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28 de noviembre de 2009, 9:57
NUEVATRIBUNA 27.11.2009
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo a los obispos que el pecado "es un concepto que se sitúa en el ámbito de las creencias y no tiene ninguna cabida en el ordenamiento jurídico" después de que reiteraran hoy quien vote a favor de la ley del aborto no podrá comulgar por incurrir en "situación objetiva de pecado".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega reconoció a la Iglesia su derecho a opinar en los debates sociales -en este caso, el del aborto- pero apuntó que "es al Gobierno y a los parlamentos a quienes corresponde aprobar las leyes y desarrollar las políticas.
"Y además el derecho a hacerlo sin injerencias de ningún tipo", añadió la número dos del Gobierno, al tiempo que afirmó que "los obispos saben muy bien que en democracia los poderes públicos y el Parlamento actúan con plena independencia de las confesiones religiosas".
Finalmente, defendió el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que pasó ayer su primer trámite en el Congreso de los Diputados, y de la que dijo que pretende dar más garantías a las mujeres y a los profesionales.
En cualquier caso, dijo que "nadie que no quiera abortar o practicar un aborto está obligado a hacerlo". "Estamos haciendo las cosas como procede y donde procede en democracia", reiteró.
”REPARAR EL DAÑO CAUSADO”
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, recordó que el político católico que vote a favor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) "tendrá que confesarse y rectificar públicamente si quiere volver a comulgar".
"La situación objetiva de pecado se resuelve confesándose y reparando públicamente el daño causado", aclaró Martínez Camino durante la rueda de prensa final de la 94 Asamblea Plenaria de la CEE.
En este sentido, el Episcopado reiteró en una nota la postura mantenida por Camino recientemente diciendo que "nadie que atienda a los imperativos de la recta razón puede aprobar ni dar su voto a ese proyecto de ley". "En particular, los católicos deben recordar que si lo hacen, se ponen a sí mismos públicamente en una situación objetiva de pecado y, mientras dure, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión", añadió.
Asimismo, defendió que la postura de los católicos es la del "sí a la vida de los seres humanos inocentes e indefensos, por el sí a una educación afectivo-sexual, por el sí a la mujer gestante, que ha de ser apoyada en su derecho a la maternidad, y por el sí a leyes justas que favorezcan el bien común y no confundan la injusticia con derecho".
En opinión de Camino, la postura de la Iglesia "no supone ninguna novedad" y agregó que se trata de "recordar la doctrina y el modo de proceder en todo el mundo". Por ello, dijo que resulta "extraña" la sorpresa ante sus palabras.
Además, criticó que la ley que propone el Gobierno, si se aprueba, sería "aún más injusta" que la anterior y defendió que la postura de los obispos ha sido siempre igual "con independencia de la coyuntura política". En este sentido, apeló a un libro en el que se recogen todos los documentos de la CEE sobre este tema desde 1974 hasta 2006.
NOTA DE DOCTRINA DE LA FE
Por otra parte, el Episcopado difundió entre los periodistas una nota con fecha de 2004 del entonces prefecto para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger (hoy Benedicto XVI), donde se defiende que un católico no puede comulgar si apoya el aborto y la eutanasia, pero sí lo puede hacer cuando se muestra partidario de la pena de muerte o la guerra. Según detalla Ratzinger entonces, "no todos los asuntos morales tienen el mismo peso que el aborto y la eutanasia".
En este sentido, Martínez Camino dijo que "todos los pecados son detestables", pero recalcó que "quitar la vida a un ser inocente es un pecado gravísimo". "Unos son de mayor gravedad y otros de menor", añadió.
Finalmente, la Plenaria ha hecho suya la 'Declaración sobre el Anteproyecto de Ley del Aborto' publicada el pasado mes de junio por la Comisión Permanente del Episcopado y recomiendan a los católicos su lectura.
