposición a los tres socialistas que se han visto salpicados y que han dimitido. El último fue Roque Moreno, secretario local del PSPV-PSOE y portavoz del grupo municipal socialista, que este jueves presentó su renuncia.
La alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, no parece dispuesta a seguir el ejemplo, a pesar de que el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, le acusa de recibir presuntas dádivas por parte de Ortiz. Castedo compareció en rueda de prensa el lunes para negar las acusaciones, entre ellas la de que el empresario le pagó unas vacaciones en Andorra en 2008 y 2009. La alcaldesa mostró facturas sobre los viajes emitidas por dos agencias, una de ellas por 1.820 euros y otra por 2.472 euros, y aseguró de forma tajante que las "aboné con mi dinero".
Investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial de Alicante solicitaron ayer al responsable de una agencia de Marsans en Sant Joan las facturas de los viajes a Andorra realizados por implicados en el caso Brugal, entre ellos la alcaldesa. Fuentes de la oficina de Marsans visitada por los policías aseguraron que los viajes fueron encargados por el empresario Enrique Ortiz, aunque añadieron que cada persona pagó lo que le correspondía. La policía preguntó a la agencia por facturas de otros viajes que hayan podido realizar los implicados, en los que habría más de un cargo público, además de Castedo. Los agentes, que según fuentes próximas a la agencia no presentaron orden judicial para pedir las facturas —tampoco la necesitan— no se llevaron ningún papel y volverán a la oficina para recoger la documentación.
Las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial revelan como el principal empresario implicado en el caso Brugal, Enrique Ortiz, se ofreció para conseguir un piso a la pareja del ex 'número dos' de Francisco Camps, Ricardo Costa. Lo ha contado la Cadena SER, que ha tenido acceso a la investigación de una llamada del ex alcalde de Alicante y diputado en las Cortes valencianas, Luis Díaz Alperi, al principal empresario implicado en el 'caso Brugal', Enrique Ortiz.
Alperi le explica que "me ha llamado quien tú ya sabes para ver si podemos conseguirle a Laura un piso en el PAU 1 o en el PAU 2 en alquiler con opción a compra". "Yo me encargo", responde el empresario. La policía señala en su informe que "quien tú ya sabes bien podría ser Ricardo Costa porque la tal Laura a la que se refieren es la concejal alicantina Laura Chorro, pareja sentimental del político referenciado".
Brugal es la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. En ella aparecen implicados 22 dirigentes 'populares', encabezados por el líder provincial y presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. El dirigente popular fue arrestado el pasado 6 de julio y está imputado por cinco delitos, entre ellos cohecho, fraude y tráfico de influencias por supuestamente recibir dos pisos (valorados en cerca de un millón de euros) por los favores a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, que son los que se sitúan en el epicentro del caso. Los 22 permanecen en sus cargos en contraposición a los tres socialistas que se han visto salpicados y que han dimitido. El último fue Roque Moreno, secretario local del PSPV-PSOE y portavoz del grupo municipal socialista, que este jueves presentó su renuncia.
La alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, no parece dispuesta a seguir el ejemplo, a pesar de que el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, le acusa de recibir presuntas dádivas por parte de Ortiz. Castedo compareció en rueda de prensa el lunes para negar las acusaciones, entre ellas la de que el empresario le pagó unas vacaciones en Andorra en 2008 y 2009. La alcaldesa mostró facturas sobre los viajes emitidas por dos agencias, una de ellas por 1.820 euros y otra por 2.472 euros, y aseguró de forma tajante que las "aboné con mi dinero".
Investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial de Alicante solicitaron ayer al responsable de una agencia de Marsans en Sant Joan las facturas de los viajes a Andorra realizados por implicados en el caso Brugal, entre ellos la alcaldesa. Fuentes de la oficina de Marsans visitada por los policías aseguraron que los viajes fueron encargados por el empresario Enrique Ortiz, aunque añadieron que cada persona pagó lo que le correspondía. La policía preguntó a la agencia por facturas de otros viajes que hayan podido realizar los implicados, en los que habría más de un cargo público, además de Castedo. Los agentes, que según fuentes próximas a la agencia no presentaron orden judicial para pedir las facturas —tampoco la necesitan— no se llevaron ningún papel y volverán a la oficina para recoger la documentación.
