¿Por qué la LOMCE constituye un cambio de paradigma en la educación de nuestro país?
Porque, en vez de contemplar la educación como un derecho universal, tal como se consagra en nuestra Constitución, la contempla como un bien que es proveído por el mercado, no por las administraciones públicas. Este cambio de paradigma representa un retroceso en varias décadas en el derecho a la educación. Un bien no es un derecho. Un derecho lo tienen con carácter subjetivo todos los ciudadanos de un país por su condición de ciudadanos. Pero un bien sólo es accesible a quien puede comprarlo en el mercado. Nosotros discrepamos radicalmente de ese concepto de la educación que subyace en la LOMCE.
Se trata de una ley elaborada sólo a partir de postulados ideológicos. Una ley de partido, en definitiva, que ha ignorado cualquier diagnóstico de los problemas educativos.
¿Cuáles son esos problemas?
Tenemos unas elevadas tasas de abandono escolar temprano que duplican a las la media de la Unión Europea y unas tasas bajas de alumnado que accede a la Educación secundaria postobligatoria así como a las enseñanzas profesionales. Al mismo tiempo, sufrimos unas altas tasas de estudiantes repetidores. Somos uno de los países europeos en los que más se aplica la repetición de curso y, por lo que se ve, con escasos resultados. Porque la repetición cuesta mucho dinero. Si repetir curso es para volver a hacer lo mismo que condujo al fracaso y a la repetición, probablemente conducirá de nuevo al fracaso. Estos problemas exigen una revisión profunda.
Desde el punto de vista social, ¿a qué desafíos debe hacer frente el sistema educativo?
Tenemos que reflexionar acerca de la forma en que nuestro sistema educativo puede responder a una realidad social cambiante, a la progresión geométrica del “stock de conocimientos”, que ahora se duplica cada quince años, a la sociedad del conocimiento en definitiva. La LOMCE se olvida de estas realidades al partir postulados ideológicos, que son los mismos que el PP recogía en su programa electoral.
Curiosamente, quieren hacer pasar por moderna una reforma que no es más que un regreso al pasado, a un sistema selectivo y segregador, con una Formación Profesional devaluada y unas reválidas anacrónicas e inútiles, que no encierran ningún valor añadido ni mejorarán la calidad del sistema. Más aún, estos problemas de partida empeorarán con la LOMCE.
¿Cómo interpretas la introducción de una Formación Profesional Básica?
Se pretende configurar una Formación Profesional de menos valor añadido y eso es hacer un flaco favor a la FP. Si algo lograron las dos leyes educativas anteriores fue prestigiar la Formación Profesional. Ahora se vuelve a configurar como un itinerario al que van los que no pueden estudiar Bachillerato. Sin embargo, la FP es un elemento estratégico del sistema educativo y del sistema productivo. En cambio, el modelo que propone la LOMCE es la antesala de un modelo productivo de escaso valor añadido. ¿Por qué no apostamos por el I+D y la innovación tecnológica?
¿Qué papel desempeña la libertad de elección en el borrador de la ley?
Esta ley pretende atender a los intereses de determinados sectores, poniendo en valor la libertad de elección de centro, el distrito único, el ranking de centros y la especificad curricular. Todos ellos son elementos de una misma construcción. Se quiere desregular el currículo, de modo que sean los centros los que definan su especificad curricular. Según este modelo, unos se especializarán en ciencias, otros en humanidades, en tecnología, en excelencia, en deportes… Después se diseña una zona única de escolarización para que todo el mundo pueda elegir.
Las consecuencias de esta medida serán demoledoras porque al final la libertad de elección de centro es un fraude y sólo puede practicarla quien tiene el suficiente nivel de renta.
¿Cuál es el objetivo de las evaluaciones externas de los centros?
Las evaluaciones externas que perfila el Ministerio son profundamente inútiles. Ni siquiera son pruebas diagnósticas. Tienen otra utilidad: son una suerte de reválidas que parten de una desconfianza en la labor del profesorado. ¿Por qué esa evaluación externa va a tener más valor que la evaluación continua que practica el docente con el alumnado a lo largo del curso o de la etapa? Pero, además, no se trata de una evaluación.