En ella, los obispos españoles exponen sus conclusiones sobre un texto que tildan de "serio retroceso en la protección de la vida" y denuncian, entre otros aspectos, que el proyecto "concibe de un modo perverso la libertad" porque "otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo a los obispos que el pecado "es un concepto que se sitúa en el ámbito de las creencias y no tiene ninguna cabida en el ordenamiento jurídico" después de que reiteraran hoy quien vote a favor de la ley del aborto no podrá comulgar por incurrir en "situación objetiva de pecado".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega reconoció a la Iglesia su derecho a opinar en los debates sociales -en este caso, el del aborto- pero apuntó que "es al Gobierno y a los parlamentos a quienes corresponde aprobar las leyes y desarrollar las políticas.
"Y además el derecho a hacerlo sin injerencias de ningún tipo", añadió la número dos del Gobierno, al tiempo que afirmó que "los obispos saben muy bien que en democracia los poderes públicos y el Parlamento actúan con plena independencia de las confesiones religiosas".
Finalmente, defendió el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que pasó ayer su primer trámite en el Congreso de los Diputados, y de la que dijo que pretende dar más garantías a las mujeres y a los profesionales.
En cualquier caso, dijo que "nadie que no quiera abortar o practicar un aborto está obligado a hacerlo". "Estamos haciendo las cosas como procede y donde procede en democracia", reiteró.
”REPARAR EL DAÑO CAUSADO”
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, recordó que el político católico que vote a favor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) "tendrá que confesarse y rectificar públicamente si quiere volver a comulgar".
"La situación objetiva de pecado se resuelve confesándose y reparando públicamente el daño causado", aclaró Martínez Camino durante la rueda de prensa final de la 94 Asamblea Plenaria de la CEE.
En este sentido, el Episcopado reiteró en una nota la postura mantenida por Camino recientemente diciendo que "nadie que atienda a los imperativos de la recta razón puede aprobar ni dar su voto a ese proyecto de ley". "En particular, los católicos deben recordar que si lo hacen, se ponen a sí mismos públicamente en una situación objetiva de pecado y, mientras dure, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión", añadió.
Asimismo, defendió que la postura de los católicos es la del "sí a la vida de los seres humanos inocentes e indefensos, por el sí a una educación afectivo-sexual, por el sí a la mujer gestante, que ha de ser apoyada en su derecho a la maternidad, y por el sí a leyes justas que favorezcan el bien común y no confundan la injusticia con derecho".
En opinión de Camino, la postura de la Iglesia "no supone ninguna novedad" y agregó que se trata de "recordar la doctrina y el modo de proceder en todo el mundo". Por ello, dijo que resulta "extraña" la sorpresa ante sus palabras.
Además, criticó que la ley que propone el Gobierno, si se aprueba, sería "aún más injusta" que la anterior y defendió que la postura de los obispos ha sido siempre igual "con independencia de la coyuntura política". En este sentido, apeló a un libro en el que se recogen todos los documentos de la CEE sobre este tema desde 1974 hasta 2006.
NOTA DE DOCTRINA DE LA FE
Por otra parte, el Episcopado difundió entre los periodistas una nota con fecha de 2004 del entonces prefecto para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger (hoy Benedicto XVI), donde se defiende que un católico no puede comulgar si apoya el aborto y la eutanasia, pero sí lo puede hacer cuando se muestra partidario de la pena de muerte o la guerra. Según detalla Ratzinger entonces, "no todos los asuntos morales tienen el mismo peso que el aborto y la eutanasia".
En este sentido, Martínez Camino dijo que "todos los pecados son detestables", pero recalcó que "quitar la vida a un ser inocente es un pecado gravísimo". "Unos son de mayor gravedad y otros de menor", añadió.
Finalmente, la Plenaria ha hecho suya la 'Declaración sobre el Anteproyecto de Ley del Aborto' publicada el pasado mes de junio por la Comisión Permanente del Episcopado y recomiendan a los católicos su lectura.
En ella, los obispos españoles exponen sus conclusiones sobre un texto que tildan de "serio retroceso en la protección de la vida" y denuncian, entre otros aspectos, que el proyecto "concibe de un modo perverso la libertad" porque "otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado".
