nuevatribuna.es
19 de febrero de 2009, 16:45
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 19.2.2009
Los funcionarios de la Administración de Justicia madrileña invadieron este jueves a mediodía la calle Gran Vía a la altura del número 18, donde se sitúa la sede de la Dirección General de Justicia de la Comunidad, en protesta por la ruptura de las negociaciones que mantenían desde el pasado martes con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
Cerca de unos 500 huelguistas, según la Policía, se apostaron en medio de la Gran Vía, obligando a cortar el tráfico rodado. Los manifestantes corearon "Granados dimisión" y "Esta huelga la vamos a ganar", mientras portaban pancartas que rezaban "No más mentiras, cumplimiento del acuerdo de Justicia ¡ya!". Un amplio dispositivo policial formado por al menos 30 policías nacionales acordonaron el perímetro de la zona en la que están concentrados los funcionarios. Los agentes solicitaron a los representantes su identificación al no estar autorizada la concentración.
La protesta se debe a la ruptura unilateral por parte del Gobierno regional de las conversaciones que mantenían desde el martes con los sindicatos a fin de resolver el conflicto. Los delegados sindicales de CC.OO., STAJ y UGT se encuentran desde la tarde de ayer encerrados en la sede de la Dirección General de Justicia de Madrid. El encierro pretende forzar al Gobierno regional a volver a sentarse a dialogar. "No vamos a desconvocar la Mesa de Negociación hasta que se resuelva el conflicto", aseveró el coordinador estatal de CC.OO de la sección de Justicia, Javier Hernández.
Por la mañana, los sindicatos remitieron una carta al consejero Francisco Granados en la que le emplazaban a sentarse personalmente en la mesa de negociaciones para reconducir las conversaciones. Hernández criticó que la propuesta planteada por los interlocutores de Granados se base sólo en el aspecto económico, al margen de las demandas de personal que reivindican. "No es de recibo que los ciudadanos tenga que acudir a las tres de la madrugada al Registro Civil para inscribir a sus hijos", denunció el sindicalista, quien emplazó a Granados a reconocer "los problemas" de la Administración de Justicia.
MÁS PLANTILLA EN EL REGISTRO CIVIL
El portavoz de UGT, José María Rozas, insistió en la necesidad de que la oferta que plantee la Comunidad incluya un plan de choque que aumente la plantilla de los juzgados de lo Penal y el Registro Civil de la calle Pradillo. "Queremos una garantía de que si se firma un acuerdo sea con fechas y plazos, no nos vale sólo que se diga que irá a Consejo de Gobierno", aseveró.
Los sindicatos cifraron en un 80,67 por ciento el seguimiento de la cuarta jornada de huelga, mientras que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior lo sitúa en un 37,25 por ciento. Los huelguistas proseguirán mañana con su calendario de movilizaciones con piquetes en los Juzgados de lo Civil de la calle Capitán Haya y, a continuación, una manifestación que discurrirá desde el Paseo de Recoletos hasta Génova, donde se sitúa la sede del PP nacional.
LA CRISIS TIENE LA CULPA
La Comunidad, por su parte, rechaza las acusaciones que le lanzan los sindicatos. El vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, aseguró este jueves que la Comunidad de Madrid cumplirá el acuerdo firmado hace un par de años con los funcionarios de Justicia pero advirtió que primero ha de adaptarlo a la situación actual de crisis económica que atraviesa el país.
"El Gobierno regional ha cumplido los acuerdos en las circunstancias en las que los firmó mientras las condiciones económicas lo han permitido y lo que está planteando ahora es diferirlo en un período más largo en razón a la evolución de las circunstancias económicas para modelar estos incrementos retributivos a las disponibilidades que la economía nos vaya permitiendo a las Administraciones Públicas para mejorar las retribuciones de los empleados públicos", indicó González en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El vicepresidente subrayó que la Comunidad de Madrid alcanzó un acuerdo con los funcionarios de Justicia "en un momento en que las condiciones económicas eran completamente distintas las de ahora como consecuencia de la crisis brutal" que atraviesa el país desde hace año y medio. Así, precisó que el convenio contemplaba mejoras retributivas para este colectivo que pasaba por incrementar las retribuciones de los trabajadores en 150 euros. Sin embargo, hoy día, "las circunstancias económicas han cambiado".
En este contexto, recordó a los funcionarios de Justicia que en unos tiempos en los que se pierden cerca de 7.000 empleos diarios, ellos "tienen la suerte" de tener un empleo "con estabilidad y garantías de permanencia". "Padecemos la crisis con una disminución de los ingresos que ha llevado a que las leyes de presupuestos hayan establecido una limitación a los incrementos retributivos acordes con la situación económica de reducción del gasto público", añadió.
Tras destacar que las competencias en materia de Justicia corresponden al Ejecutivo central, el "número dos" del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre manifestó que la Comunidad de Madrid "va a cumplir todo lo que pueda cumplir en las actuales circunstancias" de su compromiso. Además, recordó que la huelga de Justicia de los funcionarios madrileños hay que centrarla en la que están llevando a cabo los jueces a nivel nacional contra la situación en la que se encuentra el sector "como consecuencia de la falta de decisiones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo.
A su juicio, ambos responsables políticos han de dar explicaciones a los miembros del poder judicial que han secundado los paro. "Los problemas de colapso y de falta de medios de la Administración de Justicia no son cuestión de las comunidades autónomas expresamente, si no competencia estatal", insistió, al tiempo que sostuvo que "es el Gobierno central el que debe dar respuesta" a las demandas de los jueces y, una vez que haya puesta en marcha medidas para solucionar el asunto, la Comunidad de Madrid "administrará" estas iniciativas.
