nuevatribuna.es
6 de abril de 2009, 6:10
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. - 03.04.2009
“Este momento no nos lo quita nadie”, ha dicho casi entre lágrimas una de las víctimas del 11-M, cuya asociación, la presidida por Pilar Manjón, figura como parte en la querella presentada este viernes en la Sala Segunda del Supremo contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar y dos miembros de su ejecutivo, el ex ministro de Defensa Federico Trillo, y la ex titular de Exteriores Ana Palacio por implicar a España en la guerra de Irak en un pacto que se formalizó en la conocida como foto de las Azores.
Los querellantes denuncian la decisión de participar en la guerra (en la que España estuvo implicada hasta el mes de abril de 2004, cuando el recién elegido presidente José Luis Rodríguez Zapatero ordenó el regreso de las tropas), sin cumplir los trámites constitucionalmente establecidos, y culpan a los responsables de las consecuencias que trajo la invasión. También plantean un presunto delito por crímenes de guerra contra la población iraquí.
Acusan a los querellados de un delito “de traición y contra la paz o la independencia del Estado”, así como“cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España”. La querella se fundamenta en la implicación “militar, legislativa y política” del entonces Gobierno del PP, al que se acusa de vulnerar la Constitución, la Carta de Derechos Humanos de la ONU y la Convención de Ginebra.
La condición como aforados (Trillo es diputado) o de miembros del Consejo de Estado (Aznar lo es en su calidad de ex presidente del Gobierno) obliga que sea el Alto Tribunal quien resuelva si admite o no a trámite la querella y la consiguiente celebración de juicio.
CIUDADANOS CONMOVIDOS POR LA TRAGEDIA
La emoción contenida del medio centenar de personas que se agruparon a las puertas del Alto Tribunal en Madrid ha quedado reflejada en algunos abrazos y sonrisas mientras portaban carteles en los que, sobre una mano roja, se podía leer: No a la impunidad. Juicio a Aznar. La impulsora de la iniciativa es la Plataforma Juicio a Aznar, que engloba a diferentes colectivos sociales y en la que se encuentran políticos y personas públicas de izquierdas.
“Las personas que formulan esta querella son españoles de diversa condición �intelectuales, escritores, profesionales, empleados, obreros, estudiantes- que representan un amplio espectro de la ciudadanía de nuestro país. Al formular la querella actúan como simples ciudadanos, conmovidos por la tragedia de la guerra y preocupados fundamentalmente por las tremendas consecuencias humanas que se derivan de la agresión militar que una coalición de países democráticos �entre los que se encontraba España- lanzaron contra la República de Irak el 20 de marzo de 2003”, señala el texto.
”LOS MUERTOS LOS HEMOS PUESTO NOSOTROS”
Rosa Regás; el dirigente del PCE Francisco Frutos; la ex candidata de Izquierda Unida Marga Sanz; y el ex coordinador general de esta misma formación, Julio Anguita -que perdió a su hijo, reportero en Irak-, han sido algunas de las personalidades más representativas de esta querella que se ha formalizado 6 años después de que diera comienzo una contienda que se cobró un millón de muertos y que trajo como consecuencia �según los denunciantes- los atentados del 11 de marzo, en los que murieron casi doscientas personas. “Los muertos los hemos puesto nosotros”, recordaba con dolor otra de las víctimas de la tragedia en los trenes de Atocha.
En declaraciones a los medios, Frutos dijo que la querella “no debe prescribir”, porque es “la querella de los derechos humanos”, lo que supone que los responsables de la entrada en la guerra, con Aznar a la cabeza, “no pueden quedar impunes”. A juicio del dirigente del Partido Comunista es necesario que esto siente “jurisprudencia política y jurídica” para que este tipo de crímenes no prescriban y confía en que el Tribunal Supremo “sabrá leer lo que ocurre en el mundo, sabrá mirar a los ojos al 80% de los ciudadanos españoles, que en aquel momento estaba contra la guerra por encima incluso de ideologías", ha dicho.
PIDEN LAS ACTAS DE LAS AZORES
De momento son ya 20.000 las firmas que se han adherido a la querella contra Aznar, según ha contado a este periódico una de las abogadas que lleva la causa, Amalia Alejandre. Los querellantes piden que testifiquen los brigadistas internacionales que participaron en el día de la ocupación (el 20 de marzo de 2003); y a los condenados en el sumario del 11-M.
Así mismo se reclama su testimonio al entonces embajador de España en Washington, Javier Rupérez, presente en la cumbre de las Azores; y a Fernando Valderrama, agregado en la embajada española en Bagdad que dimitió por su disconformidad con la participación de España.
En el escrito se solicita a Naciones Unidas todos los informes emitidos hasta la fecha sobre la evaluación de los daños humanos causados por los bombardeos.
Además, se pide al Ministerio de Presidencia que aporte las actas de las reuniones del Consejo de Ministros y de la Comisión delegada para situaciones de crisis celebradas con anterioridad y durante la participación de España en la guerra; así como las actas de la reunión de Crawford, de 22 de febrero de 2003, entre Aznar y George W. Bush; y las actas de las Azores, cumbre en la que también participó el ex primer ministro británico Tony Blair.
En cuanto al ministerio de Defensa (España envió a Irak 900 soldados y tres buques navales) se solicita que se desclasifique la información que obra en poder del Estado Mayor de la Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia.
