El fiscal llegó a justificar su petición de prisión preventiva afirmando que UGT les iba a ayudar a fugarse
Les conocen como “los dos de la Plaza Lealtad”, por ser allí, en las inmediaciones del hotel Ritz, donde ocurrieron los hechos. Era el 29 de marzo de 2012 y Rubén Ranz y José Manuel Nogales participaban en los piquetes informativos de la huelga general, la primera huelga contra el Gobierno de Rajoy tras la aprobación de la reforma laboral. La carga policial posterior acabó con la detención de los dos sindicalistas de UGT que este miércoles, 21 de junio, se someterán a juicio en Madrid. La Fiscalía pide 7 años de cárcel para cada uno y una multa de 7.500 euros.
UNA CAUSA "EJEMPLARIZANTE", SEGÚN EL FISCAL
Rubén y José Manuel estuvieron dos días detenidos, tuvieron que esperar 48 horas para testificar ante el juez. La carga policial en la que se vieron envueltos les ocasionó lesiones, pero el parte no fue realizado por el médico forense hasta pasadas 24 horas. La fiscalía pidió prisión preventiva al prever que las penas iban a ser superiores a dos años. Según nos relata Rubén, en declaraciones a este periódico, el fiscal argumentó para solicitar esta medida extrema que la causa “tenía que ser ejemplarizante” y que UGT “les iba a ayudar a fugarse”. El juez lo desestimó al entender que las medidas planteadas por la fiscalía eran “desproporcionadas”.
Desde 2012, 300 sindicalistas han sido encausados por coacciones en aplicación de los artículos 315.3 y 172 del Código Penal. Cien de ellos siguen en estos momentos a la espera de juicio. Del resto algunos han sido absueltos como ‘los 8 de Airbus’ o el caso del portavoz del Comité de empresa de Casbega de Fuenlabrada (Coca Cola), Juan Carlos Asenjo. Otros han sido condenados y esperan respuesta de su petición de indulto. Por aquel entonces, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid era Manuel Moix, que dimitió recientemente como fiscal Anticorrupción tras conocerse que posee desde 2012 el 25% de una sociedad offshore en Panamá, entre otras polémicas que han rodeado la carrera profesional de este fiscal considerado por muchos como un ariete del Gobierno.
Acto en el Ayuntamiento de Leganés donde se aprobó una moción de apoyo a Rubén y José Manuel, 'los dos de la Lealtad'.
LOS PIQUETES NO SON ILEGALES
Rubén y José Manuel han tenido que esperar cinco años para poder defenderse ante un juez. Ambos están acusados de “atentado contra la autoridad” y “contra el derecho a los trabajadores. En el caso del primero se le responsabiliza de la lesión de la mano de un policía; al segundo de ser el líder del piquete informativo, una acusación que -según explica Rubén- deja claro la “interpretación alegal” que hace el fiscal, que apunta la ilegalidad del propio piquete cuando este se ejerce bajo el derecho fundamental (que reconoce el artículo 28 de la Constitución) del derecho de huelga. En este sentido, UGT recuerda que “los piquetes han sido siempre y son herramientas para informar de los motivos de la convocatoria de huelga y para facilitar que los trabajadores que quieren secundar la huelga puedan hacerlo frente a las amenazas y coacciones que reciben en sus empresas”.
La policía que cargó a nuestras espaldas sin previo aviso y sin intentar mediar
Ambos se declaran inocentes: “Fue una carga desproporcionada por parte de la policía que cargó a nuestras espaldas sin previo aviso y sin intentar mediar”, nos cuenta Rubén. Tanto UGT como CCOO llevan tiempo exigiendo la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y denunciando las “desproporcionadas” penas impuestas.
ACCIÓN MUNDIAL DE SOLIDARIDAD
Las muestras de solidaridad hacia estos dos sindicalistas se van sucediendo en los días previos al juicio. Este lunes, han participado en un acto de apoyo en Santander y este martes se celebrará otro acto en el Espacio mercado de GETAFE, en el que participarán el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y otros dirigentes como Luis Miguel López Reillo, José María Cilleros, Antonio Oviedo, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Según ha podido saber este periódico, 60 organizaciones sindicales de todo el mundo, entre ellas la Confederación Europea de Sindicatos (CES) han remitido cartas al Fiscal General del Estado para que retire los cargos a los sindicalistas encausados; a los Grupos Parlamentarios; y al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que ordene a la Fiscalía no aplicar este artículo que data de la época franquista y del que nos ilustra en un artículo Antonio Baylos.
