nuevatribuna.es
18 de noviembre de 2009, 3:21
NUEVATRIBUNA.ES 17.11.2009
El Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual aprobado por el Gobierno y que se encuentra en trámite parlamentario refleja ciertas lagunas a la hora de garantizar un servicio público y de calidad en los entes territoriales.
Con el objetivo de cumplir la normativa audiovisual europea, el Ejecutivo elaboró un ambicioso anteproyecto que se ha topado con las críticas de los principales sindicatos que temen que la tendencia a la desregularización y liberalización del sector suponga el acta de defunción para las televisiones públicas autonómicas.
Las primeras empezaron a emitir en 1983. Desde entonces, sólo tres comunidades no se han acogido al modelo de radio y televisión públicas, como son Castilla y León, La Rioja y Cantabria. El proyecto elaborado por el Gobierno deroga la Ley del Tercer Canal, paraguas legal para el cumplimiento de los preceptos constitucionales, advierten Comisiones Obreras y UGT.
Precisamente, uno de los problemas que plantea el documento, según Maite Treviño, delegada de UGT, es que no se hace mención a los artículos 20 y 149 de la Carta Magna que garantizan el acceso de todos los grupos sociales a los medios de comunicación respetando el pluralismo de la sociedad y la obligación del Estado a regular la normativa básica en materia de radio y televisión. Pero además, también se vulnera a su juicio el “derecho” de los ciudadanos a recibir “información veraz”.
TELEMADRID ES LA QUE MÁS PELIGRO CORRE
“De aprobarse la ley en los términos previstos las televisiones autonómicas quedarían sin regulación, propiciándose un devenir diverso en las comunidades autónomas, sin sometimiento a normas básicas y sin las garantías suficientes para el cumplimiento del servicio público en el marco definido por la Constitución”, alegan los sindicatos.
El peligro es mayor en comunidades como Madrid y Valencia donde dirigentes como Esperanza Aguirre abogan por un modelo de gestión privado. De hecho, desde 1995, la privatización del ente público figura en el programa electoral del PP, es decir desde la época de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente regional.
Sin embargo, hasta el día de hoy, el Gobierno de Aguirre no ha hecho un pronunciamiento expreso sobre la posibilidad de reformar la ley autonómica una vez que entre en vigor la estatal que se prevé pueda ser a principios del próximo año. En todo caso, “el peligro es inminente”, alerta Maite Treviño. “La situación es muy grave y Telemadrid es la que más peligro corre”, afirma por su parte Teresa García Cao, presidenta del comité de empresa de CCOO.
PÉRDIDA DEL EMPLEO DE CALIDAD
Delegados sindicales de CCOO y UGT presentarán el próximo lunes en Madrid un manifiesto en defensa del servicio público audiovisual. También han iniciado una ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios a los que han hecho llegar sus enmiendas que comparten fuerzas como Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya. Los sindicatos lamentan que el Gobierno haya atendido más a las peticiones de las televisiones privadas –agentes activos en la negociación de la ley- con argumentos como que los entes públicos “son muy costosos” entre otras cosas porque tienen grandes plantillas.
Por el momento, los esfuerzos por entrevistarse con una de las principales artífices de la ley, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, han sido en vano, pero ni CCOO ni UGT piensan tirar la toalla. “Vamos a defender esta empresa como pública, creemos en la empresa pública, estamos en contra de la manipulación informativa”, dice Teresa García.
Pero los sindicatos también advierten que la posible privatización de las televisiones públicas autonómicas supondrá “una pérdida del empleo de calidad” y una “caída de las retribuciones”, a eso se añade la posibilidad de que, una vez que entre en vigor la ley, se presenten expedientes de regulación de empleo en las radiotelevisiones públicas que más trabajadores ocupan.
SE ABRE LA PUERTA A SUBCONTRATAR TODA LA PROGRAMACIÓN
Actualmente, las televisiones autonómicas dan empleo directo a más de 10.000 trabajadores (en Telemadrid, la plantilla es de unos 1.300). Para Maite Treviño, la ley debe garantizar que la financiación se para servicio público y que el trabajo de producción y edición sea cubierto con personal interno de la casa y no con subcontratas, externalizando la producción.
En el anteproyecto de ley se establece que la función principal del servicio público es “difundir contenidos”. Nada se dice de su producción y edición, por lo que podría considerarse que se abre la puerta a la subcontratación de la totalidad de la programación, quedando solo para el servicio público la función de difusión.
Para Teresa García, la ley pone a los trabajadores de Telemadrid “a los pies de los caballos”. Esta sindicalista recuerda que en las televisiones privadas se están vulnerando muchos de los derechos de los trabajadores mientras la presencia de los sindicatos sigue igual que “hace prácticamente 30 años”.
Lo que se está pidiendo en suma es que las televisiones públicas de las Comunidades Autónomas tengan una regulación similar a la estatal con una definición de “servicio público” análoga con el que figura en la ley de RTVE, también en cuanto a la representación de los trabajadores en los órganos de dirección.
El Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual aprobado por el Gobierno y que se encuentra en trámite parlamentario refleja ciertas lagunas a la hora de garantizar un servicio público y de calidad en los entes territoriales.
Con el objetivo de cumplir la normativa audiovisual europea, el Ejecutivo elaboró un ambicioso anteproyecto que se ha topado con las críticas de los principales sindicatos que temen que la tendencia a la desregularización y liberalización del sector suponga el acta de defunción para las televisiones públicas autonómicas.
Las primeras empezaron a emitir en 1983. Desde entonces, sólo tres comunidades no se han acogido al modelo de radio y televisión públicas, como son Castilla y León, La Rioja y Cantabria. El proyecto elaborado por el Gobierno deroga la Ley del Tercer Canal, paraguas legal para el cumplimiento de los preceptos constitucionales, advierten Comisiones Obreras y UGT.
Precisamente, uno de los problemas que plantea el documento, según Maite Treviño, delegada de UGT, es que no se hace mención a los artículos 20 y 149 de la Carta Magna que garantizan el acceso de todos los grupos sociales a los medios de comunicación respetando el pluralismo de la sociedad y la obligación del Estado a regular la normativa básica en materia de radio y televisión. Pero además, también se vulnera a su juicio el “derecho” de los ciudadanos a recibir “información veraz”.
TELEMADRID ES LA QUE MÁS PELIGRO CORRE
“De aprobarse la ley en los términos previstos las televisiones autonómicas quedarían sin regulación, propiciándose un devenir diverso en las comunidades autónomas, sin sometimiento a normas básicas y sin las garantías suficientes para el cumplimiento del servicio público en el marco definido por la Constitución”, alegan los sindicatos.
El peligro es mayor en comunidades como Madrid y Valencia donde dirigentes como Esperanza Aguirre abogan por un modelo de gestión privado. De hecho, desde 1995, la privatización del ente público figura en el programa electoral del PP, es decir desde la época de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente regional.
Sin embargo, hasta el día de hoy, el Gobierno de Aguirre no ha hecho un pronunciamiento expreso sobre la posibilidad de reformar la ley autonómica una vez que entre en vigor la estatal que se prevé pueda ser a principios del próximo año. En todo caso, “el peligro es inminente”, alerta Maite Treviño. “La situación es muy grave y Telemadrid es la que más peligro corre”, afirma por su parte Teresa García Cao, presidenta del comité de empresa de CCOO.
PÉRDIDA DEL EMPLEO DE CALIDAD
Delegados sindicales de CCOO y UGT presentarán el próximo lunes en Madrid un manifiesto en defensa del servicio público audiovisual. También han iniciado una ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios a los que han hecho llegar sus enmiendas que comparten fuerzas como Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya. Los sindicatos lamentan que el Gobierno haya atendido más a las peticiones de las televisiones privadas –agentes activos en la negociación de la ley- con argumentos como que los entes públicos “son muy costosos” entre otras cosas porque tienen grandes plantillas.
Por el momento, los esfuerzos por entrevistarse con una de las principales artífices de la ley, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, han sido en vano, pero ni CCOO ni UGT piensan tirar la toalla. “Vamos a defender esta empresa como pública, creemos en la empresa pública, estamos en contra de la manipulación informativa”, dice Teresa García.
Pero los sindicatos también advierten que la posible privatización de las televisiones públicas autonómicas supondrá “una pérdida del empleo de calidad” y una “caída de las retribuciones”, a eso se añade la posibilidad de que, una vez que entre en vigor la ley, se presenten expedientes de regulación de empleo en las radiotelevisiones públicas que más trabajadores ocupan.
SE ABRE LA PUERTA A SUBCONTRATAR TODA LA PROGRAMACIÓN
Actualmente, las televisiones autonómicas dan empleo directo a más de 10.000 trabajadores (en Telemadrid, la plantilla es de unos 1.300). Para Maite Treviño, la ley debe garantizar que la financiación se para servicio público y que el trabajo de producción y edición sea cubierto con personal interno de la casa y no con subcontratas, externalizando la producción.
En el anteproyecto de ley se establece que la función principal del servicio público es “difundir contenidos”. Nada se dice de su producción y edición, por lo que podría considerarse que se abre la puerta a la subcontratación de la totalidad de la programación, quedando solo para el servicio público la función de difusión.
Para Teresa García, la ley pone a los trabajadores de Telemadrid “a los pies de los caballos”. Esta sindicalista recuerda que en las televisiones privadas se están vulnerando muchos de los derechos de los trabajadores mientras la presencia de los sindicatos sigue igual que “hace prácticamente 30 años”.
Lo que se está pidiendo en suma es que las televisiones públicas de las Comunidades Autónomas tengan una regulación similar a la estatal con una definición de “servicio público” análoga con el que figura en la ley de RTVE, también en cuanto a la representación de los trabajadores en los órganos de dirección.
