nuevatribuna.es
25 de marzo de 2009, 5:41
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 24.3.2009
La primera sesión del juicio por el caso Yak-42 y la identificación errónea de 30 de los 62 cadáveres, ha girado en torno al testimonio de uno de los militares que se sientan en el banquillo, el general de Sanidad Vicente Navarro, que ha asegurado que desconocía que en el acta que le entregaron las autoridades turcas para la entrega de cuerpos, escrita en turco, ponía que había cadáveres sin identificar.
El accidente del Yak-42 tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) y en él murieron 62 militares españoles que regresaban a España tras cuatro meses y medio destinados en Afganistán, así como doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Fue la mayor tragedia militar de la historia de España en tiempos de paz.
Vicente Navarro está siendo juzgado en la Audiencia Nacional desde las 10.30 horas junto con dos de sus subalternos, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, como presuntos responsables de los errores en la identificación de los cadáveres.
En un tono desafiante, no sólo ha negado los cargos que se le imputan sino que ha dado detalles escabrosos que los familiares de las víctimas que asisten al juicio han tenido que soportar. Así, por ejemplo, ha relatado el "hedor insoportable" que reinaba en la zona del siniestro cuando llegaron los equipos de sanitarios.
Navarro también ha denunciado el "trasiego" de bolsas de cadáveres por parte de las autoridades turcas y un "baile de números" en lo que se refiere al número de las víctimas mortales del accidente y ha asegurado que en ningún momento manipularon los cadáveres en el traslado de las cámaras a la lonja para la identificación de los cuerpos, sino que esto lo hicieron funcionarios turcos. Además, ha asegurado que, los cuerpos, "en general tenían un estado aceptable".
El general Navarro ha declarado que una primera identificación de los cuerpos, de un total de 75 bolsas de cadáveres, fue relativamente fácil, ya que descartaron aquellos que claramente no eran de españoles, por los uniformes que portaban, y también los de mujeres. Su misión, ha dicho, era "clara": "recuperar y repatriar a mis compañeros por el duelo de las familias", por lo que ha asegurado que se vio en la obligación de realizar sus propias actas mortuarias de identificación.
PETICIÓN DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL
El fiscal solicita cinco años de prisión para el general Navarro y cuatro años y medio de cárcel para Ramírez y Sáez. Los familiares de las víctimas piden penas de entre tres y seis años de cárcel para los militares.
Todos ellos están acusados de un delito continuado de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron a 30 víctimas del accidente aéreo una filiación que no era la suya.
Navarro, Ramírez y Sáez fueron los militares que integraron el equipo médico que llevó a cabo la identificación de los cadáveres y que emitió los correspondientes certificados de defunción tras el accidente del Yak-42.
Para el general Navarro, la Fiscalía solicita, además, una multa de 30.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de cinco años, mientras que para Ramírez y Sáez pide una multa de 24.000 euros e inhabilitación de cuatro años.
”NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON”
El tribunal, por otra parte, ha rechazado de nuevo admitir la declaración como testigos del ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono, solicitada por las acusaciones particulares durante la exposición de las cuestiones previas a la vista oral. El presidente del tribunal Javier Gómez Bermúdez ha explicado que la cuestión ya fue resuelta en un auto anterior y ha añadido que la prueba sería relevante únicamente si lo hubiera pedido una defensa pero no una acusación. En el caso concreto de Bono, el magistrado ha destacado que el conocimiento del ahora presidente del Congreso de los Diputados es posterior a los hechos.
Las cuatro acusaciones particulares personadas en el juicio han protestado ante la Sala por su negativa a admitir estas declaraciones y han pedido que se reconsidere la inadmisión de esta prueba. El abogado de la Asociación Familias Afectadas por el Yak, Leopoldo Gay, considera que para la correcta comprensión de los hechos es fundamental contar con los testimonios de Aznar, Trillo y Bono así como de los militares de grado superior a los acusados. En su opinión, las testimoniales han sido rechazadas debido a que "no hay interés en traer al juicio a personas con notoriedad". "No concebimos como no pueden estar aquí estas personas", ha dicho y su opinión ha sido compartida por el resto de acusaciones particulares, Otro de los letrados ha manifestado que las familias guardan la sensación de que en este procedimiento "ni están todos los que son ni son todos los que están".
El abogado Leopoldo Torres, que representa a víctimas particulares, ha subrayado que Aznar "tuvo que adoptar decisiones de transcendencia en esta situación" que debería explicar ante la sala. Además se ha referido a "las declaraciones bizarras del ex ministroTrillo" --vertidas por el ahora diputado en distintos medios de comunicación-- sobre las que sería exigible pedir aclaraciones.