“Este momento no nos lo quita nadie”, ha dicho casi entre lágrimas una de las víctimas del 11-M, cuya asociación, la presidida por Pilar Manjón, figura como parte en la querella presentada este viernes en la Sala Segunda del Supremo contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar y dos miembros de su ejecutivo, el ex ministro de Defensa Federico Trillo, y la ex titular de Exteriores Ana Palacio por implicar a España en la guerra de Irak en un pacto que se formalizó en la conocida como foto de las Azores.
Los querellantes denuncian la decisión de participar en la guerra (en la que España estuvo implicada hasta el mes de abril de 2004, cuando el recién elegido presidente José Luis Rodríguez Zapatero ordenó el regreso de las tropas), sin cumplir los trámites constitucionalmente establecidos, y culpan a los responsables de las consecuencias que trajo la invasión. También plantean un presunto delito por crímenes de guerra contra la población iraquí.
Acusan a los querellados de un delito “de traición y contra la paz o la independencia del Estado”, así como“cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España”. La querella se fundamenta en la implicación “militar, legislativa y política” del entonces Gobierno del PP, al que se acusa de vulnerar la Constitución, la Carta de Derechos Humanos de la ONU y la Convención de Ginebra.
La condición como aforados (Trillo es diputado) o de miembros del Consejo de Estado (Aznar lo es en su calidad de ex presidente del Gobierno) obliga que sea el Alto Tribunal quien resuelva si admite o no a trámite la querella y la consiguiente celebración de juicio.
CIUDADANOS CONMOVIDOS POR LA TRAGEDIA
La emoción contenida del medio centenar de personas que se agruparon a las puertas del Alto Tribunal en Madrid ha quedado reflejada en algunos abrazos y sonrisas mientras portaban carteles en los que, sobre una mano roja, se podía leer: No a la impunidad. Juicio a Aznar. La impulsora de la iniciativa es la Plataforma Juicio a Aznar, que engloba a diferentes colectivos sociales y en la que se encuentran políticos y personas públicas de izquierdas.
“Las personas que formulan esta querella son españoles de diversa condición �intelectuales, escritores, profesionales, empleados, obreros, estudiantes- que representan un amplio espectro de la ciudadanía de nuestro país. Al formular la querella actúan como simples ciudadanos, conmovidos por la tragedia de la guerra y preocupados fundamentalmente por las tremendas consecuencias humanas que se derivan de la agresión militar que una coalición de países democráticos �entre los que se encontraba España- lanzaron contra la República de Irak el 20 de marzo de 2003”, señala el texto.
”LOS MUERTOS LOS HEMOS PUESTO NOSOTROS”
Rosa Regás; el dirigente del PCE Francisco Frutos; la ex candidata de Izquierda Unida Marga Sanz; y el ex coordinador general de esta misma formación, Julio Anguita -que perdió a su hijo, reportero en Irak-, han sido algunas de las personalidades más representativas de esta querella que se ha formalizado 6 años después de que diera comienzo una contienda que se cobró un millón de muertos y que trajo como consecuencia �según los denunciantes- los atentados del 11 de marzo, en los que murieron casi doscientas personas. “Los muertos los hemos puesto nosotros”, recordaba con dolor otra de las víctimas de la tragedia en los trenes de Atocha.
En declaraciones a los medios, Frutos dijo que la querella “no debe prescribir”, porque es “la querella de los derechos humanos”, lo que supone que los responsables de la entrada en la guerra, con Aznar a la cabeza, “no pueden quedar impunes”. A juicio del dirigente del Partido Comunista es necesario que esto siente “jurisprudencia política y jurídica” para que este tipo de crímenes no prescriban y confía en que el Tribunal Supremo “sabrá leer lo que ocurre en el mundo, sabrá mirar a los ojos al 80% de los ciudadanos españoles, que en aquel momento estaba contra la guerra por encima incluso de ideologías", ha dicho.
PIDEN LAS ACTAS DE LAS AZORES
De momento son ya 20.000 las firmas que se han adherido a la querella contra Aznar, según ha contado a este periódico una de las abogadas que lleva la causa, Amalia Alejandre. Los querellantes piden que testifiquen los brigadistas internacionales que participaron en el día de la ocupación (el 20 de marzo de 2003); y a los condenados en el sumario del 11-M.
Así mismo se reclama su testimonio al entonces embajador de España en Washington, Javier Rupérez, presente en la cumbre de las Azores; y a Fernando Valderrama, agregado en la embajada española en Bagdad que dimitió por su disconformidad con la participación de España.
En el escrito se solicita a Naciones Unidas todos los informes emitidos hasta la fecha sobre la evaluación de los daños humanos causados por los bombardeos.
Además, se pide al Ministerio de Presidencia que aporte las actas de las reuniones del Consejo de Ministros y de la Comisión delegada para situaciones de crisis celebradas con anterioridad y durante la participación de España en la guerra; así como las actas de la reunión de Crawford, de 22 de febrero de 2003, entre Aznar y George W. Bush; y las actas de las Azores, cumbre en la que también participó el ex primer ministro británico Tony Blair.
En cuanto al ministerio de Defensa (España envió a Irak 900 soldados y tres buques navales) se solicita que se desclasifique la información que obra en poder del Estado Mayor de la Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia.