Los funcionarios de la Administración de Justicia madrileña invadieron este jueves a mediodía la calle Gran Vía a la altura del número 18, donde se sitúa la sede de la Dirección General de Justicia de la Comunidad, en protesta por la ruptura de las negociaciones que mantenían desde el pasado martes con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
Cerca de unos 500 huelguistas, según la Policía, se apostaron en medio de la Gran Vía, obligando a cortar el tráfico rodado. Los manifestantes corearon "Granados dimisión" y "Esta huelga la vamos a ganar", mientras portaban pancartas que rezaban "No más mentiras, cumplimiento del acuerdo de Justicia ¡ya!". Un amplio dispositivo policial formado por al menos 30 policías nacionales acordonaron el perímetro de la zona en la que están concentrados los funcionarios. Los agentes solicitaron a los representantes su identificación al no estar autorizada la concentración.
La protesta se debe a la ruptura unilateral por parte del Gobierno regional de las conversaciones que mantenían desde el martes con los sindicatos a fin de resolver el conflicto. Los delegados sindicales de CC.OO., STAJ y UGT se encuentran desde la tarde de ayer encerrados en la sede de la Dirección General de Justicia de Madrid. El encierro pretende forzar al Gobierno regional a volver a sentarse a dialogar. "No vamos a desconvocar la Mesa de Negociación hasta que se resuelva el conflicto", aseveró el coordinador estatal de CC.OO de la sección de Justicia, Javier Hernández.
Por la mañana, los sindicatos remitieron una carta al consejero Francisco Granados en la que le emplazaban a sentarse personalmente en la mesa de negociaciones para reconducir las conversaciones. Hernández criticó que la propuesta planteada por los interlocutores de Granados se base sólo en el aspecto económico, al margen de las demandas de personal que reivindican. "No es de recibo que los ciudadanos tenga que acudir a las tres de la madrugada al Registro Civil para inscribir a sus hijos", denunció el sindicalista, quien emplazó a Granados a reconocer "los problemas" de la Administración de Justicia.
MÁS PLANTILLA EN EL REGISTRO CIVIL
El portavoz de UGT, José María Rozas, insistió en la necesidad de que la oferta que plantee la Comunidad incluya un plan de choque que aumente la plantilla de los juzgados de lo Penal y el Registro Civil de la calle Pradillo. "Queremos una garantía de que si se firma un acuerdo sea con fechas y plazos, no nos vale sólo que se diga que irá a Consejo de Gobierno", aseveró.
Los sindicatos cifraron en un 80,67 por ciento el seguimiento de la cuarta jornada de huelga, mientras que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior lo sitúa en un 37,25 por ciento. Los huelguistas proseguirán mañana con su calendario de movilizaciones con piquetes en los Juzgados de lo Civil de la calle Capitán Haya y, a continuación, una manifestación que discurrirá desde el Paseo de Recoletos hasta Génova, donde se sitúa la sede del PP nacional.
LA CRISIS TIENE LA CULPA
La Comunidad, por su parte, rechaza las acusaciones que le lanzan los sindicatos. El vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, aseguró este jueves que la Comunidad de Madrid cumplirá el acuerdo firmado hace un par de años con los funcionarios de Justicia pero advirtió que primero ha de adaptarlo a la situación actual de crisis económica que atraviesa el país.
"El Gobierno regional ha cumplido los acuerdos en las circunstancias en las que los firmó mientras las condiciones económicas lo han permitido y lo que está planteando ahora es diferirlo en un período más largo en razón a la evolución de las circunstancias económicas para modelar estos incrementos retributivos a las disponibilidades que la economía nos vaya permitiendo a las Administraciones Públicas para mejorar las retribuciones de los empleados públicos", indicó González en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El vicepresidente subrayó que la Comunidad de Madrid alcanzó un acuerdo con los funcionarios de Justicia "en un momento en que las condiciones económicas eran completamente distintas las de ahora como consecuencia de la crisis brutal" que atraviesa el país desde hace año y medio. Así, precisó que el convenio contemplaba mejoras retributivas para este colectivo que pasaba por incrementar las retribuciones de los trabajadores en 150 euros. Sin embargo, hoy día, "las circunstancias económicas han cambiado".
En este contexto, recordó a los funcionarios de Justicia que en unos tiempos en los que se pierden cerca de 7.000 empleos diarios, ellos "tienen la suerte" de tener un empleo "con estabilidad y garantías de permanencia". "Padecemos la crisis con una disminución de los ingresos que ha llevado a que las leyes de presupuestos hayan establecido una limitación a los incrementos retributivos acordes con la situación económica de reducción del gasto público", añadió.
Tras destacar que las competencias en materia de Justicia corresponden al Ejecutivo central, el "número dos" del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre manifestó que la Comunidad de Madrid "va a cumplir todo lo que pueda cumplir en las actuales circunstancias" de su compromiso. Además, recordó que la huelga de Justicia de los funcionarios madrileños hay que centrarla en la que están llevando a cabo los jueces a nivel nacional contra la situación en la que se encuentra el sector "como consecuencia de la falta de decisiones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo.
A su juicio, ambos responsables políticos han de dar explicaciones a los miembros del poder judicial que han secundado los paro. "Los problemas de colapso y de falta de medios de la Administración de Justicia no son cuestión de las comunidades autónomas expresamente, si no competencia estatal", insistió, al tiempo que sostuvo que "es el Gobierno central el que debe dar respuesta" a las demandas de los jueces y, una vez que haya puesta en marcha medidas para solucionar el asunto, la Comunidad de Madrid "administrará" estas iniciativas.
