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jueves 19/5/22

"El Gobierno debe suspender la venta de armas a Marruecos"

Las organizaciones de la campaña 'Armas bajo control' exigen al Gobierno español que clarifique si el armamento vendido al régimen marroquí no está siendo utilizado en el Sahara Occidental para cometer violaciones de derechos humanos. Marruecos es uno de los clientes preferenciales de España en material de defensa.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 16.11.2010

Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, organizaciones que forman parte de la campaña 'Armas bajo control', han pedido al Gobierno español que garantice que el armamento vendido a Marruecos no se está usando en el conflicto del Sahara Occidental para cometer violaciones de derechos humanos.

Durante 2009, España vendió material de defensa al régimen alauita por un valor de 30 millones de euros, 28 millones en vehículos todo terreno, y 1,7 millones en aeronaves; y durante el primer semestre de 2010 las ventas ascendieron a 4,13 millones de euros, 3,4 millones corresponden a un buque, 564.484 euros a cartuchos para escopetas y rifles con cañón de ánima lisa, 110.000 euros a componentes de armas de guerra, 14.814 euros a escopetas y rifles de caza o de tiro deportivo y 6.401 euros a componentes y accesorios de diversos artículos. A esto hay que añadir un total de 50 millones de euros en ventas autorizadas pero que aún no han sido ejecutadas.

Dichas organizaciones muestran su “preocupación” ante la posible utilización de armas españolas en los graves sucesos vividos en los últimos días en el Sahara y dicen no tener garantías de que el ejército marroquí no las esté usando contra el pueblo saharaui como denuncian distintas asociaciones prosaharauis. Jordi Armadans, de Fundación per la pau, asegura que “Marruecos es uno de los clientes preferenciales de España” y que en los dos últimos años la venta de armamento se ha ido incrementando sucesivamente. No es la primera vez que los responsables de la campaña ‘Armas bajo control’ sitúan a Marruecos como uno de los “destinos sensibles” pero el Ejecutivo español insiste en que todas las operaciones realizadas están analizadas al milímetro y que el armamento vendido no está siendo usado por la policía marroquí en su represión al pueblo saharaui.

La Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, aprobada por el Parlamento español en 2007, estipula que se denegarán operaciones de venta de armas a países que vulneren los derechos humanos, recuerda Jordi Armadans, quien cree que “Marruecos ya ha dado indicios previos para que no se realicen esas ventas”. Desde Amnistía Internacional se ha constatado que Marruecos aumentó en 2009 los ataques contra la libertad de expresión, asociación y reunión en relación con cuestiones consideradas sensibles para la seguridad interna y externa del Estado y que intensificó las restricciones impuestas a quienes propugnaban la autodeterminación del Sahara Occidental.

Por todo ello, las organizaciones reclaman que “se suspendan de forma preventiva las ventas autorizadas y todavía no ejecutadas, unos 50 millones de euros en aeronaves, hasta que se investigue de forma independiente y se clarifique la situación”, porque, de ser cierto que dicho material ha sido utilizado para vulnerar derechos humanos el Gobierno del PSOE estaría incumpliendo la propia ley que él mismo impulsó a iniciativa precisamente de estas organizaciones. “Desde la aprobación de la ley estamos siendo muy exigentes para que la exportación de armas no se produzca fuera de la legalidad”, añade Armadans, al tiempo que lamenta la “tibieza” con la que está actuando el Gobierno en la crisis con Marruecos por el conflicto del Sahara.

Para Francisco Yermo, portavoz de Intermón Oxfam es necesario que la Junta Interministerial (el órgano encargado de autorizar o denegar caso por caso las operaciones) tenga una “capacidad más preventiva”. Así lo ha pedido el mismo Congreso de los Diputados en su último dictamen y además con el respaldo del PSOE, recuerda.

“Marruecos es un destino preocupante y cuando hay un agravamiento de un conflicto en el que está en peligro la población civil hay que sacarlo a la luz pública”, dice. En su opinión, el Gobierno español debería, por un lado, hacer un “seguimiento diplomático que ofrezca garantías” y, por otro lado, suspender preventivamente las ventas autorizadas y que no se han realizado todavía en vista de que “la situación es lo suficientemente grave”, insiste.

"El Gobierno debe suspender la venta de armas a Marruecos"
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