La primera sesión del juicio por el caso Yak-42 y la identificación errónea de 30 de los 62 cadáveres, ha girado en torno al testimonio de uno de los militares que se sientan en el banquillo, el general de Sanidad Vicente Navarro, que ha asegurado que desconocía que en el acta que le entregaron las autoridades turcas para la entrega de cuerpos, escrita en turco, ponía que había cadáveres sin identificar.
El accidente del Yak-42 tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) y en él murieron 62 militares españoles que regresaban a España tras cuatro meses y medio destinados en Afganistán, así como doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Fue la mayor tragedia militar de la historia de España en tiempos de paz.
Vicente Navarro está siendo juzgado en la Audiencia Nacional desde las 10.30 horas junto con dos de sus subalternos, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, como presuntos responsables de los errores en la identificación de los cadáveres.
En un tono desafiante, no sólo ha negado los cargos que se le imputan sino que ha dado detalles escabrosos que los familiares de las víctimas que asisten al juicio han tenido que soportar. Así, por ejemplo, ha relatado el "hedor insoportable" que reinaba en la zona del siniestro cuando llegaron los equipos de sanitarios.
Navarro también ha denunciado el "trasiego" de bolsas de cadáveres por parte de las autoridades turcas y un "baile de números" en lo que se refiere al número de las víctimas mortales del accidente y ha asegurado que en ningún momento manipularon los cadáveres en el traslado de las cámaras a la lonja para la identificación de los cuerpos, sino que esto lo hicieron funcionarios turcos. Además, ha asegurado que, los cuerpos, "en general tenían un estado aceptable".
El general Navarro ha declarado que una primera identificación de los cuerpos, de un total de 75 bolsas de cadáveres, fue relativamente fácil, ya que descartaron aquellos que claramente no eran de españoles, por los uniformes que portaban, y también los de mujeres. Su misión, ha dicho, era "clara": "recuperar y repatriar a mis compañeros por el duelo de las familias", por lo que ha asegurado que se vio en la obligación de realizar sus propias actas mortuarias de identificación.
PETICIÓN DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL
El fiscal solicita cinco años de prisión para el general Navarro y cuatro años y medio de cárcel para Ramírez y Sáez. Los familiares de las víctimas piden penas de entre tres y seis años de cárcel para los militares.
Todos ellos están acusados de un delito continuado de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron a 30 víctimas del accidente aéreo una filiación que no era la suya.
Navarro, Ramírez y Sáez fueron los militares que integraron el equipo médico que llevó a cabo la identificación de los cadáveres y que emitió los correspondientes certificados de defunción tras el accidente del Yak-42.
Para el general Navarro, la Fiscalía solicita, además, una multa de 30.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de cinco años, mientras que para Ramírez y Sáez pide una multa de 24.000 euros e inhabilitación de cuatro años.
”NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON”
El tribunal, por otra parte, ha rechazado de nuevo admitir la declaración como testigos del ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono, solicitada por las acusaciones particulares durante la exposición de las cuestiones previas a la vista oral. El presidente del tribunal Javier Gómez Bermúdez ha explicado que la cuestión ya fue resuelta en un auto anterior y ha añadido que la prueba sería relevante únicamente si lo hubiera pedido una defensa pero no una acusación. En el caso concreto de Bono, el magistrado ha destacado que el conocimiento del ahora presidente del Congreso de los Diputados es posterior a los hechos.
Las cuatro acusaciones particulares personadas en el juicio han protestado ante la Sala por su negativa a admitir estas declaraciones y han pedido que se reconsidere la inadmisión de esta prueba. El abogado de la Asociación Familias Afectadas por el Yak, Leopoldo Gay, considera que para la correcta comprensión de los hechos es fundamental contar con los testimonios de Aznar, Trillo y Bono así como de los militares de grado superior a los acusados. En su opinión, las testimoniales han sido rechazadas debido a que "no hay interés en traer al juicio a personas con notoriedad". "No concebimos como no pueden estar aquí estas personas", ha dicho y su opinión ha sido compartida por el resto de acusaciones particulares, Otro de los letrados ha manifestado que las familias guardan la sensación de que en este procedimiento "ni están todos los que son ni son todos los que están".
El abogado Leopoldo Torres, que representa a víctimas particulares, ha subrayado que Aznar "tuvo que adoptar decisiones de transcendencia en esta situación" que debería explicar ante la sala. Además se ha referido a "las declaraciones bizarras del ex ministroTrillo" --vertidas por el ahora diputado en distintos medios de comunicación-- sobre las que sería exigible pedir aclaraciones.
