La no consecución de los objetivos de venta impuestos por la empresa acarrea expedientes disciplinaros y la no renovación de contratos
La ONCE, como muchas empresas en España, no ha dejado pasar la oportunidad de aprovechar las reformas laborales del PP* en beneficio de sus directivos y en detrimento de sus trabajadores. En su caso, además, es doblemente reprobable dado que se trata de una corporación de derecho público y con fines sociales, lo que le aporta no pocas prebendas principalmente a efectos fiscales, ostentando además el monopolio de la discapacidad en nuestro país.
La precariedad laboral en la Organización Nacional de Ciegos de España refleja una cruda realidad que afecta a miles de discapacitados que trabajan en condiciones inseguras e insalubres. Así lo pone de manifiesto un informe de CCOO que advierte del “grave riesgo para la salud” que suponen las condiciones “absolutamente precarias” a los que se ven sometidos los trabajadores.
La ONCE cuenta con una plantilla de 23.140 personas (el 33% son mujeres), de las cuales 19.600 son vendedores de cupones. De ellos, más de 13.000 sufren un tipo de discapacidad distinta a la ceguera. Las personas ciegas son aproximadamente 6.000. De los 72.000 afiliados que hay en la organización, solamente 6.400 forman parte de la plantilla. La persona con discapacidad no ciega está discriminada ya que no es afiliado, no tiene derecho a voto en las elecciones políticas y por consiguiente tampoco puede ocupar un puesto directivo, un mando intermedio o ser miembro del Consejo General de la entidad.
El canal principal de venta de la ONCE son los vendedores de calle, cerca de 20.000. Su salario medio es de 14.488,32 euros anuales para personal senior, y de 10.302,60 euros para personal junior. Para cobrar ese sueldo tienen que vender un mínimo de 142 euros al día y para verlo incrementado por comisiones de venta 210 euros diarios. Eso para el personal fijo, porque para que alguien de nueva incorporación alcance un contrato indefinido tiene que llegar a los 1.500 euros semanales, es decir, 450 euros más que los fijos y con un 30% menos de sueldo. La no consecución de estos objetivos acarrea expedientes disciplinaros y la no renovación de contratos.
UNAS CONDICIONES “LEONINAS”
#ONCEalDesnudo | Vídeo de FSC-CCOO
La ONCE decide la “zona de influencia” en la que trabaja cada vendedor. Los hay que alcanzan sueldos de 3.000 euros al mes, pero muchos más que no pasan de 700. La entidad no hace distinciones entre unos y otros pese a conocer que no es lo mismo vender en un sitio céntrico, con gran afluencia de público, y de turismo, que en barrios y zonas menos poblados. Esos trabajadores son precisamente los más vulnerables. La presión que supone tener que alcanzar un mínimo de venta hacen que muchos prolonguen sus jornadas laborales, hasta las 10 o 12 horas diarias, y que vendan productos estando de vacaciones, en días festivos, en situación de baja o fuera de jornada. Ello es posible gracias a lo que se conoce como Terminal de Punto de Venta (TPV), un sistema impulsado por la dirección de la empresa que permite al trabajador vender un cupón en cualquier momento del día, las 24 horas y que refleja la fecha y hora de la venta. La Inspección de Trabajo ha constado estas irregularidades permitidas y fomentadas por la dirección de la ONCE que no solo vulneran los derechos laborales, sino que además generan competencia desleal para los trabajadores que sí tienen venta en esos días y que además puedan estar en situación, por su zona de influencia, de “baja rentabilidad”.
En definitiva, unas condiciones laborales “leoninas”, denuncia CCOO, que pone el acento en la “vulneración” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha normativa establece, en su artículo 25, que será el empresario quien garantice de manera específica la protección de los trabajadores “especialmente sensibles a determinados riesgos” (y ahí se encuadran las personas con algún tipo de discapacidad), tanto en el ámbito de la seguridad como de su propia salud. Aunque la ONCE cuenta con un decálogo de seguridad y salud en el trabajo, la empresa se lava las manos en muchos aspectos, según el sindicato, haciendo íntegramente responsables de su seguridad a los propios trabajadores.
Hay que tener en cuenta que, para los casi 20.000 vendedores de calle, solo existen 1.800 kioscos. El resto trabaja a la intemperie con exposición a temperaturas extremas y sin ningún tipo de seguridad pese a llevar encima, en muchas ocasiones, grandes cantidades de dinero, siendo como son especialmente vulnerables a los robos dada su incapacidad. Esto provoca situaciones de riesgo y genera trastornos físicos y psicológicos que deberían valorarse adecuadamente y la valoración de riesgos que hace la empresa es la misma para un trabajador que hace ruta o para el que está en un kiosco, subraya CCOO.
La ONCE se ahorra al año 58 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social
La situación precaria que sufren los trabajadores de la ONCE contrasta con su abultada cifra de beneficios. Los 19.600 vendedores de calle aportaron en 2016 por ingresos de venta de juego 1.782,5 millones de euros, es decir, una media por cada vendedor de 90.000 euros. La entidad se beneficia también de exenciones fiscales y subvenciones de comunidades autónomas y ayuntamientos. Desde 2011, la empresa está exenta del pago a la seguridad social de las cotizaciones sociales de todos los trabajadores con discapacidad (el 88% de la plantilla), lo que supone un ahorro de 58 millones de euros que quedan cubiertos con dinero público.
El Gobierno español es quien supervisa y controla la actividad de la ONCE
El estilo directivo de la ONCE es jerárquico. Solo hay un grupo político, Unión Progresista, que es el que se lleva el 100% de los votos en las elecciones. La entidad está regida por el Consejo de Protectorado, en el que participan los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Empleo y Seguridad Social, Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, e Interior, así como una amplia representación de la propia ONCE. La presidenta es la actual ministra de Sanidad, Dolors Monserrat. Es decir, es el Gobierno español quien supervisa y controla la actividad de la ONCE.
La dirección de la entidad está integrada por un Consejo General (11 miembros) y una Dirección General (15 miembros) a nivel estatal y por cada comunidad autónoma, cerca de 500 miembros en total. La mayoría alrededor de 4.000 euros al mes y su presidente, según apuntan algunas informaciones, Miguel Carballeda, estaría embolsándose cerca de 300.000 euros al año.
*CCOO recuerda que la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 2012 flexibilizó el mercado laboral y puso su énfasis en devaluar el papel de los sindicatos de clase en la negociación colectiva