¿Qué te parece el retorno del viejo modelo de la enseñanza de Religión y la supresión de la Educación para la Ciudadanía?
El anteproyecto cumple una vieja aspiración de la Conferencia Episcopal. Sólo que esta vez no ha sido necesario que se manifestasen en las calles. El Ministerio no ha negociado con las organizaciones sindicales representativas del profesorado ni con las organizaciones de padres, pero en cambio se ha reunido con los obispos para satisfacer una vieja demanda: que la religión sea evaluable. Por otro lado, se suprime la Educación para la Ciudadanía.
Como con la LOMCE la educación deja de ser un derecho y se convierte en un bien, convirtiendo a los ciudadanos en usuarios, resulta lamentablemente coherente con ello el que se suprima la Educación para la Ciudadanía.
¿Cuál es la situación del profesorado en el proyecto de la LOMCE?
El profesorado es la piedra angular sobre la que se construye la calidad de la educación. Pero la LOMCE no apuesta por él. Consideramos imprescindible un Estatuto Docente que reconstruya las señas de identidad de la profesión. El rol del profesorado ha cambiado mucho a consecuencia de los acelerados cambios sociales y tecnológicos, el avance imparable de conocimientos y la creciente diversidad del alumnado.
¿Cuáles son las repercusiones de los recortes en el empleo?
Más de 70.000 trabajadores del sistema educativo han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de los recortes. Eso ya es un drama en términos personales, pero también en términos educativos. Los recortes lastran gravemente la calidad de la enseñanza y gravitan fundamentalmente sobre las medidas de atención a la diversidad de alumnado, perjudicando más a quienes precisamente necesitan más la educación: al alumnado que fracasa y al desfavorecido por su procedencia sociocultural.
¿Se conocen las previsiones del Ministerio para la reforma universitaria?
Aunque no tenemos aún un texto legal encima de la mesa, hay que comenzar señalando que falta diálogo. El Ministerio ha hablado con la comisión de expertos constituida para esbozar las líneas básicas de la reforma, pero no con las organizaciones sindicales. Parece que será una contrarreforma coherente con la del sistema no universitario y que beberá de las mismas fuentes: quiebra de la autonomía universitaria, injerencia política de los gobiernos regionales en el gobierno de las universidades, recortes, pérdida de empleo, reorganización interna de los centros en la lógica de los recortes, desregulación de las condiciones laborales de los trabajadores y, sobre todo, definición de una universidad clasista.
¿Cuál es la apuesta de CCOO ante la negociación de un Estatuto universitario?
Tenemos pendiente un Estatuto universitario que nos permita adaptar el perfil de los trabajadores y la estructura universitaria a una universidad que tiene poco que ver con la del siglo pasado. Queremos un Estatuto que regule no sólo al profesorado sino al conjunto de los trabajadores de las universidades, también al personal de administración y servicios.
¿En qué estado se encuentra la interlocución con el Gobierno y con el Ministerio?
Estamos en una parálisis de la interlocución con un Gobierno que trata de aplicar al pie de la letra su agenda conservadora. Asistimos a un desprecio de los marcos institucionales y constitucionales. Las organizaciones sindicales estamos reconocidas en la Constitución. Pero este Gobierno la soslaya cuando olvida que la educación es un derecho o que los ciudadanos también tienen derecho a una justicia gratuita, como la soslaya también cuando olvida que los sindicatos desempeñamos un papel crucial en la sociedad y que somos un contrapoder reconocido.
Exigiremos que se retomen los procesos de negociación y de diálogo. Será difícil que haya acuerdo. Trataremos de buscar espacios de consenso. No obstante, el sindicato maneja el binomio negociación-presión.
Francisco García | Secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO | Licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia Contemporánea, por la Universidad Complutense
